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DECLARACIÓN PÚBLICA
1° A tres meses de iniciado el estallido social, la Comisión Chilena de Derechos Humanos desea expresar su preocupación por la actitud asumida por el Gobierno para enfrentar el legítimo derecho a la protesta pacífica ejercido por millones de chilenas y chilenos, a partir del 18 de octubre pasado.
2° En efecto, las cifras de víctimas dan cuenta de una grave, masiva y sistemática violación a los derechos humanos provocada por la acción de agentes del Estado, tal como lo consignaron los Informes de organismos internacionales, como el del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), y el emitido por Amnistía Internacional.
Según el último Informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que refleja gran parte de los casos ocurridos en el país, se han producido 3.649 personas heridas, de las cuales 269 corresponden a niños, niñas y adolescentes; 405 chilenos y chilenas sufrieron heridas oculares, y 2.063 fueron heridos por disparos; se han producido casi 10.000 detenidos y sólo el INDH, ha presentado 5 querellas por homicidio, 17 por homicidio frustrado, 770 querellas por torturas y 158 por violencia sexual.
3° A su vez, las demandas que motivaron el estallido social, no han sido escuchadas por el Gobierno.
Ninguna medida se ha traducido hasta ahora, en propiciar los cambios estructurales al modelo económico social y político imperante, que permitan que derechos sociales fundamentales, como el derecho a la salud, a la seguridad social, al trabajo decente, a la remuneración justa y a la vivienda digna, entre otros, sean debidamente garantizados, tal como lo establecen los Pactos internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Chile, y por tanto, de cumplimiento obligatorio, particularmente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
4° Muy por el contrario, el Gobierno ha impulsado iniciativas legales que profundizan el modelo en crisis, como la cuestionada reforma a Fonasa, la que según expertos, sólo conducirá a la privatización del Sistema de Salud Pública, ya precarizado. Del mismo modo, ha promovido una reforma de pensiones que consolida la capitalización individual y el modelo de las AFPs, alejando toda posibilidad de avanzar hacia un verdadero sistema de seguridad social.
A su vez, los parlamentarios de Gobierno votaron en contra de un proyecto de ley que buscaba consagrar el derecho humano al agua como un bien nacional de uso público, en medio de cuestionamientos al Ministro de Agricultura por la propiedad sobre derechos de aprovechamientos de agua que dispone para sus negocios privados.
5° Al mismo tiempo, el Gobierno ha priorizado una serie de iniciativas legislativas, de la denominada Agenda de Seguridad Pública, (Ley Antisaqueos y Antibarricadas), que han sido cuestionadas por Naciones Unidas por comprometer gravemente el derecho a reunión y a la manifestación pacífica. Aun así, ha persistido en su empeño.
6° Por otra parte, el proceso constituyente en curso, mantiene numerosas dudas e insuficiencias, alejándose del anhelo mayoritario del pueblo chileno que exige recuperar su derecho de libre determinación.
En efecto, aún no se resuelve si en la integración de la Convención Constituyente se va a respetar la paridad de género, si tendrán cupo reservado los pueblos originarios, si podrán votar los inmigrantes y si los independientes podrán competir en igualdad de condiciones con los candidatos de los partidos políticos.
Y lo más importante, sigue sin esclarecerse debidamente. En efecto, la mantención de los 2/3 de quórum al momento de votar los procedimientos y los contenidos de las normas por parte de la Convención Constituyente, impide toda posibilidad que el proceso sea un genuino ejercicio de soberanía popular a través de la aplicación del principio de respeto a la mayoría, tal como lo establecen los principios y normas que informan todo proceso democrático.
Agrava lo anterior, el que los partidos de Gobierno han declarado públicamente que no están de acuerdo con una Nueva Constitución, y que promoverán el rechazo a esa idea en el Plebiscito de Abril, a pesar del abrumador respaldo de las chilenas y chilenos, al cambio constitucional.
7° En suma, un Gobierno que no escucha las demandas mayoritarias del pueblo chileno, que desoye las recomendaciones de Naciones Unidas, que defiende el statu quo a través de iniciativas legales que profundizan el modelo en crisis y cuyo único sostén de apoyo es la fuerza de la represión, violando los derechos humanos
más elementales, como el derecho a la vida, la integridad física y la libertad personal, convierte al Presidente elegido democráticamente en ilegítimo, carente de autoridad, por incumplir su principal deber de mandatario, cual es acatar y defender los legítimos intereses de su mandante, el pueblo chileno, y el de respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en los Pactos y Convenciones suscritos y ratificados por el Estado de Chile, incurriendo con ello, en grave responsabilidad ante los órganos del Sistema de Naciones Unidas y la comunidad internacional.
8° Frente a esta compleja situación, fiel a nuestra misión institucional, la Comisión Chilena de Derechos Humanos seguirá respaldando el legítimo derecho humano a la protesta social, y continuará defendiendo a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, denunciando a sus autores materiales e intelectuales, tanto ante los tribunales nacionales como ante las instancias internacionales, procurando Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No repetición, hasta alcanzar la verdadera Paz social, aquella fundada en un sistema democrático genuino, forjado a través de un genuino ejercicio de la soberanía popular, y que respeta y garantiza los derechos humanos de todas y todos.
1° A tres meses de iniciado el estallido social, la Comisión Chilena de Derechos Humanos desea expresar su preocupación por la actitud asumida por el Gobierno para enfrentar el legítimo derecho a la protesta pacífica ejercido por millones de chilenas y chilenos, a partir del 18 de octubre pasado.
2° En efecto, las cifras de víctimas dan cuenta de una grave, masiva y sistemática violación a los derechos humanos provocada por la acción de agentes del Estado, tal como lo consignaron los Informes de organismos internacionales, como el del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), y el emitido por Amnistía Internacional.
Según el último Informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que refleja gran parte de los casos ocurridos en el país, se han producido 3.649 personas heridas, de las cuales 269 corresponden a niños, niñas y adolescentes; 405 chilenos y chilenas sufrieron heridas oculares, y 2.063 fueron heridos por disparos; se han producido casi 10.000 detenidos y sólo el INDH, ha presentado 5 querellas por homicidio, 17 por homicidio frustrado, 770 querellas por torturas y 158 por violencia sexual.
3° A su vez, las demandas que motivaron el estallido social, no han sido escuchadas por el Gobierno.
Ninguna medida se ha traducido hasta ahora, en propiciar los cambios estructurales al modelo económico social y político imperante, que permitan que derechos sociales fundamentales, como el derecho a la salud, a la seguridad social, al trabajo decente, a la remuneración justa y a la vivienda digna, entre otros, sean debidamente garantizados, tal como lo establecen los Pactos internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Chile, y por tanto, de cumplimiento obligatorio, particularmente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
4° Muy por el contrario, el Gobierno ha impulsado iniciativas legales que profundizan el modelo en crisis, como la cuestionada reforma a Fonasa, la que según expertos, sólo conducirá a la privatización del Sistema de Salud Pública, ya precarizado. Del mismo modo, ha promovido una reforma de pensiones que consolida la capitalización individual y el modelo de las AFPs, alejando toda posibilidad de avanzar hacia un verdadero sistema de seguridad social.
A su vez, los parlamentarios de Gobierno votaron en contra de un proyecto de ley que buscaba consagrar el derecho humano al agua como un bien nacional de uso público, en medio de cuestionamientos al Ministro de Agricultura por la propiedad sobre derechos de aprovechamientos de agua que dispone para sus negocios privados.
5° Al mismo tiempo, el Gobierno ha priorizado una serie de iniciativas legislativas, de la denominada Agenda de Seguridad Pública, (Ley Antisaqueos y Antibarricadas), que han sido cuestionadas por Naciones Unidas por comprometer gravemente el derecho a reunión y a la manifestación pacífica. Aun así, ha persistido en su empeño.
6° Por otra parte, el proceso constituyente en curso, mantiene numerosas dudas e insuficiencias, alejándose del anhelo mayoritario del pueblo chileno que exige recuperar su derecho de libre determinación.
En efecto, aún no se resuelve si en la integración de la Convención Constituyente se va a respetar la paridad de género, si tendrán cupo reservado los pueblos originarios, si podrán votar los inmigrantes y si los independientes podrán competir en igualdad de condiciones con los candidatos de los partidos políticos.
Y lo más importante, sigue sin esclarecerse debidamente. En efecto, la mantención de los 2/3 de quórum al momento de votar los procedimientos y los contenidos de las normas por parte de la Convención Constituyente, impide toda posibilidad que el proceso sea un genuino ejercicio de soberanía popular a través de la aplicación del principio de respeto a la mayoría, tal como lo establecen los principios y normas que informan todo proceso democrático.
Agrava lo anterior, el que los partidos de Gobierno han declarado públicamente que no están de acuerdo con una Nueva Constitución, y que promoverán el rechazo a esa idea en el Plebiscito de Abril, a pesar del abrumador respaldo de las chilenas y chilenos, al cambio constitucional.
7° En suma, un Gobierno que no escucha las demandas mayoritarias del pueblo chileno, que desoye las recomendaciones de Naciones Unidas, que defiende el statu quo a través de iniciativas legales que profundizan el modelo en crisis y cuyo único sostén de apoyo es la fuerza de la represión, violando los derechos humanos
más elementales, como el derecho a la vida, la integridad física y la libertad personal, convierte al Presidente elegido democráticamente en ilegítimo, carente de autoridad, por incumplir su principal deber de mandatario, cual es acatar y defender los legítimos intereses de su mandante, el pueblo chileno, y el de respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en los Pactos y Convenciones suscritos y ratificados por el Estado de Chile, incurriendo con ello, en grave responsabilidad ante los órganos del Sistema de Naciones Unidas y la comunidad internacional.
8° Frente a esta compleja situación, fiel a nuestra misión institucional, la Comisión Chilena de Derechos Humanos seguirá respaldando el legítimo derecho humano a la protesta social, y continuará defendiendo a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, denunciando a sus autores materiales e intelectuales, tanto ante los tribunales nacionales como ante las instancias internacionales, procurando Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No repetición, hasta alcanzar la verdadera Paz social, aquella fundada en un sistema democrático genuino, forjado a través de un genuino ejercicio de la soberanía popular, y que respeta y garantiza los derechos humanos de todas y todos.
COMISIÓN CHILENA DE DERECHOS HUMANOS
Santiago, 18 de Enero de 2020
Santiago, 18 de Enero de 2020
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