Imagen referencial de protestas en la denominada "Plaza de la Dignidad" / AgenciaUno.La comitiva también estableció que "los datos recabados en las entrevistas, acusan que se trata de una represión sistemática y masiva. El nivel de sistematicidad es difícil de evaluar de manera precisa, pero los datos y testimonios recopilados indican la presencia de prácticas represivas recurrentes y similares de un lugar a otro, que manifiestan un patrón común".
La Misión Canadiense de Observación de Derechos Humanos que visita nuestro país para verificar en terreno la situación respecto a los derechos fundamentales, informó sus resultados preliminares, en los que se destaca que “las violaciones a los derechos humanos y la represión continúan en un contexto de intimidación de la población y de criminalización de la protesta social”.
A través de un comunicado, explicaron que “el objetivo principal de esta misión es documentar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los últimos tres meses en Chile para actualizar y complementar los datos de las misiones anteriores. La misión está conformada por delegados de diversas especializaciones y campos de intervención: diputados de los parlamentos del Quebec y de Canadá, representantes sindicales y de la sociedad civil e investigadores”.
También detallaron que esta misión realizó 65 horas de entrevistas en Santiago, Antofagasta y Valparaíso, entre el 18 y el 26 de enero del presente año, con 99 personas de 51 organizaciones.
Respecto a los resultados preliminares, “en primer lugar, señalamos que después de 3 meses desde el inicio del estallido social y a pesar de las recomendaciones de las misiones internacionales y de las organizaciones sociales nacionales, las violaciones a los derechos humanos y la represión continúan en un contexto de intimidación de la población y de criminalización de la protesta social”.
En ese sentido, ahondaron que “a pesar de que las cifras del último informe del INDH revelan que las violaciones a los derechos humanos, observadas por este organismo, han bajado comparativamente a las que se produjeron durante el estado de emergencia, se advierte que estas violaciones continúan de forma constante y sistemática, concentrándose en espacios y sectores sociales específicos del país. Los datos y testimonios que hemos recogido indican que si bien las declaraciones oficiales minimizan la gravedad de la situación, el estado crítico de ésta se mantiene y se agrava por el efecto acumulativo y aún no se concretizan avances en materia de respeto de los derechos humanos en las prácticas de las fuerzas policiales, esto, en un contexto en que el régimen político chileno sigue bloqueado en una profunda crisis de legitimidad”.
En esa línea, los observadores agregaron que “constatamos la continuidad de las violaciones a derechos humanos siguientes, ya identificadas en informes anteriores”:
1. Heridas por perdigones y bombas lacrimógenas;
2. Violencias y vejámenes sexuales (desnudamientos, sentadillas, tocaciones, etc.);
3. Detenciones sin registro, a veces efectuadas por policías de civil;
4. Golpizas de detenidos en furgones de Carabineros y en comisarías;
5. Utilización masiva de gases lacrimógenos, que regularmente sofocan a barrios enteros afectando la salud y el bienestar de amplios sectores de la población (que hayan participado o no en manifestaciones), incluyendo a mujeres, ancianos, niños y personas minusválidas. Constatamos que esta práctica es utilizada regularmente en poblaciones periféricas y es experimentada por los residentes de los barrios como un castigo colectivo y una forma de intimidación;
6. Un procedimiento judicial parcial y que muestra negligencia debilitando la acción efectiva del respeto de los derechos fundamentales. Destacamos en particular la utilización de la prisión preventiva, en algunos casos por largos periodos, para sancionar personas contra las cuales no hay necesariamente las pruebas requeridas y la neutralización del recurso de amparo por no registrarse las detenciones de manera rápida y sistemática por parte de carabineros;
7. Agresiones al personal voluntario de salud y a observadores de derechos humanos, quienes son a menudo víctimas de agresiones, malos tratos, amenazas, insultos e incluso, blanco de los tiros de Carabineros;
8. Ausencia o negligencia en la aplicación de los protocolos de carabineros.
De esta forma, la misión canadiense estableció que “los datos recabados en las entrevistas, acusan que se trata de una represión sistemática y masiva. El nivel de sistematicidad es difícil de evaluar de manera precisa, pero los datos y testimonios recopilados indican la presencia de prácticas represivas recurrentes y similares de un lugar a otro, que manifiestan un patrón común. Más allá de los casos más visibilizados, la sistematicidad se revela igualmente en la multiplicación de violaciones a derechos humanos de menor connotación, que van instalando gradualmente una lógica anti-democrática. Por otra parte, se constata un fenómeno de retraumatización, al revivirse prácticas heredadas de la dictadura”.
Finalmente, concluyeron que “pese al elevado número de denuncias, de acciones judiciales, de investigaciones internas y procedimientos administrativos por violaciones a derecho humanos, se han formalizado muy pocos casos y ha habido muy pocos fallos”.
Los observadores involucrados en el informe fueron Sol Zanetti, diputado del Partido Quebec solidario en la Asamblea Nacional de Quebec; Simon-Pierre Savard-Tremblay, diputado del Partido Bloc Quebequense en el Parlamento de Canadá; Denise Gagnon, representante sindical de la Federación de trabajadores y trabajadoras de Quebec – FTQ y presidente de la Fundación Salvador Allende de Quebec; Luc Allaire, responsable de relaciones internacionales de la Central de sindicatos de Quebec – CSQ; Ricardo Peñafiel, representante sindical del Consejo Central de Montreal Metropolitano de la Central Sindical Nacional y de la Federación Nacional de Docentes de Quebec; Marie-Christine Doran, investigadora de la Escuela de Estudios Políticos, directora del centro de investigación en criminalización de la protesta social, de la Université d’Ottawa; Isabel Orellana, miembro del directorio del Centro de Investigación en Educación y Formación en Medio Ambiente y Ecociudadanía, especializada en conflictos socioecológicos, de la Université du Québec à Montréal; Marcos Ancelovici, investigador del departamento de ciencia politica, director de la Cátedra de Investigación de Canadá en sociología de los conflictos sociales, de la Université du Québec à Montréal y Pierre Mouterde, ensayista y filósofo del Colegio preuniversitario Limoilou.
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