La Cámara Baja aprobó -con algunos votos oficialistas- la semana pasada una iniciativa que propone que el Estado entregue pensiones de gracia a víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, post 18 de octubre de 2019.

Se trata de una indicación que incorpora una glosa 12 nueva a la Partida 50 del Tesoro Público en la Ley de Presupuesto 2021, propuesta por los diputados Daniel Núñez (PC), Raúl Soto (bancada PPD), Daniel Verdessi (jefe de bancada DC), Luis Rocafull (PS) y Giorgio Jackson (RD, Frente Amplio), publica hoy El Mercurio.

Otorga pensiones de gracia a "aquellas víctimas de violaciones a los derechos humanos acreditadas por el Instituto de Derechos Humanos que a causa de sus lesiones sufran un menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo desde el 18 octubre de 2019 en adelante".

Por ser una iniciativa sobre la administración financiera o presupuestaria del Estado, facultad exclusiva del Presidente de la República, la mesa de la Cámara Baja la había declarado inadmisible. Sin embargo, en Sala los diputados la admitieron a tramitación y luego la aprobaron con 60 votos a favor, tres de ellos de la derecha: la RN Ximena Ossandón, la ex UDI Virginia Troncoso y la independiente Érika Olivera; tuvo 34 en contra y 7 abstenciones -todas del oficialismo-.

"Pedimos que se contemple y se deje abierta la posibilidad que el Estado entregue una pensión de gracia a aquellas personas que han sido víctimas de violaciones a los DD.HH. y que hoy día se encuentran en la práctica en condición de discapacitados. Muchas veces le hemos pedido al Gobierno que tiene el deber ético de entregarlas. No tiene el sentido de obligación, sino que se deje abierta la posibilidad (...) No queremos que Fabiola Campillay, Mario Acuña y Rolando Robledo vivan de la caridad", expuso Núñez durante el debate en Sala el jueves pasado.