A principios de la semana pasada, el director general de Carabineros, Bruno Villalobos, envió una advertencia a todos los uniformados que pudieran haber estado implicados o tener información sobre el millonario fraude en la entidad que ya se calcula en más de $10 mil millones.
“Es preferible que se presenten pronto a declarar porque vamos a llegar a todos los involucrados”, fue el ultimatum que se transmitió especialmente a quienes coincidieron en funciones con el excoronel Jaime Patricio Paz Meneses (50) y los comandantes, Héctor Emilio Nail Bravo (45), Pedro Enrique Valenzuela San Martín (49) y Robinson Domingo Carvajal Leiva (47), quienes serían los cabecillas del desfalco en la institución. Por el caso también está detenido el general (r) y jefe de finanzas Flavio Echeverría, quien además de haber recibido traspasos injustificados de fondos en 2011 y 2015 es sindicado por uno de miembros de la cadena, el capitán Carlos Rojas, como uno de los personeros que estaba al tanto del ilícito.
Según fuentes de la institución, consultadas por The Clinic, la indagatoria interna ha priorizado la fiscalización de las reparticiones donde trabajaron los líderes de la operación a través de la cual los altos oficiales usaban cuentas corrientes de uniformados de menor rango para depositarles dineros a cambio del 10% a modo de comisión. El resto de los recursos era reintegrado a los que dirigían la banda.
Hasta ahora, se ha detectado que existen al menos otras dos cuentas donde tuvo intervención personal de intendencia y que aún están pendientes de revisión.
Una de estas corresponde a desahucios, es decir, una indemnización que se entrega a los funcionarios de Carabineros que pasan a retiro y tienen derecho a pensión, por lo tanto, son montos millonarios que además corresponde a ahorros de los funcionarios. Aquí ya se ha abierto una nueva arista de investigación porque, según ha trascendido, se trataría del mismo modus operandis: el desvío de los dineros a cuentas de terceros y el maquillaje de la contabilidad para evitar ser descubiertos.
Hace unos días, en entrevista exclusiva con The Clinic, el general director Bruno Villalobos, consultado sobre los desvíos desde la cuenta de desahucios, comentó: “No puedo afirmar ni desmentir nada en este momento en que se está en una etapa crítica de la investigación. No voy a ser irresponsable y de ser así, se seguirá el mismo camino, es decir, la desvinculación y persecución penal de los involucrados”.
También hizo referencia a la situación del General Echeverría y adujo que éste había quebrantado su confianza: “es difícil lidiar con la traición, con la mentira, cuando los que te roban y diseñan los mecanismos de control son, precisamente, los que deberían proteger los bienes y los recursos de la institución. Quienes tenían que vigilar, robaban; los que robaban eran de la casa y actuaban suciamente bajo el amparo de la confianza. Prueba de esta confianza traicionada es, por ejemplo, haber invitado al general Echeverría al matrimonio de mi hijo”.
EFECTOS INSOSPECHADOS
Una de las preocupaciones fundamentales hoy en Carabineros es mejorar los mecanismos de control de recursos y detectar si hubo advertencias de funcionarios sobre las operaciones que pudieron haber sido ocultada a los superiores por quienes eran parte de la máquina de defraudar.
Pero otro frente que los mantiene en alerta es el efecto que la revelación sobre el delito puede generar en los funcionarios que reciben menores remuneraciones y que trabajan en la calle. Los mensajes de Villalobos han apuntado precisamente a “levantar la moral” de este grupo, sin embargo, prevalece el temor de que la crisis devalue el principal capital político de la institución: la imagen interna e internacional de que la policía chilena es incorruptible.