16/10/2016 |
Por Mario López M.
La reciente imputación judicial a la compañía pesquera por soborno a parlamentarios representa un avance en dirección a esclarecer el turbio contubernio entre empresas y políticos a la hora de definir cuestiones de Estado.
Si incluso llegara a disolverse la empresa de Angelini -como sanción máxima-, sigue sin atacarse el problema de fondo: la ley que permitió adjudicar a siete familias la riqueza del mar. Tampoco han caído todos los responsables.
De acuerdo con lo expuesto en la audiencia de formalización de Corpesca, la empresa habría contactado a legisladorespara que estuvieran a disposición de sus ejecutivos y representaran los intereses de la pesquera en el Congreso. Lo anterior a cambio de beneficios económicos, infringiendo de esta manera los deberes propios de su cargo.
Entre otros delitos, habría cometido soborno de funcionarios públicos y, de ser condenada, arriesga su disolución.
La audiencia del pasado 3 de octubre ante el 4° Juzgado de Garantía solo abarca los ilícitos entre 2009 y 2013, a pesar que los persecutores sostienen que existieron pagos ilegales con anterioridad a esa fecha, pero se trata de un periodo que no se puede perseguir, pues entonces no estaba promulgadala Ley 20.393 que determina la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Los parlamentarios Marta Isasi exdiputada y Jaime Orpis, senador desaforado-ambos militantes UDI al momento de los hechos-, habrían recibido $55 millones y $176 millones respectivamente, desde enero de 2010 hasta 2013. Según el Ministerio Público, Corpesca como persona jurídica no adoptó los protocolos para evitar el delito de soborno cometido por el entonces gerente Francisco Mujica en los casos de los parlamentarios que cometieron cohecho. Desde la compañía se niega rotundamente haber incurrido en las acciones ilícitas que se le imputan.
No es cualquier delito
La Ley 20.393 permite formalizar a una empresa invocando tres causales específicas. Una es el cohecho, otra el lavado de activos y la última, el financiamiento de actividades terroristas. Además, los directivos de la empresa que se formalizará deben, a su vez, haber sido formalizados por alguno de esos mismos delitos. En el caso Corpesca concurre la causal de soborno, cometido por Mujica, y cohecho por Isasi y Orpis, los entonces funcionarios públicos.
El abogado querellante en la causa, Mauricio Daza, explicó aCambio21que "la ley no solo establece una responsabilidad penal en contra de los dueños, controladores y administradores de una empresa que han cometido delitos en el contexto en su gestión en personas jurídicas, empresas o grupos económicos, sino que también sanciona a estas empresas con penas que van desde la aplicación de multas hasta su disolución". Ello es lo que se persigue en esta causa, a cargo de los fiscales Julio Contardo y Ximena Chong.
Según el fiscal Contardo, "estaba dentro de las pretensiones del Ministerio Público formalizar a la empresa Corpesca S.A por su responsabilidad en los ilícitos", ratificando de paso que otras sanciones que arriesga está "la pérdida de determinados beneficios o la imposibilidad de celebrar contratos con el Estado. Eso va a depender de la imputación que se haga en el libelo acusatorio", afirmó.
El "todo vale" de Orpis
Contra el desaforado senador Orpis pesan además los cargos de fraude al fisco y delitos tributarios, y está pendiente su eventual formalización por lavado de activos, por los dineros recibidos mediante sus corporaciones.De acuerdo con lo expresado por la Fiscalía, entre 2009 y 2013 habría recibido un total de $233 millones de parte de la firma (solo fueron considerados $176 millones), los que habrían sido divididos en pagos mensuales que bordeaban los $4 millones, autorizados por el entonces gerente general de la empresa, Francisco Mujica, quien también se encuentra imputado en la causa.
Desde luego los $176 millones pagados a Orpis y que sirvieron de base a la formalización de Corpesca son solo un aspecto menor en relación con los dineros recibidos por él durante la tramitación de la Ley de Pesca. Existen otrosingresos,a través de sus corporaciones, entre ellas La Esperanza, a la que habría usado, más allá de su giro, para beneficio propio.
El exparlamentario de la UDI, justificó además esos dineros mediante boletas ideológicamente falsas obtenidas de profesionales cercanos a él -Alexis Ramírez, Carolina Gacitúa, y Marcelo Ramírez-, por servicios jurídicos, de arquitectura y asesorías que jamás fueron realizados. Se trata de la facilitación de 76 boletas de honorarios truchas a Corpesca, las que fueron incorporadas en los registros contables de la pesquera reconocidos como gastos, rebajando así los impuestos de la compañía. Los que prestaron la boleta se llevaron el consabido 10% de devolución de impuestos, defraudando al fisco.
El vaso medio lleno
"Sustraer dinero del fisco es delito, entregar facturas falsas es delito, pedir dinero a una empresa y no abstenerse de votar cuando involucra a esa empresa es delito, estos no son simples errores. Los delitos de corrupción son delitos graves en el ámbito social", ha señalado la fiscal Ximena Chong, en lo que se puede interpretar como una advertencia directa a la clase política, algunos de cuyos miembros se han tentado recurriendo al dinero fácil que ofrecen mecenas quienes terminan pasándoles la cuenta.
También es un mensaje claro a los empresarios, pues tal como señala el abogado Enrique Aldunate a Cambio21: "Las empresas están obligadas por la ley a mantener mecanismos que eviten la ocurrencia de estos delitos y si ellas no cuentan con tales mecanismos o modelos de prevención o estos no se aplican, obviamente esa omisión es suficiente para la ley para poder atribuirle responsabilidad por no haber adoptado los mecanismos que hubiesen impedido la comisión de estos ilícitos al interior de la empresa".
El vaso medio vacío
A pesar de haber sido citado a declarar y que la ley faculta formalizar a dueños de las empresas que cometieron soborno, no compareció el controlador directo del holding, Roberto Angelini.
Además, se encuentra en trámite una querella criminal por cohecho que involucra a toda la Comisión de Pesca del Senado durante la tramitación de la Ley de Pesca. Esta, que aún no tiene formalizados, fue interpuesta el 22 de abril de 2015 y se funda en el pago de $500 millones, bajo la figura de "gastos reservados", que Corpesca habría realizado a los senadores miembros de la comisión, que aprobaron la Ley Longueira. La acción judicial alcanza a Fulvio Rossi, Antonio Horvath y Carlos Bianchi, entre otros.
El que se formalice a la empresa no implica de modo alguno que se toque la Ley de Pesca o Ley Longueira, la que sigue -y al parecer seguirá- rigiendo a pesar de estar absolutamente cuestionada su ilegitimidad e ilegalidad de origen, fruto del soborno, de acuerdo con expresado en las audiencias de formalización.
Orpis, el adalid del cohecho
La particular situación del hoy alicaído senador Orpis -aquejado de enfermedades que sirvieron a su defensa para obtener rebaja de cautelares y pasar de prisión preventivaa arresto domiciliario total y arraigo-, no es la del político sorprendido financiando su campaña o liderando corporaciones de ayuda social con las que mejoraba su imagen.
Al formalizarlo, la persecutora Ximena Chong lo acusó de haber usado los millonarios sobornos recibidos de Corpesca en beneficio personal, citando el pago de contribuciones en una casa de su propiedad y de su membresía en el club de yates de Frutillar, entre otras. No solo eso, pues si bien es el gestor de la Corporación La Esperanza en que se atiende a personas en condición de drogas, utilizó esa entidad de beneficencia para entregar estudios que, o jamás se efectuaron o se utilizaron solo para justificar los dineros pasados bajo cuerda, pues Corpesca nada tiene que ver con la naturaleza de esos informes, como lo reconocieron ante la fiscalía los mismos ejecutivos de la pesquera.
Corporación Esperanza,en realidad, aparece como intermediaria para obtener dineros que fueron desviados hacia el bolsillo del parlamentario. Las "donaciones" se pedían contra informes de drogas. Están en la mira judicial no solo dineros que provienen de Corpesca, sino que además de una empresa telefónica e incluso de contratos que incluyen inmuebles entregados gratuitamente por un Intendente de Piñera, obtenido mediante tráfico de influencias, según las denuncias.
Viviana Quiroz, jefa de Gabinete del senador señaló a la fiscalía: "Se le pidió plata a Corpesca para varias campañas (...) La Corporación tiene una OTEC y de ahí sacan parte de sus recursos. Otros montos se obtienen del Senda y también se reciben aportes de empresas y personas naturales. Yo sé que Corpesca siempre hizo aportes a la Corporación, no sé desde cuándo ni cuánto", confesó. Ello fue ratificado por Francisco Mujica, quien en sus declaraciones judiciales reconoció que el senador gremialista pidió a la pesquera de Angelini fijar un aporte anual a su Corporación.
Y la Ley de Pesca ¿cuándo?
La querella del Consejo de Defensa del Estado en contra del desaforado senador Jaime Orpis da luces en el caso del cohecho para obtener la Ley de Pesca: "Lo anterior, a fin de concretar, asegurar, proteger y beneficiar los intereses de particulares en la tramitación de la mencionada ley concurriendo con su voto y gestión a la aprobación de la misma, sin declarar que a la época de su tramitación y votación recibía periódicamente sumas de dinero de la empresa Corpesca mediante el mecanismo antes descrito", establece el libelo.
La Ley de Pesca fue patrocinada por el gobierno de Sebastián Piñera y su ministro de Economía Pablo Longueira. Ella construyó un marco normativo para la actividad que benefició a unos cuantos grupos económicos con licencias cuasi perpetuas y transables, que prácticamente han concentrado la totalidad de la capacidad de captura industrial en el país, sin pagar nada, debiendo haber cancelado al Estado un mínimo de 900 millones de dólares anuales. Las pesqueras de las siete familias -Angelini, Lecaros, Yaconi-Santa Cruz, Sarquis, Stengel, Fernández e Izquierdo- solo aportan 0,4% al PIB, siendo que este sector es uno de los más ricos del país.
La cuestionada legislaciónopera mediante la profundización del proceso de fusiones corporativas y de concentración económica y, a través del sistema de entrega gratuita de licencias indefinidas y cuotas individuales plenamente transables -las cuales pueden vender, arrendar, comprar, hipotecar, dejar en garantía, e incluso heredarlas-, el cartel de la pesca industrial en Chile ya controla el 94% de las cuotas de pesca.
Las licencias, entregadas graciosamente por 20 años, son renovables contra la sola voluntad del beneficiado, en un negocio que genera anualmente más de tres mil millones de dólares a partir de la extracción y comercialización de los recursos del mar nacional y que, por ende, son de todos los chilenos. La norma derogó el antiguo artículo primero, que establecía que los recursos marítimos eran de todos los chilenos.
"Afecta el precio del pescado"
Para Hernán Machuca, presidente de la Confederación Nacional por la Defensa del Patrimonio de la Pesca de Chile (Condepp), "la Ley Longueira es el niño símbolo de la corrupción, el cohecho y el soborno en nuestro país. Tanto por lo que pasó con la exdiputada Marta Isasi, que está acreditado, como por el reconocimiento que hace el senador Jaime Orpis de haber recibido dinero por parte de la industria pesquera y, por último, por los dineros que se entregaron a los parlamentarios de la Comisión de Pesca del Senado (500 millones de pesos) que se está investigando", afirmó a Cambio21.
"Con esta ley, a los pescadores artesanales les prohibieron pescar y a los chilenos y chilenas les prohibieron comer pescados de nuestro litoral por los precios abusivos, pues los pescadores artesanales producimos para el consumo humano y no generamos harina de pescado, como las grandes industrias, para alimentar cerdos, pollos y salmones. A la gente le afecta en el precio del pescado, porque cuando no hay nuevos actores que entren al mercado, existe una concentración, las empresas pesqueras se coluden para pagar a los pescadores. Quieren administrar el patrimonio de Chile para alimentar pollos, salmones y chanchos y no para el consumo humano y, por lo tanto, la gente cuando va al supermercado, la feria o al mercado, encuentra que los recursos del mar cuestan mucho y optan por comprar pollo que es más barato", enfatiza el dirigente.
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