OPINIÓN

Derogar el DS 105

por JUAN CRISTÓBAL BEYTÍA 17 mayo, 2017

Todas las dictaduras han intentado frenar a la oposición suprimiendo derechos fundamentales y utilizando el miedo como herramienta. Siempre ha tenido costos humanos enormes y nunca les ha resultado. El DS 105 tiene la misma lógica dictatorial de su autor, Pinochet, cuando lo creó en 1980. Lo que dice este decreto, y que fue revivido por este gobierno el 12 de abril de este año, es que todas las familias de campamento quedan inhabilitadas de postular al subsidio. No hace matices, son todas. Pretende suprimir la necesidad de una vivienda adecuada, que actualmente es un derecho humano básico, bajo la amenaza de impedirles el acceso a un subsidio habitacional. No me explico que nuestro gobierno instruya aplicar ese decreto, que fue derogado de hecho por la política social de estos 27 años de democracia. No me explico que un gobierno que pretende garantizar derechos fundamentales en salud y educación, los termine negando en vivienda a familias vulneradas para que no aumenten los campamentos. La pobreza se debe combatir en sus causas, taparla mediante un decreto es mentiroso y miope.

Esta es, además, una mala política. Primero, como insinúa en el punto 3 del Ordinario, esto va a implicar el uso de la fuerza pública en desalojos forzosos a todos los terrenos ocupados que sean propiedad del SERVIU, es decir, promueve la violencia de Estado.

No me explico que nuestro gobierno instruya aplicar ese decreto, que fue derogado de hecho por la política social de estos 27 años de democracia. No me explico que un gobierno que pretende garantizar derechos fundamentales en salud y educación, los termine negando en vivienda a familias vulneradas para que no aumenten los campamentos. La pobreza se debe combatir en sus causas, taparla mediante un decreto es mentiroso y miope.

Por otra parte, si las familias van a vivir a un campamento porque es una mejora en su situación de vida, ¿en qué terrible situación vivían antes, para que el campamento sea algo mejor? Este decreto pretende que permanezcan en esa situación previa de pobreza todos los años que dura el proceso de llegar a la vivienda definitiva. Si así ocurriese, se afecta gravemente la calidad de vida de estas personas y se hipoteca su futuro. Estas familias ocuparán terrenos cada vez más distantes, hasta que el Estado deje de correrlos, y permanecerán sin acceso a colegios, CESFAM, hospitales ni locomoción colectiva. El decreto termina transformándolos en parias.

Y finalmente, ya que no se les proveerá de una vivienda adecuada, los privados terminarán entregando por caridad aquello que el Estado debería entregar por justicia. Esta política terminará por hacer más precaria la vida de más de 38.000 familias que viven ya muy precariamente. Necesitamos que se recupere la cordura: hay que derogar el DS 105. Necesitamos con urgencia una mesa de trabajo intersectorial que permita contar con un mejor diagnóstico de las razones de quienes deciden ir a vivir a un campamento, número que aumenta cada año, y proponga políticas públicas de largo plazo. Sin eso, un Decreto no resolverá el verdadero problema, que es que uno de cada cinco hogares en Chile es pobre.