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Evidencia fotográfica: La Armada de Chile prepara nuevo golpe de Estado con escuela de torturas
El medio electrónico Panoramas News publicó este viernes una serie de fotografías que demuestran la existencia de entrenamientos de "guerra urbana" en recintos de la Armada de Chile, con años de antigüedad, cuyo objeto es preparar a los próximos represores en un eventual escenario de conflicto interno o golpe de Estado.
En las instalaciones, que se encuentran en los galpones interiores de la Escuela de Fuerzas Especiales de la Infantería de Marina en Salinas y Fuerte Aguayo, Región de Valparaíso, se cuelga y flagela a funcionarios, principalmente grumetes o gente de mar, en directa similitud con los entrenamientos de tortura impartidos por la ex Escuela de las Américas.
La Armada gestó y dio curso al golpe de Estado de 1973, entrenando terroristas y saboteadores que realizaban operaciones clandestinas en contra del gobierno de Salvador Allende. Entre ellas, el asesinato del edecán naval, Arturo Araya, el 26 de Julio de ese año.
Torturó, además, a los marinos constitucionalistas que alertaron de la maniobra. De esta manera, muchos luchadores sociales, sacerdotes y pobladores pagaron con su vida la ingenuidad de quienes confiaron en la rectitud de los golpistas.
En el presente, la Armada se prepara para el próximo golpe de Estado, con una escuela de torturas, que llaman, eufemísticamente, "Campo de Prisioneros", en donde se entrenan funcionarios de inteligencia – DIRINTA y de las Fuerzas Especiales.Cuenta, para estos menesteres con la asesoría profesional de la embajada de Estados Unidos y de la CIA.
Las instalaciones, se encuentran en los galpones interiores de la Escuela de Fuerzas Espaciales de la Infantería de Marina, en Salinas y Fuerte Aguayo, V Región. Como son ultra católicos, tienen una cruz para colgar y flagelar a las víctimas, personas de extracción humilde, principalmente grumetes o gente de mar.
Este curso se complementa con el de "Combate Especial", cuyos escenarios de guerra se ubican en sectores urbanos, especialmente poblaciones periféricas y barrios industriales, al interior del país, en un contexto de guerra irregular y de excepción constitucional. En otras palabras, se alistan para un futuro golpe de Estado o para una situación de dictadura.
Apenas, se nacionalice el cobre o la administración de los fondos de pensiones vuelva a los trabajadores, los traidores estarán prestos a cobrar sus treinta monedas de plata, por masacrar al pueblo.
Todo este entrenamiento se hace bajo las barbas de la civilidad. En la Armada ven a los civiles y a sus representantes como imbéciles, siempre dispuestos a tragarse cualquier cuento que encubra estas actividades. Es más, estiman que, con un activo departamento de relaciones públicas, que organize variados cócteles,vituperios, entrega de canapés y algunas invitaciones a navegar, con el gentil auspicio del erario nacional, se puede convencer, a cualquier político, de mantenerse alejado de la fiscalización y control, sobre la institución, como lo exige un sistema repúblicano y democrático.
Algunos marinos de hoy, han querido denunciar estas atrocidades, pero, como en el pasado, son perseguidos por ello.
El Juzgado y la Fiscalía Naval de Talcahuano, en complicidad con la Corte Naval, los han amenazado con 10 años de cárcel, si no se callan. Para eso les imputan el crimen de un civil, ocurrido el 10 de marzo de 2010, en Hualpén. Quién descubrió este montaje fue la doctora Carmen Cerda Aguilar – perita forense en el caso del asesinato del presidente Frei Montalva. La Armada, para seguir extorsionado a los marinos denunciantes, les ocultó los vales de bencina que acreditan su inocencia, dado que estos documentos prueban que no se encontraban en el lugar de los hechos a la hora en que éstos ocurrieron.
La Moneda, el ex Ministro de Defensa, Andrés Allamand y el actual, Rodrigo Hinzpeter, saben de estos antecedentes. La CUT, se los informó, oportunamente, a través de una denuncia ingresada en la oficina de partes de la Presidencia de la República, hace más de un año. Nada han investigado.
El temor de la Armada, radica en la difusión de las siguientes fotografías que muestran lo que, actualmente, ocurre en sus dependencias, dado que los marinos afectados están dispuestos a declarar ante la Cámara de Diputados y los tribunales, menos en la Justicia Militar, por razones obvias.
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En estos simulacros participan funcionarios de inteligencia (DIRINTA) y de las Fuerzas Especiales con apoyo de instructores estadounidenses, en virtud de los convenios de asesoría profesional con la embajada de Estados Unidos y la fructífera relación de la Armada chilena con la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
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Cabe destacar que estas relaciones no son nuevas. En el pasado, la Armada gestó y dio curso al golpe de Estado de 1973, entrenando terroristas y saboteadores que realizaban operaciones clandestinas en contra del gobierno de Salvador Allende. Entre ellas, el asesinato del edecán naval Arturo Araya, el 26 de julio de ese año.
Este curso se complementa con el de "Combate Especial", cuyos escenarios de guerra se ubican en sectores urbanos, especialmente poblaciones periféricas y barrios industriales al interior del país, en un contexto de guerra irregular y de excepción constitucional. En otras palabras, se alistan para un futuro golpe de Estado o para una situación de dictadura.
Algunos marinos de hoy han querido denunciar estas atrocidades, pero, como en el pasado, han sido perseguidos por ello. El Juzgado y la Fiscalía Naval de Talcahuano, en complicidad con la Corte Naval, han amenazado con 10 años de cárcel a estos marinos si no se callan. Para eso les imputan el crimen de un civil ocurrido el 10 de marzo de 2010 en Hualpén, poco después del terremoto del 27/F.
Quién descubrió este montaje fue la doctora Carmen Cerda Aguilar – perito forense en el caso del asesinato del presidente Frei Montalva. La Armada, para seguir extorsionado a los marinos denunciantes, les ocultó los vales de bencina que acreditan su inocencia, dado que estos documentos prueban que no se encontraban en el lugar de los hechos a la hora en que éstos ocurrieron.
La Moneda, el ex ministro de Defensa, Andrés Allamand y el actual titular de esa cartera, Rodrigo Hinzpeter, están en conocimiento de estos antecedentes. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se los informó oportunamente a través de una denuncia ingresada en la oficina de partes de la Presidencia de la República hace más de un año. Nada han investigado.
Los marinos afectados están dispuestos a declarar ante la Cámara de Diputados y los tribunales por los vejámenes que sufrieron como partícipes de estas prácticas de tortura.
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