Autor: Jorge Morín y Carlos Reyes
Bienes Nacionales decretó la entrega de dos terrenos a la institución castrense para fines militares. La comunidad local, en tanto, dice que son predios “ancestrales”.
El traspaso de dos terrenos, que en conjunto suman más de ocho mil hectáreas, tienen en alerta a los habitantes de Socoroma, localidad ubicada a 125 km de Arica y 30 km de Putre, y a más de tres mil metros de altura.
Todo comenzó el pasado 5 de julio, cuando el Ministerio de Bienes Nacionales emitió el decreto exento N° 215, destinando dos lotes ubicados en Pampa Campanani, cerca de la Ruta A-145, al Ejército. Uno de los terrenos cedidos tiene 5.704,16 hectáreas y el otro, 3.007,20 ha, los cuales serían utilizados para el entrenamiento y la instrucción de la VI División de la institución castrense.
Esta medida es rechazada por los habitantes de Socoroma y los municipios locales, quienes comenzaron a exteriorizar su malestar con movilizaciones en las calles y una campaña para reunir firmas. ¿El objetivo? Enviar una petición a la Presidenta Michelle Bachelet para que derogue el decreto de entrega de los predios en cuestión.
La razón del enojo de los lugareños es explicada por Richard Fernández, residente de Socoroma y líder de la Coordinadora Aimara por la Defensa de los Recursos Naturales de Arica y Parinacota. Según contó, esos predios cedidos por Bienes Nacionales serían ricos en vestigios arqueológicos, como apachetas o rutas troperas.
“Nosotros queremos una explicación de por qué se tomó esa resolución administrativa, que a nuestro juicio vulnera nuestros derechos patrimoniales. Lamentablemente, la autoridad no ha dado señales de generar un proceso de diálogo con todos los afectados”, señaló Fernández.
“Nosotros queremos una explicación de por qué se tomó esa resolución administrativa, que a nuestro juicio vulnera nuestros derechos patrimoniales. Lamentablemente, la autoridad no ha dado señales de generar un proceso de diálogo con todos los afectados”, señaló Fernández.
Heraclia Tito Ortiz, socia y fundadora de la Coordinadora de Mujeres de Pueblos Originarios, también mostró su preocupación frente al tema, especialmente por la posible afectación de los terrenos. “Hay que entender que ahí tenemos nidos de cóndores y vestigios arqueológicos. Es una tierra rica en tesoros indígenas. No es justo que la usen de esta manera”, reclamó.
El asunto, incluso, llegó las municipalidades. Hace unas semanas, los municipios de Arica y Putre decidieron enviar un oficio en conjunto a Bienes Nacionales, solicitando una reunión urgente con la titular de la cartera, Nivia Palma (ver recuadro).
Acta de Chena
La destinación de los terrenos se enmarca dentro del acuerdo denominado Acta de Chena IV, del 25 de octubre de 2016, entre los ministerios de Defensa, Bienes Nacionales y el Ejército de Chile, el cual ha permitido traspasar inmuebles fiscales a dicha rama de las FF.AA. para ayudar al cumplimiento de sus fines, y también en sentido contrario, de la institución militar hacia la sociedad civil, para uso de la comunidad.
Desde Bienes Nacionales indicaron a La Tercera que al momento de realizar los estudios correspondientes en los terrenos en disputa “no existía antecedente alguno respecto de que hubiese sitios arqueológicos, demandas indígenas ni ocupaciones ancestrales”.
Se agregó que dichos “antecedentes fueron conocidos por Bienes Nacionales el 17 de octubre de 2017, es decir, un año después del acuerdo Acta de Chena IV”.
Se expuso que a través del acta de Chena IV, el ministerio ha recibido 41 inmuebles de parte del ente castrense a nivel nacional, sumando más de 168 mil hectáreas. Por ejemplo, esta cartera obtuvo 86,7 hectáreas en Osorno, las que fueron destinadas al Serviu, para un proyecto habitacional de 2.500 viviendas, con cerca de 10 mil personas beneficiarias.
Respuesta del Ejército
En el Ejército, en tanto, se informó que “en cumplimiento a lo dispuesto por el Ministerio de Bienes Nacionales, se requirió de terrenos para instrucción y entrenamiento de sus unidades a lo largo del país, existiendo tal necesidad en la VI División del Ejército (Iquique y Arica)”.
La institución explicó que “el Acta de Chena IV es un protocolo de acuerdo, cuyo propósito final es promover los intereses generales del país y la concreción de políticas públicas que favorezcan el desarrollo de vastos sectores de la población”.
Respecto del reclamo de algunas comunidades de la zona, en relación a la presencia de vestigios ancestrales en los terrenos entregados, se indicó que no contaban con dichos antecedentes. “Durante los estudios para la destinación del inmueble al Ejército, no se tenía con antecedentes relativos a lo que se plantea”, señalaron.
“Un equipo de trabajo de los ministerios de Defensa y Bienes Nacionales, y del Ejército, buscaron terrenos en la zona donde se encuentra Quebrada Campanani, desechándose algunos por su cercanía a los parques nacionales o zonas con algún tipo de restricción medioambiental, fijándose finalmente como la mejor solución la destinada”, se dijo.
También se explicó que el 17 de octubre pasado, el director de Bibliotecas, Archivos y Museos, y vicepresidente ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, ofició a Defensa y a Bienes Nacionales solicitando evitar acciones de entrenamiento e instrucción militar que afecten a sitios arqueológicos presentes en el área destinada de Quebrada Campanani, y solicitó realizar una inspección visual exhaustiva al terreno.
“El Ejército, por intermedio de sus autoridades en la zona, ha manifestado a los diferentes niveles del gobierno regional y comunal su absoluta voluntad para trabajar en conjunto con las agrupaciones de Socoroma y Putre, como también de los organismos técnicos respectivos, para demarcar en terreno estos sitios arqueológicos a preservar, de forma de no afectarlos con acciones de entrenamiento militar, transformándose en sus custodios y preservándolos en el tiempo”, explicó la institución.
Por ahora, la situación de los terrenos en Socoroma permanece en estudio.
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