Minera Dominga: conflicto político inesperado escala hasta La Moneda en último año del bacheletismo
por MARCELA JIMÉNEZ 17 marzo, 2017
Nunca estuvo en ninguna planificación para este último año del bacheletismo en La Moneda que la construcción del proyecto minero-portuario Dominga, ligado a la empresa Andes Iron, en la comuna de La Higuera, se convirtiera en un verdadero zapato chino para el Gobierno, una bomba de tiempo por la cual la actual administración va a terminar pagando costos, cualquiera sea ahora el desenlace, porque terminará enfrentando al propio oficialismo entre sí. Tan incierto y tan revuelto está el escenario interno hoy sobre el tema, que nadie se atreve a pronosticar en Palacio qué va a suceder, salvo que será un dolor de cabeza político de proporciones.
Todo se enredó el jueves 9 de marzo, porque en La Moneda confiesan que la versión interna en el Ejecutivo siempre fue que el proyecto se aprobaba a nivel regional, por lo que el resto de los pasos del proceso serían sin mayores complicaciones. Pero, ese día, la votación en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo –integrada por 12 organismos técnicos– se entrampó, hubo un empate a seis votos a favor y otros seis en contra, por lo que, apegado a reglamento, el intendente de la IV Región, Claudio Ibáñez (PPD), dirimió e inclinó la balanza por el rechazo.
Obviamente hubo una seguidilla de declaraciones públicas a pro y en contra de lo sucedido, recriminaciones mutuas entre ambos bandos, además del anuncio de la empresa Andes Iron de apelar por la decisión ante el Comité de Ministros, para lo cual tiene un plazo de 30 días, de los cuales ya han transcurrido siete. Dicha instancia la preside el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier (DC), y la integran sus pares de Economía, Luis Felipe Céspedes (DC); Agricultura, Carlos Furche (PS); Salud, Carmen Castillo; Minería, Aurora Williams (PR); y Energía, Andrés Rebolledo (PPD).
En La Moneda no cayó bien lo sucedido. “Es un error grave que el tema haya salido de la región sin ser resuelto, quisieron ganar tiempo y, al dejar que sea el Comité de Ministros el que resuelva, será el Gobierno el que termine pagando todos los costos”, advirtieron en Palacio tras los primeros análisis internos de la situación.
La ministra vocera, Paula Narváez, precisó el miércoles 15 de marzo que el plan gubernamental es “cumplir con la ley, cumplir con la institucionalidad, porque eso es lo que les da garantías a todos los chilenos y chilenas de que las decisiones se toman no fuera de las instituciones, sino que dentro de las instituciones. Más allá de cualquier diferencia política, que puede existir, por cierto, que es muy legítima que exista, pero aquí lo que tiene que primar es el cumplimiento irrestricto a la legalidad que otorgan las instituciones”. Pero también reconoció que “hay temas que son complejos, este es un tema complejo, sin ninguna duda, el proyecto Dominga así lo ha sido, ustedes vieron cómo fue la votación en la Región de Coquimbo, eso da nota de que se trata de un proyecto que tiene complejidades, por cierto. Y, por lo tanto, puede haber diversidad de opiniones”, señaló.
Cuesta que en La Moneda hablen del tema, dicen que el escenario interno “está muy líquido”, que no hay posiciones absolutas, que las cosas van a ir variando mucho, que como hay varios ministros involucrados en tomar la decisión definitiva, el silencio generalizado responde efectivamente a no cometer errores. Nadie se atreve a asegurar desde ya lo que suceda en el Comité de Ministros, porque en Palacio hay quienes sostienen que el proyecto Dominga se caerá, que no será aprobado en dicha instancia, porque “no están los votos” para darle luz verde, y también están los que apuestan a que la relevancia del proyecto es tal, en un escenario económico nacional adverso, que no habrá consideración política suficientemente de peso para rechazarlo.
Las redes entre dicha colectividad y el proyecto saltan a la luz. Según confirman en la zona, el gerente de Asuntos Corporativos de la empresa Andes Iron es Francisco Villalón, un DC de larga data, que fue presidente regional de la colectividad, también Seremi de Economía entre 2006 y 2007 en el primer Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y administrador municipal. En la IV Región lo señalan como el nexo y principal lobbista que tiene la minera Dominga ante la Democracia Cristiana.
En el Gobierno saben que se les instaló por varios meses una compleja discusión, que enfrentará a sus propias huestes, entre los criterios económicos puros con la realidad política, un choque de trenes en que los protagonistas hasta ahora serán el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y el senador Guido Girardi, ambos PPD. No hay que olvidar que el parlamentario ha liderado las críticas al proyecto: “No podemos autorizar aquellos que, para satisfacer el interés de unos pocos, usan lobby y presiones para ser aprobados, pese a violar normas ambientales (...). La empresa debe realizar un estudio que considere el eventual riesgo que tienen las reservas y sitios prioritarios", acusó hace unos días e insistió en que el proyecto es ilegal, porque no cumple con los requisitos mínimos necesarios, debido a que el Estudio de Impacto Ambiental no incluía a los sitios ecológicos más importantes a preservar.
El senador no se quedó ahí y no ha descartado salirse del Gobierno, si es que el comité ministerial termina aprobando el proyecto Dominga, porque –según les ha confesado a varios– “no tendría ningún sentido seguir respaldando” a una administración que toma ese tipo de decisiones.
En la verada de enfrente, el ministro Valdés salió el fin de semana a dar señales contundentes de apoyo al polémico proyecto minero. En una entrevista a La Tercera, afirmó que sus “colegas ministros que participan en esa instancia sabrán evaluar técnicamente esta iniciativa, como lo han hecho consistentemente con los proyectos sometidos a su consideración" y, acto seguido, puso el acento en el riesgo de hipotecar el crecimiento, ya que "Chile tiene hace un rato un problema en términos de concretar inversiones, la mayor parte de las veces por permisos o judicialización, incluso en zonas deprimidas que necesitan nuevos motores de actividad".
Entre los detractores de Dominga en la Nueva Mayoría, pues no es solo Girardi, consideran que Valdés se equivocó con esas declaraciones, que pecó de dar una “opinión desinformada” regida exclusivamente por criterios económicos, desconociendo las aristas técnicas del proyecto y que corrió un riesgo bastante alto, al hipotecar su credibilidad como jefe de la billetera fiscal defendiendo públicamente una iniciativa de estas características, que tiene probabilidades de terminar siendo rechazada. Agregaron que no son pocos los detractores en la coalición y que, por lo mismo, el ministro tendrá que enfrentar un gallito importante con los parlamentarios de su coalición y de su propio partido.
Ese mismo gallito se dará a nivel interno en la administración bacheletista, donde hay un sector relevante que insiste en que este proyecto es muy determinante en materia económica, que en ese ámbito es “bueno, rentable y sobre todo necesario”; y existe otro sector, que considera que no todo puede ser números y economía a cualquier costo, que hay que tomar en cuenta otros factores políticos.
Así, junto con resolver esa disyuntiva interna, La Moneda deberá también zanjar qué hará con los sectores críticos de su propia coalición, punto en el que desde la Nueva Mayoría aseguran que las señales gubernamentales apuntan más a estar dispuestos a comprarse un conflicto político con Girardi y los demás, aunque sea en pleno año de campaña parlamentaria y presidencial.
Eso, porque una vez presentada la apelación de la empresa Andes Iron, el Comité de Ministros tiene plazo de al menos un par de meses, que podrían dilatarse, para debatir antes de tomar una decisión definitiva.
En la Nueva Mayoría confiesan que el rechazo de algunos al tema de Dominga sumó más adeptos, porque se cruzó con el hecho de que la minera tuvo relación con las inversiones de la familia del ex Presidente Sebastián Piñera, entre los años 2009 y 2010.
Un punto que el propio gerente general de la empresa Andes Iron, Iván Garrido, abordó una vez conocido el rechazo de la comisión la semana pasada: “No me atrevería a decir eso todavía, vamos a analizarlo, es curioso, nadie se refirió a eso, que la familia de Piñera fuera accionista en un momento pasivo, histórico de Dominga. Espero que no sea el tema”.
El factor DC
Así como lo hizo Girardi para defender el rechazo, en la postura opuesta el diputado DC, Matías Walker, salió a reclamar por lo sucedido en la comisión regional e instar a que el Comité de Ministros lo corrija. Pero, de paso, acusó abiertamente al Ministerio del Interior de presiones políticas para influir en la decisión final del 9 de marzo, apuntando no al titular de la cartera, Mario Fernández (DC), sino que –según leyeron todos en La Moneda– al subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy (PS).
“La información que nosotros tenemos es que el intendente (PPD Claudio Ibáñez) habló con algunos seremis que tenían informes favorables de sus carteras para que, finalmente, se abstuvieran o votaran en contra, para que el Consejo de Ministros fuera el órgano que finalmente resolviera el proyecto", planteó el parlamentario DC, lo que la ministra Narváez salió al día siguiente a desmentir: "No compartimos esas insinuaciones. Nos parecen insólitas, no responden para nada a la verdad y a lo acontecido”, sentenció.
En La Moneda consideraron “descuadrada” la reacción del diputado Walker, algunos deslizaron que tiene intereses creados, que actuó por nerviosismo ante el fracaso del proyecto y, entre quienes conocen la trastienda de esos días, precisaron que el parlamentario DC se equivocó de cuajo, que las llamadas desde el ministerio existieron, pero no para presionar, sino por la necesaria coordinación de seguridad pública a que obligaba la votación, dadas las manifestaciones a favor y en contra.
El despliegue de Walker ha llevado a que no pocos en La Moneda recuerden que la DC tiene una presencia política y electoral importante en la IV Región, donde se pretende implementar Dominga.
Las redes entre dicha colectividad y el proyecto saltan a la luz. Según confirman en la zona, el gerente de Asuntos Corporativos de la empresa Andes Iron es Francisco Villalón, un DC de larga data, que fue presidente regional de la colectividad, también Seremi de Economía entre 2006 y 2007 en el primer Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y administrador municipal. En la IV Región lo señalan como el nexo y principal lobbista que tiene la minera Dominga ante la Democracia Cristiana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario