Los reclusos, condenados por asesinatos, secuestros y violaciones, disponen además de televisores de 42 pulgadas, bergeres de ecocuero, cancha de tenis y patios alfombrados de pasto para su beneficio, según muestran las fotografías inéditas a las que accedió El Desconcierto.
Por Mauricio Weibel Barahona@mauricioweibel
Dos médicos, una enfermera, cuatro paramédicos, un kinesiólogo, un dentista y un psicólogo están a disposición permanente del centenar de militares y civiles condenados por crímenes de lesa humanidad recluidos en el penal de Punta Peuco, según un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), cuyo texto íntegro fue mantenido en reserva hasta hoy.
“A cada interno que ingresa a la Unidad, se le realiza una ficha de clasificación médica y un respectivo chequeo. Además, se lleva un registro de vacunación”, detalló el documento de treinta páginas sobre las condiciones de esa prisión, entregado a la presidenta Michelle Bachelet inclusive.
El reporte, publicado este sábado in extenso por primera vez por El Desconcierto, agregó que los reclusos disponen de medicamentos suficientes, además de una amplia atención psiquiátrica y psicológica.
“De hecho, no se observaron restricciones al derecho a la salud, pudiéndose constatar que su situación es adecuada y, en todo caso, sustancialmente mejor a la de los demás penales del país”, subrayó el INDH.
“Condiciones óptimas”
El INDH además valoró positivamente en su reporte las condiciones de la infraestructura sanitaria, uno de los aspectos cuestionados por los parlamentarios y familiares de reos que piden indultar a quienes violaron los derechos humanos en dictadura.
“Todo el equipamiento médico y mobiliario se encontraba en condiciones óptimas. Además, el espacio aseguraba una atención segura y privada de los pacientes (…) Frente a la enfermería se encuentra el box de atención odontológica, el que cuenta con equipamiento aparentemente nuevo”, detalló el INDH.
Sin embargo, en entrevista con El Desconcierto, el diputado de derecha José Antonio Kast, cuestionó las condiciones de reclusión de los prisioneros de Punta Peuco. “Ellos dieron un servicio a la patria y que hoy algunos están siendo vulnerados en sus derechos garantizados en la Constitución”, aseguró.
“Penas ilusorias”
El informe, que abarca desde las condiciones de los baños hasta las actividades de reinserción, recalcó que deben existir “consideraciones especiales en relación a los beneficios carcelarios”, debido a que todos los reclusos están condenados en Punta Peuco por violaciones a los derechos humanos.
“El otorgamiento de beneficios intrapenitenciarios requiere ser armónico con la obligación de los Estados en materia de sanción a responsables de crímenes de lesa humanidad, en el sentido que no pueden significar que se impongan penas ilusorias”, subrayó el documento.
El INDH luego validó el otorgamiento de beneficios a estos condenados, aunque apuntó que estos deben cumplir con estándares internacionales, no pudiendo ser equivalentes a los procesos que favorecen a delincuentes comunes.
El organismo, de hecho, sostuvo que “los beneficios debieran estar regulados por ley y ser concedidos por un Tribunal de Ejecución de Penas y no constituir una facultad administrativa”. El Instituto también rechazó que las sesiones o procedimientos para otorgar estos beneficios sean secretos.
Por último, el INDH recalcó que estas eventuales medidas deben considerar la reparación a las víctimas. “Resulta necesario profundizar el debate y recoger la opinión de los familiares y víctimas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos”.
¿Posible traslado?
En medio del debate por las condiciones en que viven los internos de Punta Peuco, Gendarmería informó por oficio al diputado comunista Hugo Gutiérrez que están casi terminadas las obras de habilitación del penal Colina 1, adonde serían hipotéticamente trasladados los condenados por violaciones a los derechos humanos.
La institución penitenciaria, tras detallar que ya fueron recibidas provisoriamente la mayoría de las obras solicitadas, acotó que sólo resta aprobar los trabajos de “mejoramiento de los recintos para visitas” y de “mejoramiento de los baños para reclusos y visitas”.
“Se estima que una vez recepcionadas las obras pendientes, y teniendo absolutamente definidos dichos estándares, se estará en condiciones de realizar la derivación de internos, conforme lo establezca la administración penitenciaria”, subrayó en el oficio el director general de Gendarmería, Jaime Rojas.
Una versión diferente, sin embargo, envió al diputado Gutiérrez el subsecretario de Justicia, Nicolás Mena. “Un eventual traslado de las persona privadas de libertad del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco hacia otro penal, constituiría un procedimiento especial cuya decisión sería tomada por la presidenta de la República”, apuntó.
La mandataria a fines de 2016, tomó distancia de la opción de indultar a estos condenados. “No tengo una opinión definitiva al momento, para ser franca, entre otras cosas porque me tocó personas que pidieron ser liberadas en un momento, personas que estaban en huelga de hambre y pidieron ser liberadas porque estaban terminales, entonces yo pedí la ficha clínica, como soy médico leí la ficha y me di cuenta que no estaba terminal”, dijo.
Un penal copado
Esta semana, justamente en medio de este debate, la Justicia determinó que veinte de los treinta y tres militares condenados por el secuestro y asesinato de cinco miembros del FPMR en 1987, fueran encerrados en el penal de Colina 1, debido a que Punta Peuco ya tiene copada su capacidad de albergue.
“Sin embargo, para nosotros ese no es el tema. El punto de fondo es que Punta Peuco sea cerrado definitivamente y reacondicionado para que todos esos lujos sirvan para acoger a niños del Sename o mujeres encarceladas con hijos pequeños”, planteó la presidenta de la Agrupación de familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro.
La dirigenta añadió que su organización solicitó a las autoridades habilitar Colina 1 para recibir a militares y civiles condenados por crímenes de lesa humanidad. “La normativa internacional establece que ellos no deben estar con delincuentes comunes, pero sí en una cárcel común”, explicó.
“Lo que hay que entender es que todos los lujos de Punta Peuco forman parte de la impunidad de todos estos años”, concluyó.
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