El juez en su resolución estableció que la tortura es un delito de lesa humanidad, por lo tanto no prescribe y es inamnistiable, para ello se basó en tratados internacionales que dan cuenta de estos ilícitos que se cometieron durante la dictadura.
La Nación
Foto:Leandro Chavez
La segunda sala de verano de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó ayer los procesamientos dictados el 27 de enero pasado contra los agentes responsables de las torturas que sufrió en los años ochenta el actual diputado socialista Sergio Aguiló.
En fallo unánime, los ministros Omar Astudillo, Adelita Ravanales y la abogada integrante Paola Herrera ratificaron los encausamientos resueltos por el ministro de fuero Alejandro Solís. Este último tras seis años de investigación procesó al ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán, al brigadier (R) Roberto Schmied, al coronel (R) Alejandro Morel y al suboficial de Carabineros (R) Manuel Gallardo como autores de los apremios contra el parlamentario que fue detenido en 1981 cuando era militante de la Izquierda Cristiana (IC). Asimismo, el magistrado encargó reo, como cómplices del mismo ilícito, a los agentes Sergio Díaz y Carlos Ruperto Contreras.
El juez en su resolución estableció que la tortura es un delito de lesa humanidad, por lo tanto no prescribe y es inamnistiable, para ello se basó en tratados internacionales que dan cuenta de estos ilícitos que se cometieron durante la dictadura.
En el caso particular de Aguiló se estableció que “el 4 de diciembre de 1981 (…) cuando lo trasladan al recinto de calle Borgoño (de Investigaciones), en cuyo subterráneo, con la vista vendada, fue torturado durante diez días, mediante la aplicación de corriente eléctrica en su cuerpo, mientras era interrogado sobre sus vínculos con la IC y para que delatara a sus miembros”.
En fallo unánime, los ministros Omar Astudillo, Adelita Ravanales y la abogada integrante Paola Herrera ratificaron los encausamientos resueltos por el ministro de fuero Alejandro Solís. Este último tras seis años de investigación procesó al ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán, al brigadier (R) Roberto Schmied, al coronel (R) Alejandro Morel y al suboficial de Carabineros (R) Manuel Gallardo como autores de los apremios contra el parlamentario que fue detenido en 1981 cuando era militante de la Izquierda Cristiana (IC). Asimismo, el magistrado encargó reo, como cómplices del mismo ilícito, a los agentes Sergio Díaz y Carlos Ruperto Contreras.
El juez en su resolución estableció que la tortura es un delito de lesa humanidad, por lo tanto no prescribe y es inamnistiable, para ello se basó en tratados internacionales que dan cuenta de estos ilícitos que se cometieron durante la dictadura.
En el caso particular de Aguiló se estableció que “el 4 de diciembre de 1981 (…) cuando lo trasladan al recinto de calle Borgoño (de Investigaciones), en cuyo subterráneo, con la vista vendada, fue torturado durante diez días, mediante la aplicación de corriente eléctrica en su cuerpo, mientras era interrogado sobre sus vínculos con la IC y para que delatara a sus miembros”.
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