por EL MOSTRADOR 7 noviembre 2016
En un inserto publicado hoy en La Tercera, 85 abogados de diferentes universidades y ex compañeros de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile de Daniel Urrutia, Juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, manifestaron su “preocupación y rechazo frente a la evidente afectación de su independencia, dado que en un período de 2 años la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago ha iniciado 7 investigaciones sumarias en su contra”.
Las investigaciones que hay en su contra, afirman los abogados en la declaración pública, son a raíz de distintas resoluciones orientadas a resguardar los derechos humanos, como por ejemplo, disponer que el Servel adoptase las medidas necesarias para permitir el voto de las personas en prisión preventiva que no tuviesen restringidos sus derechos políticos, sobreseer definitivamente a los miembros del colectivo social Andha Chile al no tener conductas que a su juicios fueran constitutivas de delitos penales y permitir que 12 internas adolescentes del Centro de Internación Provisoria de Santiago visitaran a sus parientes y parejas en otros centros de internación.
“Esto que está pasando en Chile es muy llamativo para el resto del mundo. Al menos en Latinoamérica y en otras asociaciones de jueces internacionales, porque no existe un modelo de control disciplinario como en Chile, que afecta la independencia interna de un juez”, aseguró a El Mostrador el presidente de la Asociación de Magistrados.
“Quienes suscribimos a esta declaración, rechazamos cualquier afectación a la independencia de los jueces para adoptar sus decisiones y las resoluciones judiciales que estimen pertinentes, al amparo de la ley y en protección de las garantías de las personas”, se señala en la declaración.
Además se agrega que “conocemos el trabajo del Juez Daniel Urrutia Laubreaux, y su permanente preocupación por el cumplimiento de las normas legales y constitucionales que protegen la vida, dignidad y derechos humanos de las personas desde su estrado, con genuina vocación de juez y servidor público”.
Por último hacen un llamado a que el Estado de Chile garantice la independencia de la judicatura.
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