El 98% de los municipios del país debe más de $512 mil millones en cotizaciones previsionales a sus trabajadores
INVESTIGACIÓN
20 DE JUNIO DE 2025El 98% de los municipios del país debe más de $512 mil millones en cotizaciones previsionales a sus trabajadores
Prácticamente no hay ningún municipio ni corporación municipal del país que no deba cotizaciones previsionales a sus funcionarios. Esa deuda, según cifras oficiales a las que accedió The Clinic, supera los $512 mil millones, y revela que el 98% de las municipalidades del país está al debe. Solo seis comunas concentran el 35% de la deuda total que, además, aumentó explosivamente en los últimos cuatro años. La mayoría de los municipios consultados dijo que las deudas se deben a desfalcos de dineros municipales a costa de las cotizaciones previsionales. Y hay más: The Clinic comprobó que los principales municipios endeudados han seguido recibiendo traspasos desde el Fondo Común Municipal, a pesar de que la ley dice que no pueden hacerlo mientras adeuden cotizaciones a sus trabajadores.
Por Nicolás Cerpa, Benjamín Bravo y Gabriela Pizarro
Hace unos días la Contraloría emitió un dictamen que devolvió a Virginia Reginato a la palestra pública: la exalcaldesa de Viña del Mar, concluyó el ente fiscalizador, deberá reintegrar una suma importante de dinero a las arcas municipales. Aún no está claro el monto que deberá restituir —eso se resolverá en un juicio de cuentas—, pero sí lo está el motivo para devolverlos: en su gestión hubo pagos irregulares de horas extras con dineros que, en realidad, debían financiar las cotizaciones previsionales y de salud de los funcionarios del municipio.
El informe de Contraloría detectó que esa situación generó una deuda de cotizaciones previsionales que, al 30 de septiembre de 2023, ascendía a los casi $16 mil millones.
Ese monto es solo una parte de las cotizaciones previsionales impagas a los funcionarios municipales del país. The Clinic accedió a cifras del Instituto de Previsión Social (IPS) y la Superintendencia de Pensiones (SP), las dos organizaciones a cargo de registrar las deudas, dependiendo del sistema al que pertenecen los funcionarios (AFP o sistema antiguo). El cruce de esos datos arroja que, a marzo de 2025, el 98% de los municipios del país (339 de 345) registra, en total, más de $512 mil millones en cotizaciones previsionales impagas a sus funcionarios.
De ese total, hay seis comunas que acaparan el 35% de la deuda. Ancud, por ejemplo, suma entre la corporación municipal y el gobierno local más de $41 mil millones en cotizaciones impagas; La Serena, entre la corporación y el municipio, deben casi $35 mil millones a sus funcionarios; Quilpué acumula una deuda que proviene mayoritariamente desde la corporación municipal, superando los $28 mil millones; San Miguel, en tanto, también suman más de $28 mil millones de deuda; Cerro Navia tiene más de $26 mil millones impagos; y San Fernando suma casi $23 mil millones en cotizaciones impagas.
Consultados por The Clinic, de los seis municipios cuatro indicaron que el aumento de las deudas previsionales se explica por gestiones municipales anteriores que fueron deficientes y que incluso protagonizaron importantes desfalcos de dinero, los que hoy están siendo investigados por la justicia por el delito de fraude al fisco.
La deuda total no solo incluye las cotizaciones impagas de los municipios como tales, sino también las de sus respectivas corporaciones municipales. Al menos en las seis comunas con mayor deuda se repite el mismo patrón: son las corporaciones las que concentran más del 95% de las cotizaciones impagas, mientras que los municipios arrastran un porcentaje menor de deuda.
Desde 2021 a marzo de este año, según la información de la Superintendencia de Pensiones, la deuda previsional de los municipios aumentó en 258%. Una cruda realidad que para algunos funcionarios no tuvo ni tendrá solución: según información recopilada por The Clinic, hay varios casos de funcionarios municipales que fallecieron mientras esperaban que esa deuda fuera saldada. Así lo demuestran varios informes de Contraloría, donde se constata que 32 trabajadores municipales de Viña del Mar y La Serena fallecieron con sus cotizaciones impagas: 28 en la capital de la Región de Coquimbo y cuatro en la ciudad jardín.
Hay otra arista que podría agravar la situación. Según la normativa vigente, los municipios que mantengan cotizaciones previsionales impagas no podrán recibir dineros provenientes del Fondo Común Municipal, la principal fuente de financiamiento de los gobiernos locales del país. ¿El problema? Al menos tres municipios consultados por The Clinic confirmaron que han seguido recibiendo remesas desde ese fondo, a pesar de lo que indica la ley.
La Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Chile (Fentramuch) acusa que han acudido a diversas instancias para denunciar la deuda previsional. Incluso, dicen, viajaron a Ginebra, Suiza, para reclamar ante la Organización Internacional del Trabajo.
Las excusas de los municipios
The Clinic basó esta investigación en las cifras entregadas por el IPS y la SP a la Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Chile, quienes llevan años reclamando por la situación. La IPS y SP manejan cifras distintas, porque cada una trata tipos distintos de afiliados a sistemas previsionales: el IPS se encarga de los afiliados al sistema previo a las AFP, mientras que la superintendencia está a cargo de los afiliados al sistema actual. La suma de la deuda registrada por esas dos instituciones da el total que hoy reclama la Fentramuch: más de $512 mil millones.
Hasta marzo de este año, la superintendencia registraba una deuda de más de $215 mil millones. Ese número no ha hecho más que crecer en los últimos años: desde finales de 2021 la deuda aumentó en un 258%, pasando de $60 mil millones a la cifra actual. Además, esa institución informó que, considerando solo los afiliados al sistema actual de AFP, son más de 236 mil los funcionarios municipales afectados.
Los datos que maneja el Instituto de Previsión Social son similares. The Clinic accedió a los registros actualizados al cierre de diciembre de 2024, donde detallan la suma adeudada por los municipios, corporaciones y sus departamentos de salud y educación. El monto asciende a más de $296 mil millones.
The Clinic contactó a los seis municipios que concentran el 35% del total de la deuda: Ancud, La Serena, Quilpué, San Miguel, Cerro Navia y San Fernando. Entre las seis, los montos impagos ascienden a más de $181 mil millones.
El único municipio que no respondió fue el de Ancud, que es el más endeudado. En cuanto a las razones que explicarían las altas deudas, la mayoría de esos municipios —La Serena, San Miguel, Cerro Navia y San Fernando— apuntaron a lo mismo: las deudas por cotizaciones previsionales fueron provocadas por gestiones anteriores que desfalcaron dineros municipales, y eso terminó afectando a los funcionarios. Además, todos apuntaron a que hay juicios de cuentas abiertos y causas penales en curso para encontrar a los responsables de esos desfalcos.
Desde la Municipalidad de San Fernando, por ejemplo, le dijeron a The Clinic que el motivo de las deudas es producto de “décadas de mala administración y de actos de defraudación”. Ejemplo de ello, continúa la respuesta, “es la causa penal por fraude al fisco y otros delitos que la Fiscalía lleva contra el exalcalde Luis Berwart Araya, el administrador municipal de su periodo Pablo Bravo, y el exsecretario general de la Corporación, Leónidas Quiroga Montenegro. Según la administración actual, liderada por el alcalde Pablo Silva, durante la gestión de su antecesor “se priorizaba o destinaba los recursos destinados al pago de cotizaciones, para otros fines”. Además, indicaron que la deuda se arrastra desde la creación de la corporación, en 1986 (vea aquí la respuesta completa de la Municipalidad de San Fernando).
Por su parte, la Municipalidad de Cerro Navia, liderada por el alcalde Mauro Tamayo, también atribuyó la deuda a las malas gestiones anteriores: “Había una organización de personas que llegaron a la municipalidad a cometer delitos de fraude, lo cual fue confirmado recientemente por el Juzgado de Garantía de Santiago, condenando al exalcalde Luis Plaza y al exadministrador municipal de Cerro Navia y gerente de la corporación, Marcelo Torres, y Marcela Morales, ex administradora municipal, por fraude al fisco”.
Además, aseguraron que actualmente la institución municipal no tiene deudas previsionales, y que es la corporación la que tiene este problema, aunque ya se han pagado alrededor de $2.500 millones de los $26 mil millones que adeudan (vea aquí la respuesta completa de la Municipalidad de Cerro Navia).
Desde la Municipalidad de la Serena afirmaron que existen tres razones que explican el crecimiento sostenido de la deuda: una sobredotación de personal, “especialmente en el área de educación, que generó gastos significativamente superiores a los ingresos disponibles”; la contratación de servicios externos “innecesarios o con valores por sobre el precio de mercado, en algunos casos sin cumplir con los requisitos normativos”; y una sobre ejecución presupuestaria “que comprometió recursos más allá de los efectivamente ingresados, afectando directamente el pago de las cotizaciones previsionales” (vea aquí la respuesta completa del municipio de La Serena).
Desde el municipio de San Miguel, encabezado por la alcaldesa Carol Bown, señalaron que las cotizaciones previsionales impagas datan desde 1995, y que no fueron regularizadas durante 25 años “por las administraciones anteriores”. Ese atraso, afirmaron, produjo “una deuda que supera el 30.000% del monto original. En ese sentido, la deuda original era de 95 millones, sin embargo, con la aplicación de intereses y multas, y por la falta de gestión de la misma, hoy esa deuda llega a los 28.000 millones” (vea aquí la respuesta completa del municipio de San Miguel).
Un caso aparte es el de Quilpué. Su alcaldesa, Carolina Corti, explicó a The Clinic que al asumir su cargo se identificó que la corporación municipal mantenía una deuda previsional, la que ya habría sido saldada: “Cuando asumí el cargo de alcaldesa en diciembre del año pasado, la deuda de la corporación municipal era de $2.400 millones. La municipalidad no tenía problemas de deuda previsional (…) nosotros llegamos y saneamos todo”.
La información aportada por el Instituto de Previsión Social solo abarca hasta diciembre de 2024, mientras que la Superintendencia de Pensiones registra más de $604 millones adeudados por la corporación municipal a marzo de este año.
“Le corresponde al Instituto Provisión Social la depuración y también a la Superintendencia de Pensiones. Nosotros estamos tratando de hacer más de lo que deberíamos. Dado que ustedes levantan el tema, para mí va a ser súper importante oficiar a que ambas instituciones se encarguen de depurar sus listados y las deudas que les aparecen, que no son reales”, afirma la alcaldesa.
El problema del Fondo Común Municipal
El Fondo Común Municipal es la principal fuente de financiamiento de los gobiernos locales del país. Sin embargo, según el Artículo 60 bis del Decreto 2385, las municipalidades que mantengan deudas previsionales impagas no podrán recibir remesas provenientes de ese fondo. La misma norma establece un protocolo para identificar a los municipios deudores y frenar los traspasos, pero The Clinic pudo comprobar que en la práctica eso no está funcionando.
¿Qué dice ese protocolo? En palabras simples, que la Superintendencia de Pensiones debe notificar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) sobre aquellos municipios o corporaciones que tengan deudas previsionales, pues es la Subdere el organismo encargado de calcular cuánto debe recibir cada municipio desde el fondo común. Una vez notificada, la Subdere solicitará a la Tesorería General de la República (TGR) “que se abstenga de efectuar las remesas por anticipos del Fondo Común Municipal, mientras la municipalidad respectiva no cumpla con la obligación señalada”.
La información a la que accedió The Clinic evidencia que, a pesar de las altas deudas previsionales, los gobiernos locales han continuado recibiendo financiamiento desde el FCM.
Este medio revisó las cuentas públicas de los municipios con mayor deuda previsional. Cerro Navia, por ejemplo, informó que entre enero de 2019 y diciembre de 2024 acumularon más de $22 mil millones en traspasos provenientes desde el FCM. Mientras que San Fernando y Ancud recibieron alrededor de $9 mil millones cada uno desde ese fondo, según lo expuesto en sus últimas cuentas públicas.
Desde la Superintendencia de Pensiones y la Subdere indicaron a este medio que ambas cumplieron con su parte del protocolo, pero que la decisión final de entregar los fondos recae en la Tesorería General de la República, institución que hasta el cierre de este reportaje no contestó a las consultas enviadas.
El reclamo de los funcionarios
Debido al aumento sostenido de las deudas y la —según ellos— poca respuesta de las autoridades, la Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Chile ha enviado desde fines de 2020, al menos, un oficio por año a la Contraloría General de la República (CGR) reportando datos actualizados sobre la deuda de las municipalidades y sus corporaciones.
En el primer oficio que enviaron, fechado el 19 de octubre de 2020, el presidente de la federación Fabián Caballero, pidió a la Contraloría “ordenar a las Entidades Edilicias deudoras de cotizaciones previsionales, su pago, y establecer las responsabilidades administrativas que correspondan”. Esta petición es la misma que han repetido durante los últimos cinco años.
En enero de 2022, el ente contralor respondió por primera vez a los reclamos de la Fentramuch. Mediante un oficio, la Contraloría les informó que durante 2021 iniciaron diversas auditorías a distintos municipios, y que los resultados estaban disponibles en su sitio web. Según el documento, las auditorías fueron realizadas a 29 municipalidades, una corporación y un departamento de educación municipal (vea aquí ese oficio). Pero según los dirigentes de la Fentramuch, esas investigaciones impulsadas por la Contraloría no lograron disminuir el monto de la deuda.
Más de dos años después, el 24 de diciembre de 2024, la Contraloría envió un nuevo informe a la federación informando que durante ese año iniciaron 30 fiscalizaciones a distintas municipalidades que tenían como objetivo determinar “el oportuno pago de cotizaciones previsionales por parte de algunos municipios del país”. Debido al elevado número de fiscalizaciones que realizaron durante el año, la información que recabaron iba a ser analizada durante 2025. Pero hasta la fecha, la federación no ha recibido actualizaciones.
Ante las consultas realizadas por este medio, el ente fiscalizador no estuvo disponible para entregar su versión.
Ante la falta de respuesta en las instituciones chilenas, la Fentramuch decidió elevar sus reclamos ante organismos internacionales. En junio de 2024, Fabián Caballero viajó hasta Ginebra, ciudad al sur de Suiza, para poner una reclamación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en contra del Estado de Chile. Esta organización cuenta con 187 países miembros, quienes pueden ingresar un recurso de reclamación cuando su Estado, según ellos, “no ha adoptado medidas para el cumplimiento satisfactorio, dentro de su jurisdicción, de un convenio en el que dicho miembro sea parte”. Dos meses después, en agosto del año pasado, la federación puso una segunda reclamación por apropiación indebida en contra de los alcaldes a cargo de los municipios deudores. En total, alegan que al menos tres convenios suscritos por Chile ante la OIT se han incumplido a raíz de la deuda.
En el documento de junio, exponen que la federación “ha puesto en conocimiento de las autoridades chilenas, diversos certificados emitidos por las instituciones previsionales competentes, relativos a los registros de deudas que poseen las Municipalidades y Corporaciones Municipales del país con sus trabajadores, sin que ello haya significado gestión alguna tendiente a recuperar las cotizaciones adeudadas y/o detener el incremento que año a año se produce en la deuda de los trabajadores municipales del país”.
El 16 de diciembre pasado, la Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT, Corinne Vargha, respondió a las reclamaciones presentadas por la Fentramuch. En el escrito, les informó que ambas se declararon admisibles, respecto a dos de los tres convenios alegados y que por ende se decidió “establecer un comité tripartito para proceder a su examen de manera conjunta” (vea aquí esa respuesta).
Según informó Fabián Caballero, ese mismo día el Ministerio del Trabajo, liderado en ese entonces por la actual precandidata presidencial Jeannette Jara, tomó conocimiento de la situación y se comprometió a crear mesas de trabajo para poner atajo a la situación.
A pesar de que desde la Fentramuch reconocen que se conformaron las mesas de trabajo, el 9 de junio de este año, la federación interpuso nuevamente una reclamación ante la OIT. En ese documento afirman que “éstas (mesas de trabajo) sólo se han materializado para aparentar el cumplimiento del procedimiento de reclamación, puesto que desde la fecha de la primera instalación, no se han tenido nuevos acercamientos por parte de los funcionarios de la Dirección del Trabajo designados para tales efectos”.
Consultados por The Clinic, desde el Ministerio del Trabajo aseguraron que “ya existe una mesa de negociación nacional integrada por el Gobierno de Chile, la OIT y Fentramuch, establecida en 2021 como consecuencia de la primera reclamación”.
En relación a los mecanismos que han evaluado para abordar el problema, el Ministerio afirmó que “reconoce la importancia de abordar esta problemática y efectivamente la Unidad de Relaciones Internacionales —encargada de gestionar los reclamos que se hacen llegar ante la OIT por vulneración de tratados internacionales— ha evaluado diferentes mecanismos institucionales para avanzar en una solución. En ese sentido, cabe hacer presente que el ministerio mantiene una comunicación permanente con la OIT sobre estos temas y está comprometido con encontrar soluciones dentro del marco legal vigente”.
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