- 10 noviembre 2017
Después de los comentarios emitidos por el ministro de Justicia, las criticas sobre la falta de decisión sobre el cierre del penal Punta Peuco renacieron. Los últimos meses de la administración Bachelet serán cruciales sobre el futuro de la cárcel que reúne a los violadores de derechos humanos.
La situación, nuevamente, vuelve a ser complicada en materia del penal Punta Peuco. Y todo por los comentarios hechos por el ministro de Justicia, Jaime Campos.
Consultada dicha autoridad sobre el posible cierre del recinto penitenciario aseguró: “¿Alguien ha escuchado a la Presidenta de la República decir: ‘Voy a cerrar Punta Peuco’? ¿Lo ha escuchado alguien? Yo no lo he escuchado, todo lo demás han sido interpretaciones de ustedes (los periodistas) o de otras personas”.
Este comentario reabrió la discusión sobre el posible cierre del penal, y esto tomando en consideración que quedan pocos meses de gobierno, y que en el grueso del tiempo la elección presidencial tendrá la atención total.
El posible cierre
Para reafirmar la intención desde la presidencia de cerrar el penal, Carmen Gloria Quintana envió una carta desde Canadá donde recalcó que “es un hecho de conocimiento público que tuve una reunión con la Presidenta de la República. Después de dicha reunión, a los pocos minutos hice un punto de prensa en el mismo palacio de La Moneda, en la que hice público lo que me manifestara la Presidenta respecto a su deseo de cerrar el penal de Punta Peuco”.
Al referirse al ministro de Justicia recordó que “fue opositor del gobierno de Salvador Allende y recibió como dirigente universitario a Pinochet en una de sus primeras visitas a la Región (del Biobío) en 1974. Lo que explica su visión y proceder en las causas de los DD.HH.”.
Desde el gobierno salieron a poner paños fríos en la situación, siendo la portavoz de La Moneda, Paula Narváez, la encargada. “No hay ninguna novedad en las palabras del ministro Campos, más bien responden a un estilo particular que tiene él de comunicar”, dijo escuetamente.
“Nosotros en esto no tenemos ninguna variación a lo que yo ya he dicho previamente. Es un tema que se está trabajando se está evaluando, y en el momento en que exista una decisión al respecto será informada oportunamente“, acotó sobre el posible cierre del penal.
¿Qué se debería hacer?
El abogado de Derechos Humanos Héctor Salazar iría contra la corriente. “Personalmente no podría indicar las razones de la postergación de cierre, pero yo pienso que Punta Peuco es un penal como cualquier otro así que no veo razón para cerrarlo, salvo la razón de tomar un endurecimiento de las condenas de las personas condenadas por abusos a los derechos humanos que se encuentran en ese lugar”, explica el abogado.
Al mismo tiempo indica que no existen mayores regalías ni comodidades en Punta Peuco, “no así como lo era en el penal Cordillera, que sí era algo diferente”, comenta.
Sobre la vida en el penal, Salazar indica que las diferencias al interior del penal las estructuran los mismos internos, de modo que no aprecia razones de peso para cerrar el penal.
Para el Teniente Coronel de Gendarmería, Alberto Figueroa, la situación del penal y su postergado cierre, responde a “una falta de una toma de decisión política frente a una situación, pues este hecho ha puesto en tela de juicio a este gobierno y que el gobierno anterior, siendo de derecha, tuvo la suficiente capacidad de tomar la decisión de cerrar el penal Cordillera. Este gobierno debe, de una vez por todas, tomar una determinación frente a la situación. A faltado simplemente una falta de decisión nada más”, comenta Figueroa.
Al referirse a un posible cambio de los internos a una cárcel común, observa dificultades puesto que “los internos de Punta Peuco estarían constantemente expuestos. Lamentablemente gendarmería no tiene el personal suficiente para resguardar a esa cantidad de internos”, comentó.
Para el candidato presidencial y miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Alejandro Navarro, “es necesario zanjar en el gobierno de la Presidenta Bachelet este tema, sobre todo, considerando su calidad de exprisionera política y de hija de un general asesinado por la dictadura militar”, dijo Navarro.
Sobre el ministro Campos, Navarro exigió más responsabilidad: “Es inaceptable que ponga en duda la palabra de Carmen Gloria Quintana, empatizando más con los violadores de Derechos Humanos que con las víctimas que claman justicia”, afirmó.
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