El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina realizó un informe que analiza patrones como el uso de la fuerza, aspectos normativos y disposiciones legales en países como Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Venezuela.
Por Constanza Cabrera
FRANCISCO FLORES SEGUEL/AGENCIAUNO
Este jueves fue lanzado a nivel internacional el informe “Los estados latinoamericanos frente a la protesta social”, estudio coordinado con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, y que considera la participación de organizaciones de derechos humanos de ese país y otras ocho naciones de Latinoamérica.
La investigación aborda aspectos normativos –restricciones legales y administrativas-, así como disposiciones y legislaciones especiales utilizadas en algunos de ellos, como son la necesidad de aviso previo para manifestarse y el uso de leyes antiterroristas en Chile, Brasil, Colombia, México, Paraguay, Perú y Venezuela.
El informe confirma que la respuesta de los Estados de los países estudiados a la protesta social es violenta y concluye que “la criminalización de activistas, políticas públicas que buscan limitar o restringir las manifestaciones y la impunidad de las violaciones de los derechos humanos son características comunes”.
Asimismo, la documentación señala que si bien existen algunas experiencias que muestran la voluntad de desarrollar mecanismos democráticos de gestión de los conflictos, en muchos casos existen dificultades para transformarse en políticas públicas con continuidad.
El informe concluye: “Una respuesta democrática de los Estados a los conflictos y las protestas sociales implica el compromiso de garantizar los derechos de reunión, de petición, de expresión y de participación”. Además asegura que el principio de legitimidad se basa en dos pilares: “el reconocimiento del derecho de los peticionantes a hacer reclamos debe dar lugar a habilitar canales de gestión política, capaces de dar respuestas a los problemas de fondo”; y que ” los operativos de seguridad en las manifestaciones públicas deben estar guiados por principios orientados a la no represión y a la protección de derechos”.
La situación en Chile
En nuestro país, el estudio contó con la participación del Observatorio Ciudadano y la Corporación Humanas, donde se constata uno de los casos más graves de aplicación de este tipo de “leyes especiales”, con las penas más altas del ordenamiento jurídico, bajo normas procesales que no se adecuan a los estándares de derechos humanos, como el uso de testigos de acusación anónimos o la detención preventiva.
Al respecto, el director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, destacó que el informe “aborda uno de los déficit más graves de nuestro país en materia de derechos humanos. La permanencia del Decreto Supremo 1.086 que establece la necesidad de obtener autorización previa para el ejercicio de reunión constituye una paradoja, dado que la propia Constitución lo garantiza”.
En esa misma línea, el abogado del Observatorio Ciudadano y también parte del equipo de investigadores del informe, Felipe Guerra, sostiene que el caso de Chile es paradigmático. “El marco jurídico nacional presenta graves deficiencias respecto a la regulación que hace del ejercicio de los derechos vinculados a la protesta social, algunas de estas deficiencias se encuentran inscritas y otras vienen dadas a nivel de desarrollo legal”, explica.
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