La justicia española amplió los cargos contra siete agentes de la dictadura chilena al delito de terrorismo por el asesinato del diplomático español Carmelo Soria. Con este nuevo cargo, que se suma al de asesinato, detención ilegal y presunto genocidio, queda claro para este tribunal que el ejército de Chile se colocó fuera del ámbito normativo “transformándose en una organización criminal, más precisamente terrorista”.
El tribunal justifica esta calificación del actuar del ejército chileno
por “ haber actuado con alguna de las finalidades prevista en el
artículo 1 de la Decisión Marco, señaladamente, conseguir la renuncia
del presidente de la república, violentar el normal ejercicio de las
potestades públicas y reprimir los derechos y libertades ciudadados y
desestabilizar la estructura política del país mediante una represión
sistemática en virtud de un plan preconcebido, del que formaría parte el
asesinato de D. Carmelo Soria”.
El texto agrega: “De
esta forma, como señala el ministerio fiscal, una estructura estatal
como el ejército de Chile, cuando se situó fuera del marco legal y
constitucional del país, omitiendo la obedencia debida a las autoridades
legítimas elegidas democráticamente, se colocó fuera del ámbito
normativo que le permitía ser considerada como brazo armado del poder
ejecutivo encargado de la defensa de la soberanía y los intereses del
país, transformándose en una organización criminal, más precisamente
terrorista”.
La ampliación de los
cargos por terrorismo recae sobre los ya preocesados por otros delitos:
Manuel Contreras, Guillermo Salinas Torres, Jaime Lepe Orellana, Pablo
Belmar Labbe, Patricio Quilhot Palma, José Remigio Ríos Sanmartín y
Michael Towley.
Para el tribunal,
delito de terrorismo es, entre otros, “obligar a los poderes públicos a
realizar un acto o abstenerse de hacerlo, intimidar a la población,
destruir o desestabilizar las estructuras fundamentales políticas y
constitucionales de un país, atentados contra la vida de una personaas
física, se cuestros y toma de rehenes, destrucción de las instalaaciones
gubernmentales o públicas”. Todas esas y otras actividaes fueron
realizadas de manera sistemáatica por la dictadura chilena.
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