Los hechos denunciados ocurrieron el sábado pasado durante la madrugada, cuando una treintena de efectivos de Carabineros ingresó a la comunidad Juan Catrilaf II. El Instituto Nacional de Derechos Humanos también inició acciones legales.
Por Antonia Orellana
Foto: Sergio Catrilaf
En Temuco se presentó esta mañana una querella contra todos los funcionarios policiales que resulten responsables del delito de torturas. Esto, luego de lo ocurrido en el allanamiento llevado a cabo el sábado durante la madrugada en la casa de la hermana de Sergio Catrilaf, quien un día antes dio a conocer a través de El Desconcierto un video en el que se declaraba prófugo de la justicia, desacatando la orden de prisión preventiva en su contra en el marco del juicio por incendio terrorista con resultado de muerte de los Luchsinger Mackay.
Así, según declaró Manuela Royo, abogada de la familia Triviño Catrilaf, el sábado a las 6:30 AM “carabineros ingresó de manera violenta, rompiendo puertas y ventanas. Al hacer ingreso a la pieza donde estaba el cuñado de Sergio, Robinson Triviño, que estaba con sus hijos de 8, 2 y 1 año, lo esposaron y trasladaron a la parte trasera del domicilio, siendo amenazado con armas y golpeado en costilla y cabezas”. La querellante añadió que “Al quejarse por el dolor le metieron tierra en la boca, ahogándolo. Todo esto al tiempo que le preguntaban por el paradero de Sergio Catrilaf. Incluso pusieron una granada de munición en los bolsillos de Robinson amenazándolo llevarlo preso por porte ilegal de armas”.
“Consideramos que estos hechos constituyen el delito de tortura, sancionado en el artículo 150 del código penal, toda vez que es realizado por un funcionario del estado que abusa de su cargo y en forma intencional genera dolor y sufrimiento para obtener de un tercero información determinada. Esto se realizó en forma metódica, fueron dos horas en que se golpeó y ahogó a Robinson haciéndole preguntas”, apuntó la abogada.
La denuncia llega precisamente luego de que la ONU llamara la atención al Estado chileno por el abuso de fuerza contra el pueblo mapuche en medio de una sesión extraordinaria de su Consejo de Derechos Humanos. “Esto confirma que lo que denunciamos es algo que ocurre repetidamente y no es posible que sigan cometiéndose violaciones a los derechos humanos”, acusó Manuela Royo.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos, además, presentó un recurso de amparo a favor de toda la familia Triviño Catrilaf buscando que no se repitan estos hechos en la comunidad Juan Catrilaf II.
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