Ante la solicitud de la Fiscalía de no perseverar en la investigación y 32 meses después de su muerte, la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), en compañía de familiares del fallecido unionino Nelson Quichillao López, siguen buscando justicia por su asesinato. El minero de 47 años fue abatido por un carabinero durante la madrugada del 24 de julio del 2015 en la división de El Salvador de Codelco, mientras junto a sus compañeros se manifestaban por mejoras en sus condiciones laborales.
Cabe recordar que Quichillao murió en el lugar tras una serie de intervenciones por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros, quienes utilizaron bombas lacrimógenas, granadas y armas de fuego para disuadir la pacífica resistencia interpuesta por los mineros, huelga declarada en todas las divisiones de Codelco ante la negativa de renegociar el Acuerdo Marco.
“Llegaremos hasta las últimas instancias”
NELSON QUICHILLAO
Manuel Ahumada, presidente de la CTC, manifestó que “hay una sensación de impotencia porque la Fiscalía tiene la facultad de decidir si formalizar (a los responsables) o no, cuando esas definiciones debería tomarlas un tribunal y un juez competente”. En ese sentido, agregó que “si es que tenemos que llegar a las últimas instancias lo vamos a hacer, y así está comprometida la organización en su conjunto”.
Un mes después de la muerte de Nelson Quichillao, la CTC presentó una querella criminal por el asesinato del unionino en el Juzgado de Garantía de Diego de Almagro. Junto a la organización de trabajadores, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) también interpuso una acción legal por el homicidio.
En tanto, en diciembre de 2015, la CTC presentó una queja sobre el Estado de Chile ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el objetivo de denunciar la violación a la libertad sindical en el país, contexto en el cual fue abatido Quichillao. Y en febrero de 2016 solicitó a la Fiscalía Regional de Atacama la inhabilitación de Julio Artigas, persecutor de la comuna de Diego de Almagro, denunciando irregularidades en el caso, exponiendo antecedentes que -a juicio de la organización- evidenciaban que Artigas protegió los intereses de Codelco en el caso.
MARCO GUERRERO
El sargento Guerrero
Quien también ha estado cercano al caso y se ha pronunciado al respecto es el diputado Jorge Brito (RD), quien ha vuelto a insistir en un antecedente que maneja y que ha denunciado públicamente. Se trata del uniformado que ha sido sindicado como autor del asesinato de Nelson Quichillao, el sargento segundo Marco Guerrero Martínez.
“En 2013, en mi época de dirigente estudiantil, sufrí una ‘pateadura’ por parte del mismo carabinero que asesinó a Nelson Quichillao. Terminé con una contusión testicular y escrotal, siete puntos en el mentón y un daño en la columna”, recuerda el ahora parlamentario.
El congresista agregó que su caso lleva cinco años en la Justicia Militar, hecho que -cree- “es la muestra más clara de cómo opera la impunidad en nuestro país”. En ese sentido, señala que han hecho un llamado al General Director de Carabineros, Hermes Soto, “para que revise la situación de Marco Guerrero, quien incluso ha sido ascendido en el último tiempo”, advierte Brito.
Finalmente, el hermano del minero, Sergio Quichillao, señaló que “esto no puede quedar impune. Esta investigación debe seguir adelante por la sencilla razón de que hay un crimen, donde una bala mató a mi hermano Nelson. La Fiscalía dejó el caso botado”.
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