Descarnado análisis de Sergio Muñoz cuestiona nuevamente agenda corta de delincuencia
por MARCELA JIMÉNEZ 23 octubre 2015
Durante la ceremonia de juramento de nuevos abogados el miércoles 14 de octubre, el juez Sergio Muñoz dedicó su discurso a realizar un descarnado análisis de la forma en que se enfrentan los problemas de delincuencia. “Impresiona constatar las medidas que la propia comunidad ha ido adoptando a nivel personal y comunitario o vecinal: contratación de vigilancia privada, rondas de vigilancia de los propios vecinos, cámaras de seguridad cada vez más sofisticadas, rejas y cercos eléctricos, con lo cual se transmite un mensaje de inseguridad y desprotección que encuentra eco en las autoridades para obtener réditos políticos en pos de la seguridad ciudadana, legitimándolos para reclamar la aprobación de leyes penales cada vez más severas”, cuestionó.
No es la primera vez que pone el acento en una visión más integral para enfrentar las falencias en seguridad ciudadana, pero en semanas en que el tema es prioridad en la agenda pública del ministro del Interior, Jorge Burgos, y que el compromiso de medidas más efectivas cruzó el debate en la nominación del nuevo Fiscal Nacional, Jorge Abbott, las palabras del presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, reafirman una tensión permanente entre las instituciones con el choque de criterios disonantes sobre el camino más adecuado para enfrentar dicho problema. “No es posible que se apueste a solucionarla con mayores niveles de encierro, aislamiento y exclusión. La justicia social nos impone hacernos cargo del tema, pero al mismo tiempo exigir su análisis integral, mediante medidas, acciones y mecanismos idóneos para su superación”, precisó el magistrado.
Es una realidad, según el presidente del máximo tribunal del país, que existe un discurso recurrente de “endurecimiento de los castigos asociados a los ilícitos, la creación de nuevas figuras delictivas, de nuevas medidas que restringen la libertad personal, cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, creación de más y modernas cárceles”, el que además atraviesa y está presente –agregó– en los foros políticos y sociales como la única posibilidad para terminar con la delincuencia.
Pero para el juez Muñoz los hechos demuestran que ese no es el camino más efectivo ni el único para enfrentar y solucionar el problema de la delincuencia: “El encarcelamiento de quienes delinquen no va acompañado de una real disminución de las tasas de criminalidad, como tampoco favorece el sentimiento de seguridad subjetiva de la población, a lo que se agrega la nula ayuda a la rehabilitación real y reinserción social de las personas condenadas”. Es más, dijo que no puede desconocerse que la cárcel priva de muchos derechos a los condenados, no solo a la libertad sino a la intimidad, la educación y el trabajo, genera un deterioro físico y sicológico en las personas, rompe las relaciones afectivas y familiares, representa “un espacio institucional de violencia, desigualdad, desconfianza y malos tratos”, que no contribuye en nada –criticó– a la resocialización y reeducación.
Para el presidente de la Corte Suprema, “la cárcel es el espacio institucional que recibe el fracaso social: la pobreza, la marginación, la ausencia de educación… la enfermedad mental, las toxicomanías y las consecuencias de esta sociedad consumista, de gratificación inmediata”.
La visión de Muñoz, aclaró él mismo, no pasa por no sancionar el delito, al contrario, “lo reitero hoy, la delincuencia debe ser reprimida rápida, eficaz y ejemplarmente, otorgando amplio amparo a las víctimas, a quienes se les debe garantizar su derecho a una plena justicia restaurativa”. Pero el juez colocó el acento en que “la salida a la crisis de legitimidad y eficacia del sistema penal no pasa por una mayor represión punitiva a través de la denominada Tolerancia Cero, ni mediante la creación de leyes más severas cada vez que se produce un clamor social mediático de inseguridad ciudadana, pues algunos de estos nuevos tipos penales solo responden a una función simbólica o retórica del derecho penal”.
Basta recordar que, durante la votación de Abbott como Fiscal Nacional, el tema de la delincuencia atravesó el debate y fue uno de los puntos relevantes que puso sobre la mesa la derecha para darle su apoyo. El senador RN, Alberto Espina, recordó que “esta decisión parece de pronto responder solo a los problemas asociados a causas políticas en trámite. Se nos olvida que el tema de fondo es la delincuencia y la seguridad ciudadana. La decisión debe abordarse pensando en ello, en la investigación de los delitos".
Tampoco es la fórmula mágica, agregó, apelar exclusivamente a aumentar la dotación policial o nombrando más fiscales y jueces, sino que el camino más correcto apuntaría –precisó– a buscar nuevos instrumentos de intervención social para educar, formar y, así, prevenir conductas delictuales. “Se hace imprescindible informar y concientizar a la sociedad y también a los operadores jurídicos, acerca de la conveniencia de utilizar nuevos métodos para hacer frente a la delincuencia, cambiando la tan arraigada cultura de la litigiosidad como único instrumento para resolver los conflictos penales (…) si no asumimos que las causas y los efectos de la delincuencia son un problema de todos y cada uno de los integrantes de la sociedad, recayendo en las autoridades una misión fundamental, que no es posible que eludan indefinidamente. Es un problema social de Estado y como tal nuestro”, precisó.
Para el juez, nadie puede quedar “inerte” ante la delincuencia, se debe reaccionar para enfrentarla, pero también es tarea “al interior de los hogares, colegios y de la comunidad, de la mano de las acciones de la autoridad, el camino que nos puede conducir a una reducción efectiva de la delincuencia”.
La postura del juez Muñoz está a tono y se suma al lapidario informe que la Corte Suprema en su conjunto realizó a finales de septiembre, a solicitud de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, que discute la agenda corta de seguridad ciudadana, con iniciativas como el banco unificado de datos con los antecedentes penales que mantiene actualmente el Poder Judicial y otorgar mayores atribuciones policiales a la hora de realizar un control preventivo de identidad.
Sobre esa última iniciativa, la Corte advirtió que se trata de un “retroceso mayúsculo desde la perspectiva del principio de inocencia: nadie debería poder ser detenido sin antecedentes especiales y exclusivamente sobre la base de una denuncia o imputación”.
Ronchas
La visión del juez Muñoz siempre saca ronchas en sectores del mundo político, especialmente de la UDI y RN, que tienen la agenda de delincuencia como uno de sus bastiones político-comunicacionales más relevantes.
Basta recordar que, durante la votación de Abbott como Fiscal Nacional, el tema de la delincuencia atravesó el debate y fue uno de los puntos relevantes que puso sobre la mesa la derecha para darle su apoyo. El senador RN, Alberto Espina, recordó que “esta decisión parece de pronto responder solo a los problemas asociados a causas políticas en trámite. Se nos olvida que el tema de fondo es la delincuencia y la seguridad ciudadana. La decisión debe abordarse pensando en ello, en la investigación de los delitos. Es cosa de mirar las estadísticas. Creo que este organismo debe buscar consolidarse y evitar cualquier tipo de división".
Mientras el senador RN, Francisco Chahuán, agregó que en la Comisión de Constitución –donde horas antes había expuesto Abbott– “se abordó la situación de La Araucanía, la necesidad de generar un diálogo entre los distintos actores para hacerse cargo de la sensación de impunidad, la pertinencia de mejorar el funcionamiento del Ministerio Público, la reforma a la reforma y la agenda corta”, su par de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe puntualizó que “el tema de la seguridad ciudadana es uno de los que concita más la atención de la ciudadanía. La exposición de Abbott nos mostró una mirada crítica al rol del Ministerio Público, considerando que él ha sido litigante en materias penales, por lo que se puso del otro lado, por así decir. Esa experiencia es muy valiosa”.
La seguridad pública ha sido una prioridad de la gestión del ministro Burgos en Interior, semana a semana su agenda de actividades públicas contempla varias actividades y reuniones relacionadas con el tema, con un discurso que generalmente destaca la necesidad de empoderar más a Carabineros, el aumento de penas y limitar los atenuantes de condenas, bastante distante de las visiones garantistas y con escasa mención a la reinserción social.
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