La ministra en visita extra ordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, condenó al coronel en retiro de Carabineros Nelson Iván Bravo Espinoza, por si responsabilidad en los delitos de secuestro simple y homicidio calificado de Luis Díaz Manríquez. Ilícitos perpetrados en septiembre de 1973, en la comuna de Paine.
En el fallo (causa rol 4-2002 G), la ministra en visita condenó al exoficial de la policía uniformada a las penas efectivas de 5 años y un día de presidio, en calidad de cómplice del delito de homicidio calificado, y de 3 años de presidio, como autor del delito de secuestro simple.
En la etapa de investigación, la ministra Cifuentes logró establecer los siguientes hechos:
1° Que, el día 27 de septiembre de 1973, tras tomar conocimiento de un requerimiento en su contra, Luis Alberto Díaz Manríquez se presentó voluntariamente en la Subcomisaría de Paine, unidad policial que, a la fecha, se encontraba a cargo del Capitán Nelson Iván Bravo Espinoza.
2° Que, en la referida unidad policial, se mantuvo a Díaz Manríquez, encerrado, sin derecho.
3° Que, posteriormente, en lugar de ser puesto a disposición de la autoridad administrativa o judicial competente, Luis Díaz Manríquez fue trasladado al campamento de prisioneros que la Escuela de Infantería de San Bernardo mantenía al interior del Cerro Chena, sitio en que fue ejecutado.
1° Que, el día 27 de septiembre de 1973, tras tomar conocimiento de un requerimiento en su contra, Luis Alberto Díaz Manríquez se presentó voluntariamente en la Subcomisaría de Paine, unidad policial que, a la fecha, se encontraba a cargo del Capitán Nelson Iván Bravo Espinoza.
2° Que, en la referida unidad policial, se mantuvo a Díaz Manríquez, encerrado, sin derecho.
3° Que, posteriormente, en lugar de ser puesto a disposición de la autoridad administrativa o judicial competente, Luis Díaz Manríquez fue trasladado al campamento de prisioneros que la Escuela de Infantería de San Bernardo mantenía al interior del Cerro Chena, sitio en que fue ejecutado.
En el aspecto civil, el fallo condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $430.000.000 (cuatrocientos treinta millones de pesos) a familiares de la víctima.
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