por BASTIÁN FERNÁNDEZ 6 octubre 2015
El 18 de marzo Jorge Abbott recibió un mail anónimo cuando faltaban cinco minutos para las 18 horas. Estaba dirigido a él como Director Ejecutivo Nacional –actualmente es uno de los cinco candidatos a suceder a Sabas Chahuán como Fiscal Nacional– además de Fernando Castillo Miranda, entonces gerente de la División de Informática.
El mail fue enviado desde la dirección proyectos@gmail.com y adjuntó un “informe” anónimo sobre el servicio que prestaba la empresa computacional Espex, encargada de manejar la plataforma usuaria que provee computadores y una mesa de ayuda al Ministerio Público. En total, se denunciaban malas prácticas, alteraciones e irregularidades por parte de la empresa y que “ponen en riesgo la continuidad operativa de vuestra institución”, según se lee en el documento al que tuvo acceso este medio.
Espex trabaja con el Ministerio Público desde fines de 2009 y el año pasado ganó la licitación de la Plataforma Tecnológica Usuaria, que reemplazaría a la que se usaba anteriormente a partir del 10 de abril de 2015. Según información del Diario Oficialsus dueños son Javier Lobos García, ingeniero civil de la Universidad de La Frontera y Ana Elisa Díaz Rojas.
A raíz de la denuncia, el Ministerio Público notificó a Espex el 14 de abril pasado –casi un mes después de que se recibió el correo– “la suspensión del proceso de implementación del proyecto adjudicado, así como del congelamiento de los pagos, hasta no verificar resultados de la investigación administrativa en curso”. Ese día se decidió, además de suspender la migración a los nuevos equipos, que el Fiscal Regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, sería el encargado de realizar la investigación penal.
Según fuentes que conocieron los hechos, la investigación penal no había comenzado por instrucciones de la Fiscalía Nacional, sino que por iniciativa del Fiscal Regional de Coquimbo, Enrique Labarca, “a quién impresionó el carácter de los hechos denunciados”, pero su iniciativa “molestó a las autoridades de la Fiscalía Nacional”. Por lo anterior, dicen, la investigación penal fue “una apropiación de una iniciativa ajena, incluso resistida por la Fiscalía Nacional”.
En esta línea las mismas fuentes sostienen que la situación “dejó en evidencia el mal manejo de las circunstancias presentadas a contar del 18 de marzo y la manipulación de la información entregada por la Dirección Ejecutiva Nacional”. Esto porque “sorprendió” que menos de 24 horas después de la denuncia, “la Fiscalía Nacional ordenara continuar tal como estaba planificado el proceso de cambio de computadores”. Y agrega que para los entendidos “la naturaleza y seriedad de la denuncia hacían innecesarios conocimientos técnicos para concluir que era imperativo paralizar el proceso”.
Según esta fuente, la decisión inicial de continuar sin variaciones el proceso de cambio de los equipos computacionales fue “errónea”, ya que “casi un mes después de la denuncia se ven obligados a suspender” el mismo proceso por los problemas que había causado. A comienzos de abril ocurrió un “colapso operacional” que dejó a varios computadores de la Fiscalía entre 48 a 72 horas sin poder funcionar y que terminó con el despido del gerente de informática del organismo persecutor el 10 de ese mes.
Dudas sobre licitación
Algunas de las denuncias del mail anónimo apuntaron al proceso de licitación. En particular, el mail informaba que “toda la información estadística” fue “inflada” por Espex en sus valores reales para poder adjudicarse el proceso. “Con esto la empresa ganaría seguro la licitación, ya que solo ellos conocerían las estadísticas reales obligando al resto de los competidores a cobrar mucho más caro debido a esta manipulación de información”, dice el correo.
“Se trata de una nueva acusación falsa, sin asidero alguno en la realidad, motivada por oscuras razones y tendiente a crear daño a nuestra empresa”, señala el gerente comercial de Espex. De acuerdo a Sánchez, todas las estadísticas eran manejadas por la Fiscalía: “Tanto las bases de datos como el equipamiento estaban, físicamente, en oficinas del Ministerio Público y, por lo mismo, no podían ser manipuladas por personal de nuestra empresa”, agrega.
Ya que el correo fue enviado al Director Ejecutivo Nacional, Jorge Abbott, cabía preguntarse si es su responsabilidad mantener el contrato con esta empresa pese a las denuncias anónimas. “Ante dicha denuncia, el Ministerio Público ha adoptado las medidas conducentes a verificar la veracidad de los aspectos indicados en ella, en particular la realización de una investigación administrativa, en paralelo a la apertura de una investigación penal que se encuentra vigente, como se señaló, aún suspendiendo la implementación del proyecto adjudicado, en pro de asegurar total transparencia y aclaración de lo denunciado. Lo hechos contenidos en el correo anónimo no han sido comprobados y son materia de la investigación penal en curso, la cual una vez concluida permitirá tomar las decisiones que correspondan”, explican desde el organismo.
Agregan que la investigación administrativa terminó el 17 de agosto y que “no se detectó ninguna irregularidad que afectara el proceso de licitación llevado a cabo en 2014, por lo que a partir de dicha fecha se debió retomar las actividades tendientes a la finalización del proceso de migración de PC's”. También enfatizan “que ningún proponente participante en esta licitación ha presentado reclamo alguno sobre la legitimidad de este proceso”.
Junto a lo anterior desde la Fiscalía remarcan que la plataforma provista por Espex “no ha puesto en riesgo la continuidad operativa del Ministerio Público”.
Denuncias técnicas
El resto de las denuncias que contiene el mail anónimo apuntan a aspectos más técnicos del servicio como que: se alteraron los datos sobre el rendimiento de los notebooks HP6005 para que estos fueran comprados en vez de un modelo Packard Bell; que la recuperación de datos de discos duros se realizó en un laboratorio que no cumplía con los requisitos y que “el 100% de los discos que fueron a este laboratorio no pudieron ser recuperados”; que la empresa contrató garantías por menor tiempo para PC's, notebooks y cámaras V.C.; y que la empresa se actualizó el sistema operativo (Windows XP) con “licencias piratas”.
La División de informática, señalan desde el Ministerio Público, “pudo validar (de manera autónoma) que los equipos HP6005 cumplían con los requerimientos para ser utilizados en conformidad a lo indicado en las bases técnicas de la licitación respectiva. Respecto de los demás aspectos, no se cuenta con antecedentes para ratificar lo denunciado”. Todo esto aparte de los resultados que pueda tener la investigación penal en curso.
Consultados sobre estas denuncias, desde Espex señalan que “no conocemos exactamente el tenor del correo electrónico que usted indica ni el autor del mismo. Tenemos sospechas fundadas sobre quién podría estar detrás de esta maquinación, y respecto del ánimo de venganza que inspira las falsedades contenidas en el correo”. El gerente comercial agrega que “todas estas acusaciones son falsas, y los hechos descritos simplemente no ocurrieron. Alguien con una mente enfermiza intentó enlodar nuestro nombre, exponiendo situaciones falsas, con el solo objetivo de causar daño, amparándose en el anonimato y sin dar la cara ni hacer pública su identidad”.
Según fuentes que conocieron los hechos, la investigación penal no había comenzado por instrucciones de la Fiscalía Nacional, sino que por iniciativa del Fiscal Regional de Coquimbo, Enrique Labarca, “a quién impresionó el carácter de los hechos denunciados”, pero su iniciativa “molestó a las autoridades de la Fiscalía Nacional”. Por lo anterior, dicen, la investigación penal fue “una apropiación de una iniciativa ajena, incluso resistida por la Fiscalía Nacional”.
Otra denuncia contenida en el mail hace referencia a los equipos Backup que “nunca fueron entregados al Ministerio Público, ya que al este último solicitar la ampliación en calidad de estaciones de trabajo requeridas, la gerencia general decidió revender los equipos Backup que aún no habían sido entregados, esto con la finalidad de no incurrir en un nuevo gasto”. Por lo que la “estrategia fue que al término del contrato incorporarían un valor a todos aquellos equipos que el Ministerio Público no devolviese, con lo que éste cancelara equipos que nunca recibió, de los cuales asumirían su pérdida o simplemente no se explican qué pasó ni dónde están”.
Desde la Fiscalía descartan “haber pagado de más”, ya que “los equipos back-up que pudo ofrecer Espex para dar continuidad operativa y que se encontraban en localidades con mayores dificultades de acceso, no contemplaban el pago de rentas adicionales”. Desde Espex sostienen que se trata de “una nueva falsa acusación, puesto que el ministerio no realizó ningún pago fuera de contrato por este ni por otro concepto”.
Un último punto de denuncia que contiene el correo dice relación con que Espex “modificó” los equipos de comunicaciones para que sus agentes pudieran acceder a la red de la Fiscalía “desde cualquier sector donde se encontraran (fuera de las dependencias autorizadas)”. Con esto se abría la posibilidad de que se realizaran atenciones “desde donde fuese”, y “con todo el riesgo que esto significa para la seguridad y confidencialidad de la información”.
“El Ministerio Público no cuenta con antecedentes para ratificar lo indicado”, manifiestan desde el organismo, aunque “cabe señalar que forman parte de la investigación penal que se encuentra en curso”.
Por su parte Espex sostiene que “los servicios y la modalidad en que estos se prestan se acuerdan entre las partes para lograr obtener el mejor nivel de satisfacción del usuario final, y se estructuran en contratos y anexos de los mismos. Todo lo hecho durante el contrato anterior se ajustó estrictamente a lo pactado entre las partes. En particular, los equipos de comunicaciones son de propiedad y de administración de nuestro cliente y no de nuestra empresa”.
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