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A las cifras -aún no muy claras- sobre el total de fallecidos a cargo del Servicio Nacional de Menores (Sename) en los últimos años, ahora se revela una nuevo número que demuestra el desinterés total del organismo público por los menores de edad muertos a su cargo.
Según información proporcionada por el mismo Sename, la institución instruyó apenas 16 procesos sumariales en los últimos nueve años para investigar los fallecimientos de niños, niñas y adolescentes en sus residencias o las colaboradoras.
Así lo reconoció la misma institución en una respuesta vía Transparencia entregada a The Clinic Online, donde revelaron que esa fue la totalidad de procesos realizados desde enero de 2007 hasta octubre de 2016 por la muerte de niños en centros de protección, en regímenes cerrados y semicerrados.
Además, sólo uno de ellos se inició por la muerte de una niña que se encontraba a cargo de una residencia inscrita en el registro de colaboradores del Sename, donde se están determinando eventuales fallas en la supervisión técnica que realizaron funcionarios del servicio nacional de menores y no de la entidad privada.
Según el detalle de la la información liberada, de los 16 procesos sumariales informados, existen nueve que aún no están terminados y aún se encuentran en tramitación en el mismo servicio y otros dos que lleva adelante la Contraloría, iniciados el 9 de mayo de este año por el caso de la niña Lissette.
De los cinco sumarios restantes, el Sename señala que estos ya están terminados y, en consecuencia, son públicos. Sin embargo, la institución dice no estar en capacidad de destinar horas hombre para recopilar, eliminar datos personales y escanear estos sumarios, dada la alta demanda que tiene actualmente.
“ALGUNOS CASOS”
En agosto pasado, el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, señaló que en varios casos de muertes de niños la institución no se habrían iniciado sumarios, lo que significaba que no habrían seguido investigando el por qué del fallecimiento de esos menores de edad.
“Se le requirió información al Sename de si todos los fallecimientos originaron sumario administrativo y hasta el momento descubrimos que en algunos casos no se abrió sumario tras estas muertes”, dijo en una entrevista con El Mercurio, agregando que una de las líneas de investigación sería “esclarecer el porqué del conocimiento tardío del sistema judicial en estos casos; por qué no se denunció dentro de las 24 horas siguientes al hecho”.
De hecho, por este punto, el fiscal Emilfork estaría intentado dilucidar cómo es que la institución pudo elaborar la lista de fallecidos en los centros y organismos colaboradores.
Las declaraciones del persecutor fueron realizadas cuando la cifra de muertes de menores ascendía a 185, de manera oficial, y a 477 de manera informal, según lo que denunció en ese momento el diputado DC René Saffirio. Sin embargo, el 3 de octubre pasado el Servicio confirmó que eran 865 en total en los últimos 11 años (2005-2016) y actualmente existen supuestos informes reservadors que podrían elevar la cifra a más de 1.300.
Ese día la directora del Sename, Solange Huerta, explicó que se trataba de 210 niños que fallecieron en el sistema de residencias y 406 en programas ambulatorios. A esos se suman otros 216 que se encontraban en justicia juvenil y 33 de ellos se encontraban cumpliendo condena.
Desde la misma institución respondieron a este diario que en el período comprendido desde el 2007 al 2016 hubo 172 fallecimientos de niños, niñas y adolescentes que vivían en centros de protección.
De ellos, 29 permanecían en centros administrados por Sename y hubo 31 fallecimientos de adolescentes que cumplían medida cautelar o sanción en centros de internación provisoria, centros cerrados o semicerrados (privación de libertad nocturna).
Además, la institución aclaró que “hay otros casos que corresponden a niños, niñas y adolescentes del área de protección que fallecieron mientras vivían con sus familias y eran atendidos de manera ambulatoria en programas pertenecientes a organismos privados” y que “también hay adolescentes cuyo deceso se produjo mientras cumplían sanciones de justicia juvenil en medio libre”.
Junto a eso, la institución dependiente del Ministerio de Justicia explicó que los procesos sumariales “se pueden realizar solamente a funcionarios públicos cuando se sospecha eventuales responsabilidades administrativas y no se pueden hacer en el caso de trabajadores de los organismos colaboradores, que son privados”.
Finalmente, el servicio señala que entre los 16 sumarios se incluyen los dos abiertos a raíz de la muerte de Lissette en el centro Galvarino del Sename, que están a cargo de la Contraloría General de las República desde el 9 de mayo de 2016, fecha en que ordenó se le entregaran los expedientes de las investigaciones que se realizaban en la Dirección Nacional del Sename y en la Dirección Regional Metropolitana. Por lo tanto, ese organismo determinará las eventuales responsabilidades administrativas en ese hecho.
El 10%
De esta forma, tomando en cuenta los 172 casos de fallecimientos que aclara el Sename, se puede concluir que apenas el 2% de las muertes de niños tuvieron un sumario investigativo y peor aún, menos de la mitad de ellos están terminados, menos del 1%.
Entre los fallecimientos que motivaron iniciar una investigación sumarial destaca el de Daniel Ballesteros, un joven de 17 años apuñalado en 18 oportunidades mientras se encontraba recluido en el Centro Metropolitano Norte, en Tiltil, el 23 de noviembre de 2013.
Tal como publicó este medio en julio pasado, ya habían transcurrido dos años y ocho meses desde el crimen y el sumario aún no encontraba responsables, a pesar de que ya existía una condena criminal contra los agresores que lo asesinaron y también una resolución civil, producto de un acuerdo entre el Consejo de Defensa del Estado y la familia del joven, después de una demanda por perjuicio irreparable.
Consultado por este medio, el fiscal Emilfork no quiso referirse al tema.