Bachelet en el CEP: volver atrás
Este jueves 8 de octubre la Presidenta de la República Michelle Bachelet visitará la casona del Centro de Estudios Públicos (CEP) ubicada en calle Monseñor Sótero Sanz, comuna de Providencia, lugar donde ella misma y otros mandatarios han acudido con el fin de “rendir cuentas” ante la élite del empresariado nacional, aquellos conocidos por estar vinculados y tener injerencia sobre las principales decisiones políticas, económicas y sociales de Chile.
La noticia fue publicada hace un par de semanas con aires de victoria en El Mercurio. No era para menos, la tradición, inaugurada por el socialismo a través de Ricardo Lagos y replicada durante su primer período por la misma Bachelet, se encontraba descontinuada desde 2006.
Según el diario de Agustín Edwards, el motivo de la cita es restablecer confianzas perdidas, discutir sobre la crisis de la institucionalidad y los políticos en general, para ver si se genera algo parecido a una solución capaz de levantar la alicaída economía nacional.
En reunión a puertas cerradas, la estará esperando el presidente y fundador de la entidad, Eliodoro Matte Larraín, controlador, entre otras empresas, de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y su director y ex ministro de Educación, Harald Beyer. Se espera también la presencia del vicepresidente del consejo directivo y del comité ejecutivo, Wolf von Appen, líder del grupo Ultramar. Junto a ellos integran los consejos y comités del CEP, personajes de la talla de Jorge Cauas y Sergio de Castro, ambos ex ministros de Hacienda y gestores del modelo neoliberal junto al fallecido Miguel Kast, quien –primero desde Odeplan y luego a través del Ministerio del Trabajo– se encargó de cimentar el Plan Laboral, la creación de las AFP, el sistema de salud privado y un nuevo modelo de educación, entre otros cambios radicales. Una verdadera revolución silenciosa, como la ha llamado Joaquín Lavín, y también conservadora que se llevó a cabo durante la dictadura y cuyos efectos se intentan modificar a medias hasta el día de hoy.
En mi último libro, A la sombra de los cuervos, doy cuenta de las relaciones endogámicas de los integrantes de una parte importante de quienes hoy componen organizaciones como el CEP y otras, y de qué forma se beneficiaron de las violaciones a los Derechos Humanos en plena dictadura con el fin de llevar a cabo los cambios estructurales que se pretendían en Chile. En el libro se detalla, por ejemplo, la labor de numerosos tecnócratas, como el mencionado Miguel Kast, quien al tiempo que encabezaba los cambios al modelo político, económico y social, también asesoraba a la DINA junto al actual presidente de la ex Compañía Chilena de Tabacos, Carlos Cáceres, quien entre sus cargos destaca como el último ministro del Interior de Pinochet, luego de haber sido también titular de Hacienda. Hoy integra el centro de pensamiento ligado a la UDI, Libertad y Desarrollo.
El libro también detalla el rol de civiles relevantes durante la dictadura y que hoy figuran como célebres políticos y empresarios, quienes traspasaron los límites del “cómplice pasivo”, en su colaboración con la dictadura. También el enriquecimiento del ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, un miembro más de la red creada en dictadura y que luego en transición claramente arrastró a los principales integrantes de la Concertación o la Nueva Mayoría, no en las muertes, pero sí en los negocios y financiamientos electorales, como muestra el caso Soquimich.
En la reunión de hoy 8 de octubre en el CEP –mismo día del partido entre Chile y Brasil por las eliminatorias del Mundial de Rusia en 2018–, se espera también la presencia de varios otros empresarios vinculados en la actualidad a los grupos económicos beneficiados con las violaciones a los derechos humanos a través, por ejemplo, de las privatizaciones de las empresas del Estado y que hoy integran el organismo. Es el caso de Roberto de Andraca, Álvaro Saieh, Bruno Philippi.
Andrónico Luksic, miembro de su consejo asesor, es el mismo que se reunió ocho veces con la nuera de la presidenta, Natalia Compagnon, con el fin de discutir los términos en que el Banco de Chile –propiedad del grupo Luksic–, le otorgaría un crédito a la empresa Caval por 6 mil millones de pesos.
Pero sin duda quien más llama la atención en la reunión que la Mandataria sostendrá con los integrantes del CEP, es su presidente, Eliodoro Matte. Como se ha señalado, es líder del grupo económico que, además de la CMPC, también posee participación gravitante en empresas como Puertos y Logística, Colbún y Entel. Todas empresas que transforman a su clan en el más rico e influyente de Chile. También conservador y profundamente católico.
Conocida fue la intervención de Eliodoro ante el Fiscal Nacional Sabas Chahuán con el fin de “acelerar” el proceso judicial en contra de su amigo, el sacerdote Fernando Karadima. De la misma forma es célebre su relación privilegiada con otro abusador de menores, el cura John O’Reilly, perteneciente a los Legionarios de Cristo. En medio de la causa en su contra por abuso de menores, en enero de 2014 pidió permiso para que se le levantara el arresto domiciliario total y así pasar dos semanas en el fundo Aguas Blancas cerca de Los Ángeles, propiedad de Matte.
Respecto de su “chiche”, la CMPC, A la sombra de los cuervos relata que en la actualidad la empresa tiene a varios ex ejecutivos en la mira de la justicia producto de la causa judicial que hoy investiga la desaparición y crimen en septiembre de 1973 de diecinueve ciudadanos de Laja y San Rosendo, luego de ser secuestrados por personal de Carabineros. Algunos estaban en sus casas o en la calle, siempre a plena luz del día. Otros, en su lugar de trabajo: la planta de celulosa de Laja de la CMPC.
Durante ese mes varios otros trabajadores de la Papelera fueron detenidos en la puerta de salida de la empresa. Los prisioneros eran señalados a la policía por un ejecutivo de la compañía, quien, lista en mano, elegía a aquellos que podían volver a sus hogares y aquellos otros que debían quedar detenidos. Según varios de los propios uniformados, la lista no fue elaborada por ellos, sino que salió directamente de la Papelera.
¿Quién elaboró en la Papelera la lista exacta para determinar a quién detener? Previo al golpe, una patrulla militar comandada por un oficial de inteligencia del Regimiento de Los Ángeles “alojó” por cerca de un mes en terrenos de la Papelera. El 11 de septiembre, la patrulla partió de vuelta donde sus jefes. Acto seguido, el comandante del regimiento viajó a Laja para ordenarles a los carabineros que detuvieran a ciertos dirigentes “conflictivos” de la CMPC. Los carabineros “obedecieron”.
Seis años después de los secuestros, en 1979, una investigación judicial llevó a que los cadáveres de dieciocho de los desaparecidos fueran encontrados en el cementerio parroquial de Yumbel, ubicado a 38 kilómetros de Laja y San Rosendo, y uno al interior de un predio explotado para Forestal Mininco, empresa integrante de la CMPC. La indagatoria determinó que, en 1973 y antes de llegar al camposanto, los detenidos fueron asesinados en el mencionado fundo.
La investigación también reveló que, recién ocurrido el crimen, el tema no fue un secreto al interior de la Papelera: perros del sector dieron con los cadáveres en ese predio forestal, los desenterraron y comenzaron a devorarlos ante la mirada de funcionarios que trasladaban madera para la empresa. Estos mismos operarios dieron aviso del hallazgo en la planta de celulosa y varios funcionarios y ejecutivos fueron hasta el lugar del crimen como “mirones”. Producto de ello, hace un mes fue citado a declarar en calidad de inculpado -en la causa judicial que sustancia por los crímenes el presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana–, quien fuera uno de los altos ejecutivos de Mininco, Roberto Izquierdo Menéndez. Esto, debido a que Izquierdo conoció de los crímenes recién ocurridos luego de que un subalterno que dio con los cadáveres así se lo informara. En su reciente testimonio, Izquierdo reconoció judicialmente el hecho y también que le recomendó guardar silencio.
En la actualidad Izquierdo es uno de los socios estratégicos de los Matte en Entel, además de ser uno de los propietarios del Diario Financiero y parte de una de las siete familias beneficiadas con la polémica Ley de Pesca. Como se detalla en mi último libro, Izquierdo sería, también, uno de los principales operadores de las empresas pesqueras.
Producto de esta causa, también deberá declarar la actual ministra de la Corte Suprema, Rosa Egnem, debido a que en 1973, siendo secretaria del tribunal de Yumbel, escondió evidencia que no solo obstruyó una posible investigación respecto de los crímenes de Laja y San Rosendo, sino que además evitó que los familiares de las víctimas dieran antes con el paradero de sus seres queridos.
En la misma causa por los crímenes de Laja y San Rosendo se determinó que, para secuestrar a las víctimas, Carabineros de Laja utilizó vehículos facilitados por la CMPC. La bencina también habría sido proporcionada por la empresa. Para armarse de valor cuando los ejecutaron, varios de los uniformados declararon que bebieron bebidas alcohólicas regaladas por la compañía minutos antes. Según un alto ejecutivo de la CMPC, incluso la cal con que recubrieron los cuerpos, luego de acribillarlos a balazos, podría haber sido entregada por la misma empresa. El teniente de Carabineros a cargo de ordenar los crímenes, en ese momento vivía en una casa y usaba un vehículo facilitados por la Papelera. Además, se alimentaba diariamente en su casino.
En el libro también detallo que, como integrante del directorio de la CMPC desde 1976, Eliodoro Matte debería haber conocido los crímenes de Laja y San Rosendo. Consultado en el libro respecto del caso, como también si es que a nivel empresarial hacían algúnmea culpa, no realizó comentario alguno.
A la sombra de los cuervos detalla también que durante la dictadura Matte trabajó para el aparato estatal preparando la privatización del Laboratorio Chile, hecho que significó al fisco suculentas pérdidas, y que su hermana Patricia trabajó con Miguel Kast, vinculado a la DINA y gestor del actual modelo económico.
El libro también da cuenta de que la creación del CEP, de la cual Eliodoro participó en 1979 –cuando los crímenes de Laja y San Rosendo recién se empezaban a investigar–, no fue una coincidencia. Fue justo un año antes de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1980, desde donde se comenzaron a elaborar “estudios de opinión pública” destinados a crear influencia, además de organizar reuniones en las que, posteriormente y ya en transición, los distintos candidatos presidenciales han reconocido como el lugar donde deben rendir “prueba de capacidades”. Al CEP se han incorporado intelectuales de diversos sectores, pero siempre con un núcleo empresarial duro vinculado a la dictadura, el período en que la familia tuvo su mayor expansión.
Según mi investigación, tampoco es coincidencia que el CEP haya publicado por primera vez El ladrillo, en 1992 y que de esta forma el documento clandestino se haya dado conocer oficial y públicamente. Se trata de un manual que establece las políticas de libre mercado que llevó a cabo la dictadura, entre ellas las privatizaciones. Los autores, en su mayoría economistas, profesores e ingenieros de la Universidad Católica con estudios en la Universidad de Chicago –varios de ellos hoy miembros del CEP–, comenzaron a elaborar el documento para la campaña presidencial de Jorge Alessandri –accionista y presidente de la CMPC– en 1969 y así contrapesar las políticas que traería consigo Salvador Allende. Como Alessandri perdió, el documento se siguió perfeccionando durante la Unidad Popular. Cuando la dictadura se instaló en el gobierno y los crímenes comenzaron a asolar el territorio nacional, desde el primer día el referido documento se transformó en la base del sistema económico y en la “biblia” del nuevo ministro de Hacienda. Consecuentemente, varios de los autores ocuparon los principales ministerios.
Mención aparte para otro de los integrantes del CEP –posiblemente presente en la reunión de este 8 de octubre–, el vicepresidente del Consejo Directivo, Wolf von Appen. Es director de Soquimich, con cargos en su contra de la SVS por no entregar información relevante al mercado. Además, es líder junto a su hermano Sven del grupo Von Appen, controlador de la mayoría de los puertos chilenos a través de Ultramar y con una fortuna personal que se estima en torno a los mil millones de dólares. Un informe realizado por la Policía de Investigaciones en el marco del “caso Riggs” y las cuentas del ex dictador, reveló que integrantes de este grupo donaron cerca de 250.000 dólares a la Fundación Pinochet.
Mención aparte para otro de los integrantes del CEP –posiblemente presente en la reunión de este 8 de octubre–, el vicepresidente del Consejo Directivo, Wolf von Appen. Es director de Soquimich, con cargos en su contra de la SVS por no entregar información relevante al mercado. Además, es líder junto a su hermano Sven del grupo Von Appen, controlador de la mayoría de los puertos chilenos a través de Ultramar y con una fortuna personal que se estima en torno a los mil millones de dólares. Un informe realizado por la Policía de Investigaciones en el marco del “caso Riggs” y las cuentas del ex dictador, reveló que integrantes de este grupo donaron cerca de 250.000 dólares a la Fundación Pinochet.
Sven ha hecho noticia por sus dichos a la prensa. En plena campaña presidencial de 2013 señaló que si Michelle Bachelet no lo hacía bien “buscamos un nuevo Pinochet”. Meses antes, en medio de un desayuno organizado por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare), mientras defendía la situación económica chilena y la labor del Presidente Sebastián Piñera, dijo que “a los chilenos les ha crecido tanto el apetito que no pueden parar. Eso producirá que engordarán y se pondrán más cómodos”. Según él, “la única solución es una crisis, internacional o chilena, de carácter financiero”, ya que esto afectaría a los bancos, compañías de seguros, llevando al chileno “al nivel que le corresponde y que no se vuele”, sostuvo. Para alcanzar esto, en velada amenaza, Von Appen dijo que lo mejor sería “que gane la izquierda comunista”, ya que ello provocaría inestabilidad económica. Cabe señalar que el padre de Wolf y Sven, Julio von Appen, fue identificado como un agente del régimen nazi en Chile, con diversas misiones, que incluían destruir lugares estratégicos, entre ellos el canal de Panamá. Fue expulsado del país cuando la Policía de Investigaciones detectó su conexión con Alemania.
Pero las implicancias de los Matte, los Von Appen y muchos integrantes del CEP con la dictadura van incluso más allá. Ambos grupos económicos, como también el grupo Angelini, se beneficiaron de la estadía de Julio Ponce Lerou en la Conaf al ser favorecidos por el actualmente cuestionado Decreto Ley (DL) 701. Fue en el comienzo de dictadura y comenzó a entregarles dividendos inmediatos. El DL 701, creado en 1974 y cuyo objetivo exclusivo fue ayudar a las plantaciones forestales con bonificaciones monetarias e incentivos tributarios, parecía hecho a la medida de los grupos empresariales.
En sus primeros diez años de funcionamiento, el cuerpo legal habría hecho crecer la masa silvícola en un millón de hectáreas, “siendo esa la base de la riqueza de grupos forestales como los Angelini y Matte”, según cita al propio diario El Mercurio, socio estratégico desde antiguos tiempos del clan Matte debido a la interdependencia de ambos negocios. Según antecedentes publicados por el diario La Tercera el 18 de julio de 2015, el decreto –hoy en estado de prórroga, entre 1974 y 1997– benefició en un 95% a las grandes y medianas empresas, con unos 365 millones de dólares, y solo en un 5% a los pequeños propietarios.
Solo en La Araucanía, a través de la Forestal Bosques Cautín, al 2013 los Von Appen eran dueños de más de 25.000 hectáreas de bosques madereros. Según explica Rebolledo en su libro, a 1973, previo al golpe militar, la CMPC contaba con 44.448 hectáreas plantadas. A 2014 estas ascendían a 674 mil.
Julio Ponce Lerou fue uno de los que operó para ayudar a la Papelera luego de los “duros” años que había enfrentado durante la Unidad Popular y que habían mermado su producción. Era el indicado: había trabajado para la familia Matte a principios de los setenta en la ciudad de Concepción. Para el año 74 fue nombrado director ejecutivo de la Conaf.
A cargo del Ministerio de Economía asumió Fernando Léniz Cerda, uno de los primeros civiles que transitaba desde el sector empresarial a cargos públicos de la dictadura. Al igual que Ponce Lerou, Léniz era ex funcionario de la Papelera. Entre 1963 y 1965 trabajó ahí, llegando a ser gerente de producción. De modo paralelo había sido presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), organización gremial desde donde participó en la redacción de un proyecto de ley considerado el predecesor del DL 701, que no prosperó. Ya en dictadura, fue Léniz, en conjunto con la Junta Militar y el ministro de Hacienda, Jorge Cauas, quienes firmaron el cuerpo legal hecho a la medida de las grandes empresas forestales. Como se ha mencionado, además de fundador del CEP, Cauas hoy es miembro de su consejo honorario.
Según se explica en A la sombra de los cuervos, el polémico DL 701 que posibilitó la desmesurada expansión de los Matte gracias a la bonificación estatal a la plantación de bosques madereros, ha despertado las alarmas de las autoridades de la VIII Región, donde Forestal Mininco es predominante. Ahí, la Asociación Chilena de Municipalidades ha responsabilizado a las forestales de provocar efectos nocivos de varios tipos. Señalaron que intentarán, vía legislativa e incluso presidencial, ser escuchados. Entre los efectos negativos del negocio forestal, señalan la escasez de agua para los habitantes de la zona, pero también las migraciones, la disminución de la producción en general y la destrucción de caminos. El presidente regional de la asociación, Ángel Castro, señaló que en la Región del Biobío cerca del 50% de todos los terrenos son ocupados por las forestales con bosques de pino y eucaliptos: “Esto crece año a año [...] El impacto de las plantaciones va de la mano de lo que terminan siendo los incendios forestales. También va arrinconando al pequeño agricultor y a los centros urbanos”.
Entendiendo que la lógica de la reunión es el restablecimiento de las confianzas perdidas, llama la atención que parte de estos mismos empresarios que recibirán a Bachelet intergran también el grupo que ha sido denunciado por pagar regularmente a políticos mientras estos se encuentran en campañas políticas o bien cuando ya han sido electos, de forma coincidente con algún proyecto de ley de su interés particular. Esta revelación es justamente la que ha puesto en jaque la confianza de la gente respecto de la política y las instituciones.
El gobierno tiene esto claro y, al parecer, ha preferido actuar con sentido pragmático. Quizás es la soledad de la Presidenta. Quizás es un guiño al laguismo, cada vez con mayor cantidad de adeptos en vistas de la carrera presidencial para las próximas elecciones. No olvidar que Ricardo Lagos es conocido por su cercanía al grupo Matte, entre otros motivos debido a que ostenta el récord de ser el primer Mandatario que aplicó con mayor frecuencia la Ley Antiterrorista y de Seguridad Interior del Estado en medio del conflicto mapuche, lo que benefició directamente a los intereses del grupo económico.
O quizás la decisión de Bachelet también se debe a que desde hace un tiempo se ha hecho patente y chillón que los mismos empresarios que aparecen cooptando la política y con vinculaciones claras con la dictadura, tienen la sartén por el mango y, en realidad, poco les importa la opinión de la gente.
Una combinación de los elementos mencionados, como también la gobernabilidad y el crecimiento, más allá de los valores, parece ser la evidencia principal que explica la cita. Todo ello en medio de estridencias, tanto desde el mundo político como empresarial, que llaman desde hace un tiempo al juicio y criterio valórico respecto de los actos de las autoridades.
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