Por Antonia Paz
Para el año 2019 la Dirección General de Aguas programó 38 remates de derechos de agua de ríos y esteros, de ellos 37 están situados en la Región del Biobío, es decir, el 97%. Esto, según explican algunos expertos, sería principalmente para empresas que desean hacer hidroeléctricas.
 
Frente a este escenario varias comunidades y organizaciones han realizado manifestaciones y tomado medidas legales. Por ejemplo, el senador Alejandro Navarro, junto a la werkén de la comunidad de Butalelbun en Alto Bíobío, Carmen Paine y a Abel Marilao interpusieron un recurso de protección para bloquear el remate del Río Queuco.

El principal argumento del recurso fue que “las aguas que se pretende rematar, son de propiedad ancestral de los indígenas de la zona. Como es sabido, la propiedad indígena ancestral ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional como una “especie de propiedad” (…) No solo eso, sino que el Río Queuco, es parte de la forma de vida, costumbres y filosofía (cosmovisión) del pueblo pehuenche”.

El abogado Roberto Quiñelén aseguró a El Mostrador que el llamado a remate de los derechos de aguas “claramente es para poder utilizarlos para nuevas hidroeléctricas, hay una planta más abajo que se incorpora al sistema interconectado central y que utiliza las aguas del Queuco, y poco se habla de ella”. Específica que el recurso es solo “una forma de demorar la venta de aguas”, pero que “si a esto no se le da un sentido de solución legal y no un parche, vamos a continuar con estos remates”.

El tema del “mercado del agua” es algo que ha estado constantemente en discusión. Pero las dificultades para hacer una nueva reforma al Código de Aguas han hecho que el proyecto no se lleve a cabo, a pesar de que  la crisis hídrica en Chile ha estado en portadas de diarios internacionales y que distintos parlamentarios hayan realizado un esfuerzo para agilizar este asunto.

Las comunidades aseguran que van a defender “todos los ríos”. Además, un integrante de Salvemos los Ríos, Freddy Queupil, dijo que: “Los ríos de ninguna forma se tienen que intervenir, ni con proyectos, ni con venta, ni nada que les genere algún tipo de daño, esto a la larga va a significar extracción de afluente a extracción de agua”.

De igual manera, la abogada, Manuela Royo, afirmó que “lo importante es concebir que el derecho al agua es un derecho humano y es fundamental. El Código de Aguas y la legislación interna no cumplen con los principios básicos del derecho humano al agua, eso siempre se debe considerar”.