Manifestacion de Coodinadora de victimas de traumas oculares | 28 de Noviembre 2019/ SANTIAGO Coordinadora de victimas de traumas oculares, durante la actividad se presentaron afectados a protestar y exijir junto a la agrupación justicia y reparación. FOTO:AILEN DIAZ/AGENCIAUNOA más de un año del estallido social, uno de los grandes temas pendientes para el Estado es otorgar reparación integral para víctimas de violaciones a derechos humanos en contexto de las protestas. Si bien el gobierno se encontraría preparando una propuesta, las agrupaciones de víctimas y profesionales que trabajan en derechos humanos aseguran que esto no debe ser una propuesta unilateral, sino que debe contar con la participación y consenso de las víctimas y sus familiares. Las agrupaciones exigen aspectos que deben ser garantizados de por vida, como salud y beneficios económicos directos, por el gran daño causado por el Estado.
Durante estas últimas semanas, al interior del gobierno se han retomado conversaciones entre la subsecretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Salud y representantes de Presidencia, según informó La Tercera, para delinear este programa que había adelantado públicamente el ex ministro del Interior, Víctor Pérez, aunque sin entregar detalles sobre su contenido. En este esquema también estaría involucrada la Dirección de Presupuestos, por la entrega de fondos que se destinaría a la iniciativa, y también el Ministerio del Interior.
La información preliminar que se maneja, hasta ahora sin dar a conocer antecedentes a las propias organizaciones de víctimas, es que sumado a estos planes de mejoras del programa de atención a víctimas de la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital El Salvador, se podría eventualmente entregar pensiones de gracia en casos particulares, en paralelo a las indemnizaciones que la justicia determine según cada caso. Para esto, citó el mismo medio, se han basado en la nómina de víctimas que maneja el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la de la UTO.
Pese a no manejar más información de lo que planea presentar el Ejecutivo, las organizaciones de víctimas hace meses han puesto sobre la mesa sus peticiones en materia de reparación. Sobre todo, quienes han debido acudir a la UTO y han evidenciado las deficiencias del programa en curso.
La coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular presentó en julio pasado una propuesta a la dirección del Hospital El Salvador solicitando diecinueve puntos a mejorar del programa. Entre ellos incorporar profesionales psiquiatras; considerar medicamentos de uso psiquiátrico; mejorar sistema de asignación de horas médicas para disminuir tiempo de espera y aglomeración; adaptar instalaciones para la cantidad de pacientes que asisten.
Y un punto muy relevante que destaca la vocera de la coordinadora, Marta Valdés, es que se extienda la atención de oftalmólogos que puedan realizar evaluación del ojo sano, es decir, no solo tratamiento del trauma ocular, sino que además de asumir atención en caso de patología ocular, déficit visual y ceguera permanente por cualquier causa, en cualquier momento de la vida. “Lamentablemente el programa contempla solo el ojo dañado y no el que está sano, el tema es que con el tiempo el otro ojito se va dañando porque se fuerza mucho más”, explica.
Cualquier programa de reparación que se proponga, afirma Valdés, debe considerar aspectos que sean cubiertos de por vida, como atención de salud que incluya la renovación de las prótesis y apoyo económico. “Estos compañeros se vieron precarizados en su vida laboral cotidiana, antes del accidente trabajaban muy bien y todo eso se vio perjudicado. El Estado debería entregar un recurso mensual a cada una de las víctimas como [el bono] Valech, y mejorado, y que también tengan atención gratuita de por vida, ya sea en lo público y lo privado”, sostiene.
Si bien esta propuesta luego fue enviada a la Minsal y al Ministerio del Trabajo, obtuvieron respuestas parciales desde estas carteras. Fue la Oficina del Alto Comisionado de la ONU que hizo los nexos para que se viabilizaran las reuniones con la Subsecretaría de Derechos Humanos. Valdés aclara que estuvieron en conversaciones cerca de un mes con la subsecretaria Lorena Recabarren, dándole a conocer la precariedad del programa, pero los encuentros se aplazaron. “No hemos tenido más reuniones y estamos esperando retomar el diálogo para ir mejorando porque nuestros compañeros lo necesitan con urgencia”, expresa.
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Asesinados en el estallido
Jorge Mora, Danilo Cárdenas, Alex Núñez, César Mallea, Germán Aburto y Romario Veloz y Paula Lorca fueron algunos de los fallecidos durante las manifestaciones del estallido social a manos de funcionarios policiales y militares. Durante esta semana la Agrupación de Familiares Asesinados en el Estallido (AFAE) se congregó a las afueras de La Moneda exigiendo justicia y reparación para las familias.
En este encuentro denunciaron que sus casos están entrampados en la justicia, lo que refleja la impunidad en que se encuentran los responsables de sus muertes. “Este gobierno y sus instituciones se han dirigido hacia nosotras y nosotros, reflejado en un abandono total, sin siquiera acercamientos ni intenciones de reparación en materia judicial, moral, psicológica, entre tantas otras aristas”, expresaron.
Mery Cortés, madre de Romario Veloz, baleado por militares en La Serena, comenta que la reparación debería comienza por destrabar los procesos judiciales para que no se sigan posponiendo las audiencias. “Que se hagan de una vez por todas, que queden presos y no solo en prisión preventiva, que queden en cárcel de manera definitiva y no en una cárcel de privilegio. Ha pasado un año y un mes, entonces, qué más están esperando. Pensé que era la única a la que me habían suspendido la audiencia, y no, no soy la única”, lamenta la mujer.
En la misma agrupación se encuentra Nataly Mora, hermana de Jorge Mora, conocido como el “Neco”. Él fue atropellado por Carabineros a las afueras del Estadio Monumental en enero de este año. Nataly reconoce que los procesos judiciales se han entorpecido aún más con la pandemia. En la causa de su hermano aun no toman declaraciones a los testigos, mientras que el funcionario policial sindicado como responsable fue suspendido de sus funciones, pero no dado de baja de Carabineros. “Siendo sincera nos esperábamos esto, era algo que sabía, aunque nos ofrezca todo el apoyo del mundo es algo que no se supera, pero tampoco lo han hecho”, dice.
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“Cuando alguien asesina a otra persona se paga con cárcel y todos los responsables, Rozas, Blumel, Piñera. Se ha hecho una coordinadora para exigir justicia por mi hermano, todas las familias nos estamos denigrando por estas injusticias, siendo que no deberíamos pedirla. Nos deberían haber entregado las herramientas necesarias y ellos deberían estar presos”, agrega.
Para ambas el gobierno los ha dejado completamente abandonados y ven imprescindible que cualquier programa de reparación los considere en términos de reparación psicológica.
Ley de indemnizaciones
Sumado a esto, se presentó un proyecto de ley, impulsado por la diputada Camila Vallejo, que busca crear un procedimiento especial para indemnizar a las víctimas de mutilaciones y lesiones por parte de agentes del Estado durante el estallido social.
Su idea matriz es que sean acelerados los procesos de reparación económica para las víctimas y sus familiares. Adicionalmente, disminuye los requerimientos probatorios para que las víctimas puedan obtener la sentencia que requieran, “tomando como base que el Estado ha incurrido en falta de servicio al proteger los derechos a la vida, y la integridad física y síquica de los manifestantes o de personas que se encontraban presentes en lugares en que se desarrollaban manifestaciones sociales debiendo sólo acreditar la existencia y cuantía del daño, y el hecho de haber sido ocasionado bajo las circunstancias antes señaladas”.
Para esto se han reunido con familiares de víctimas, especialmente, para elaborar los principales aspectos que deben ser costeados por el Estado, asumiendo la responsabilidad en tales vulneraciones. Marta Cortéz, mamá de Óscar Pérez, joven que fue aplastado entre dos carros blindados de Carabineros en la “Plaza Dignidad”. “Esto surgió de un grupo de ciudadanos que le pidió a Camila que presentara algo sobre eso, ella se puso a disposición, se pusieron en contacto con el abogado y se hicieron reuniones donde vimos que agregaríamos o no. Al comienzo, estaba un poco más restringido, por ejemplo, no se veían como víctimas a las familias, que al final nos hemos visto afectados en tiempo, en dinero. Ese tipo de cosas se han ido incluyendo”, señala.
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Consenso con las víctimas
Enrique Morales, presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, explica que los factores que se deben tener en cuenta, en términos de reparación, no solo deben apuntar a la mejora de salud física y parcialmente en salud mental, sino que deben ampliarse a la reparación social, económica y al núcleo familiar.
Para hablar de una reparación consistente se debe considerar verdad y justicia, es decir, que se esclarezcan los hechos ocurridos y que los responsables sean identificados y sancionados. Esto debe ir de la mano con garantías de no repetición porque, aclara Morales, la gente podría volver a ser víctima de vulneración de no aplicarse estos mecanismos. “El solo hecho de que ocurran nuevas situaciones de connotación pública a nivel nacional van revictimizando a las personas, como las víctimas del estallido que ven nuevos casos como un joven arrojado desde el puente al río, son hechos de revictimización”, explica.
Otro punto es la reparación social por el impacto que les genera verse enfrentados a estas situaciones. “Muchas han sido calificadas de manera pública como violentistas, saqueadores, ha habido una denostación a su vida y muchos han sufrido daños económicos importantes, como las víctimas de trauma ocular que han pasado a tener visión monocular”, dice Morales.
Al pensar en reparación integral, Francisca Pesse, coordinadora de la comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos, enfatiza que es muy necesario tener ‘criterios de satisfacción” con las víctimas. “El Estado debe poner de alguna manera este abanico de medidas de reparación que cubran las suficientes dimensiones del daño, pero eso debe ser consensuado con las víctimas. Eso implica que se garantice el acceso a ciertos servicios, no necesariamente del Estado como las personas que están recibiendo atención psicológica por las organizaciones que se han creado al alero del estallido social, como Salud en Resistencia, ahí el Estado debe garantizar la continuidad porque ya hay vínculos y, puede ser, que una persona violentada por el Estado no quiere ser atendida por un funcionario público, menos si el conflicto sigue en desarrollo”, comenta.
Morales destaca la situación de los detenidos que se mantuvieron alrededor de un año privados de libertad y que durante el último mes han sido absueltos por la justicia. “Es algo que se repite mucho y que nos ha tocado constatar en muchas oportunidades, los juicios se demoran mucho tiempo y muchas veces se abusa de la condición de prisión preventiva y las personas pasan largos periodos presos y ven interrumpidos estudios, trabajos. Significa un gran trauma porque las condiciones al interior de los recintos penitenciarios son muy complejas e implica que las personas se enfrenten a muchas vulneraciones en su interior”, explica. Es por eso que insiste en que la rehabilitación en salud mental debe ser permanente porque generalmente los daños se mantienen en el tiempo para las víctimas.
Publicado: 22.11.2020
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