By Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo) Enero 2020
Foto: Presidencia de Chile
El único resultado pasable de la encuesta CEP, del 16 de enero de 2020, es que aún la mayoría de los chilenos prefiere la democracia a la dictadura o al autoritarismo: Pinochet, en su transacción con la Concertación en el ocaso de su dictadura no logró podrir a este país del todo.
Las dictaduras son peores que la peste negra para los países que las han sufrido. Los alemanes estuvieron, por mucho tiempo, avergonzados por haber permitido y callado los horrores de la dictadura de A. Hitler y, actualmente, son personas decentes que prohíben la propaganda nazi.
En Perú, el “Chino” Alberto Fijimori, que ha intentado perpetuarse en su hija Keiko, jefa de una asociación ilícita para delinquir, logró podrir al Perú, país del Virreinato e hijo predilecto de Simón Bolívar. A través de la historia esta nación ha tenido Presidentes asesinos, bellacos y ladrones, (Riva Agüero, Mariano Ignacio Prado, Nicolás Piérola, Augusto Leguía, Sánchez Cerro, Velasco Alvarado, Morales Bermúdez, y los más actuales, Alán García, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuzinski).
Los chilenos, que son mucho más engreídos que los peruanos, hemos transmitido la creencia popular que nuestros Presidentes no han sido ni corruptos, ni ladrones, (incluso, en las elecciones votan por candidatos millonarios, pues creen, en su ingenuidad, que no “necesitan” robar), pero la historia es muy distinta de la que se enseña en los colegios: antes nuestro guía impuesto era el del autor Francisco Frías Valenzuela, y el más leído era el resumen de la Historia de Chile, de Francisco Antonio Encina, efectuado por el historiador español, Leopoldo Castedo, que abarcaba un conjunto de plagios y leyendas, (es claro, no atribuibles a Castedo).
No es extraño que los chilenos sigan creyendo que Germán Riesco, Juan Luis Sanfuentes, Arturo Alessandri Palma y Gabriel González… y hoy, Sebastián Piñera, no se hayan enriquecido durante el período de gobierno. En 1952, cuando ganó Carlos Ibáñez del Campo, era muy conocido que los radicales formaban el Partido de los ladrones: de tipos de clase media pasaron a convertirse en nuevos ricos.
Chile es una monarquía presidencial, y si el rey tuviera un mínimo de decencia, o al menos, de sentido común, debiera dar un paso al costado cuando más del 80% de los ciudadanos abominan de su gobierno, (cualquier empleado con estas calificaciones sería despedido sin apelación); si se presupone que la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo, que es el dueño del poder, el que se haya equivocado hace dos años dando su voto a Piñera, no lo obliga a seguir manteniendo un pésimo empleado, nada menos que en la conducción de su destino. Esta es la falla fundamental de la democracia fiduciaria: una vez elegido un gobernante, si te resulta “fallado”, no lo puedes despedir del cargo, es más, decir frases de sentido común es causal de delito de sedición, sólo por pedir la renuncia de su empleado, que es incapaz de gobernar y, posiblemente, con sus desatinos termine por incendiar la casa.
En cuando al parlamento y a los partidos políticos que en la encuesta CEP alcanzaron el margen de error del 3%, (es decir, cualquiera podría de decir que cero), estas instituciones alcanzaron la ilegitimidad total y, al igual que el Presidente Piñera, los representados tendrían el derecho de quitarle el poder, fiduciariamente otorgado. Un empleado o trabajador, de empresa pública o privada, que hace mal su trabajo, incluso, no se presenta a cumplir sus funciones para las cuales fue contratado, sería muy lógico que el jefe lo echara de su cargo, (por cierto, pagándole la indemnización conforme a derecho laboral).
No sólo en Chile, sino también en los demás países del mundo, las cámaras legislativas están desprestigiadas, pero en un sistema parlamentario, (el único democrático a mi modo de ver), se permite la disolución; en el caso del presidencialismo el pueblo está obligado a soportar a un rey inútil e inepto hasta que cumpla su período. En el caso de los miembros de los parlamentos, al emanar de la soberanía popular, sólo pueden perder su escaño por haber cometido delitos flagrantes, o bien, ser descubiertos en actos reñidos con la justicia, y poco importa que no asistan a cumplir con su trabajo.
He escuchado, una y mil veces, a muchos ciudadanos la consigna “a cerrar, a cerrar el Congreso Nacional”, y en un régimen de doble minoría los Presidentes, conocedores de la mala fama del Parlamento han intentado, en múltiples ocasiones a través de la historia, decretar su cierre.
La democracia representativa no puede funcionar sin partidos políticos, sin embargo, muchas veces adolecen de mucho desprestigio, como es el caso actual de Chile y de otros países de América Latina y del mundo en general. En Perú, por ejemplo, el fujimorismo y el APRA están acusados de asociaciones ilícitas para delinquir; en Chile, muy injustamente se asocia al histórico Partido Socialista con el narcotráfico.
Desde 1911, Robert Michels formuló la famosa “ley del hierro de las oligarquías”, y en más en un siglo esta ley está vigente y confirmada por la historia.
La ante-política, que va a ocupar el vacío dejado por las instituciones de la democracia formal, es mil veces más dañina que el reinado de los vilipendiados políticos de turno: aventureros, militares y demagogos son más repugnantes que el más tonto de los parlamentarios actuales. La democracia representativa, por muy en crisis que esté, es superior a la directa, plebiscitaria y, por cierto, a la pretoriana.
En un país esquizofrénico como Chile puede seguir mandando una casta política cuyo Presidente sólo cuenta con el 6% de aprobación, el parlamento y los partidos políticos, con el 3%, y Carabineros, la iglesia y la justicia y otras instituciones son repudiados por la inmensa mayoría ciudadana.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
17/01/2020
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