El sketch del programa satírico “Plan Z” se llama “Vuestros nombres, valientes soldados”, y muestra a un Salvador Allende de caricatura, riendo a carcajadas mientras lanza billetes al aire, empina una botella de whiskey y humilla a un humilde soldado, Augusto Pinochet, todo esto al grito de “¡el socialismo es lo mejor!”.
En 1997, los prohombres del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) sancionaron la sátira por “atentar contra la dignidad” de Allende.
Por esa época yo era estudiante de periodismo y entrevisté a uno de los consejeros que había aprobado la sanción: Gonzalo Figueroa, radical, ex editor de Cauce, medio censurado por la dictadura de Pinochet. ¿Cómo se explicaba que él castigara lo que evidentemente era una parodia, no contra Allende, sino contra la “versión oficial” del golpe? ¿Una que, para mayor abundamiento, se anunciaba como “realizada por los mismos productores de ‘Hitler tenía razón`”?
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-Es que yo no entendí que fuera un chiste- me contestó Figueroa.
-¿O sea que la sanción depende de si usted entiende o no el chiste?- le pregunté.
Figueroa tomó aire, lo meditó unos segundos y me contestó: “Exactamente”.
Recordé esa repuesta esta semana, cuando los diputados de la Comisión de Derechos Humanos aprobaron el proyecto que sanciona a quien justifique, apruebe o niegue los crímenes de la dictadura.
El proyecto tomó vuelo con el revival pinochetista que incluyó la ovación a un discurso pro-Pinochet en el consejo de RNy la insólita definición de La Moneda según la cual la idealización de un genocida es “parte de la diversidad”.
Pero cuidado: la sanción política y social que debería recibir el coqueteo con los dictadores es una cosa. Otra, es poner el aparato represivo del Estado al servicio de ella.
En otras palabras: cuidado con el censor, especialmente con el que tiene buenas intenciones.
El primer problema es qué sancionar: algunos países europeos, como Alemania y Bélgica, criminalizan la negación del Holocausto. Otros como España lo extienden a cualquier crimen contra la Humanidad. En Francia hubo enorme debate sobre la penalización del negacionismo del genocidio armenio. ¿En Chile, deberíamos legislar sólo sobre los crímenes de Pinochet, o, usando análogo razonamiento, extenderlo a las brutalidades de Castro, Stalin o Hitler?
En Estados Unidos, en cambio, la Primera Enmienda defiende casi irrestrictamente la libertad de expresión. Es así como la influyente Asociación por los Derechos Civiles, ACLU, que defiende a inmigrantes y minorías raciales y sexuales, también ampara el derecho a manifestarse de sus peores enemigos, como el Ku Klux Klan. “Tolerar los discursos de odio es la mejor protección que tenemos en este país contra cualquier régimen de tipo nazi”, dice a BBC el experto de la ACLU Chris Hampton.
Es que las leyes sobre negacionismo tienen un peligroso doble filo: permiten a los enemigos de la democracia disfrazarse como defensores de la libertad de expresión. Así lo hemos visto esta semana, con la propaganda de grupos pinochetistas contra lo que llaman “ley mordaza”. La misma estrategia de victimización que usó Hitler cuando fue censurado en los años 20 en Alemania.
Estas normas también requieren de un sentido común del que los censores suelen carecer. Para ser vendido en Alemania, el videojuego “Wolfenstein II: The New Colossus” debió remover las banderas con esvásticas e incluso quitarle el bigote a la imagen de Hitler. Cosa parecida ocurrió, antes de una reciente reforma, con juegos como “Indiana Jones y la Última Cruzada”.
Como advierte el profesor de derecho de la Universidad de Stanford Michael Mc. Connell, “siempre son las personas que tienen el poder las que deciden qué entra en la categoría” de lo que no puede ser expresado.
¿En verdad queremos dar más herramientas al poder para supervisar qué se puede y qué no se puede decir en Chile? Hace sólo unos meses, un joven fue citado a Fiscalía y su teléfono incautado, todo por publicar una broma sobre la vocera de Gobierno que fue interpretada como “amenaza”. El creador de una cuenta parodia sobre los Luksic fue investigado y formalizado por “usurpación de identidad”.
Se dirá que el proyecto sobre negacionimo no pretende afectar la sátira ni la creación cultural. Tampoco se pretende ello al tipificar delitos de amenazas, suplantación de identidad, injurias ni calumnias. Pero todos estos casos tienen algo en común: que el ciudadano hizo un chiste y el poder se lo tomó en serio.
Y si hay algo realmente escalofriante, es depender del sentido de humor de un censor.
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