Por: Jazz, periodista / Publicado: 02.11.2020
/El programa de investigación periodística Informe Especial acumula diversas críticas por sesgos en el tratamiento de sus últimos episodios. El viernes pasado fue tendencia en redes sociales. Periodistas y audiencia le acusan de crear una narrativa que criminaliza las protestas y omite las causas del estallido social.
Después de treinta y seis años al aire, el equipo liderado por Santiago Pavlovic enfrenta a un público desencantado por el rol actual de la televisión pública en los avances sociales.
El episodio sobre el estallido social no gustó, como tampoco el capítulo dedicado a Antonia Barra. Los excompañeros de Pavlovic, Pamela Jiles y Rafael Cavada, desaprobaron el enfoque plasmado por este, quien manifestó: “solo veo violencia”. Descalifica sistemáticamente a los inconformes como exaltados, delincuentes, una generación que “quería mostrarse”. En tono dramático describe a un hombre mayor, bajito, pobre, solo y cojo que protege una estación de metro como metáfora del “pueblo bueno” desde la visión del poder.
Javiera Orellana, expresidenta del Colegio de Periodistas, entrevistada por radio Universidad de Chile, cuestionó al programa por la falta de profundidad y destacó la gran distancia entre los medios de comunicación y la ciudadanía descontenta. Además, recalcó la similitud a nivel editorial entre los canales privados y la estación estatal, ampliando el debate hacia el rol de la televisión pública en la nueva Constitución, a propósito de la importancia de garantizar una visión pluralista y más representativa.
¿A qué tanta sorpresa por el descontento social?
Santiago Pavlovic posee un currículum sólido. Es por ello que decepciona a muchos con su parcialidad a la hora de presentar el estallido del 2019. Resta cualquier validez al descontento, con una mirada centralista entrega datos duros sobre el progreso del país en términos macroeconómicos: 13% en el índice de pobreza, un millón de jóvenes con acceso a la educación superior y al consumo de bienes como autos, casas y viajes, pretendiendo demostrar así que el malestar social no tiene razones para manifestarse.
Los analistas escogidos son académicos o autoridades, pertenecientes a esa clase política tan criticada. Carlos Peña, rector de la UDP, y Eugenio Tironi, sociólogo de la UC y experto en lobby, ambos columnistas de El Mercurio; Alberto Mayol, sociólogo de la U. de Chile, hijo de Manfredo Mayol, periodista y director de prensa de TVN durante la dictadura. Juan Francisco Galli, subsecretario del Interior, por mencionar algunos. Todos ellos coinciden en la sorpresa. Desde sus zonas de confort Chile estaba bien.
No se habla de la seguidilla de alzas en el precio del metro, de las condiciones de viaje en horario punta, de los escándalos por gastos reservados de militares y Carabineros, de las colusiones, perdonazos o la impunidad sistémica. Tampoco del CAE o las desafortunadas recomendaciones, que van desde menú de bajo presupuesto y recetas de sobrevivencia, hasta levantarse más temprano para evitar aglomeraciones. Da la impresión que esperaban sumisión eterna.
Afuera quedaron las opiniones de las y los estudiantes secundarios que dieron el salto a la evasión del alza en el pasaje de metro y que vienen reclamando cambios profundos en la calidad de la educación. También se acallan las voces de organizaciones feministas y asambleas territoriales que forman parte fundamental del estallido.
Nacido en un año orwelliano
Basta con revisar el propio material histórico de Informe Especial para descubrir muchas de las causas del descontento social. Programa por programa registra los avances del narcotráfico y la delincuencia en poblaciones, la precarización de la salud pública o la segregación de los pueblos originarios, casi siempre desde un enfoque patriarcal.
Recomiendo los episodios: Los montajes de la dictadura (2015) y Los exiliados (1990). En el último, se ve a familias ilusionadas con el retorno al país que contrasta con la fría acogida y las escasas oportunidades del sistema neoliberal. El propio Pavlovic cierra el episodio con el testimonio de una pequeña asustada y triste por llegar a una población de Pudahuel donde “cogotean”; ella solo quiere volver a Argentina. Entonces, ¿a qué tanta sorpresa por el descontento social?
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El programa es un ícono y una escuela dentro de la televisión chilena, un clásico del periodismo de investigación. Nace en un año orwelliano, 1984, plena dictadura. Su equipo original integrado por los periodistas Alipio Vera, Marcelo Araya, Santiago Pavlovic, Guillermo Muñoz y Patricio Caldichoury, abrió un espacio que permitía visibilizar temáticas y conflictos de interés social en un contexto de censura permanente y control de contenidos.
La entrada musical nos recuerda ese mundo previo a la caída del muro de Berlín, e intensos reportajes sobre conflictos armados en Latinoamérica o África. Durante la transición a la democracia el equipo original se desarticuló, luego del revuelo provocado por la petición del presidente Aylwin para que aplazaran la transmisión de la entrevista a Michael Townley, que condujo al despido del editor, Patricio Caldichoury y la reestructuración del programa, marcando un cierre de etapa. La esperada democracia no eliminó las presiones de los poderes fácticos y económicos sobre el trabajo periodístico.
Antonia Barra y el nulo enfoque de género
El primer episodio de esta temporada se dedicó al caso de Antonia Barra. Inmediatamente terminada la transmisión, la familia y diversas organizaciones feministas lo denunciaron por revictimizar y exponer a Antonia. Sus padres acusaron la exclusión de pruebas importantes de la carpeta investigativa. Mientras, se le otorgó amplia tribuna al imputado y su familia, quienes niegan todos los cargos. Resulta chocante la secuencia en que se muestra a Pradenas declarando penosamente mientras un oficial teclea y repite sus palabras.
La ausencia de un enfoque de género es evidente. Un hombre cuenta la historia. No hay mención al vínculo de protección entre el imputado y Francisco Alanis Porcella, ex suegro y miembro de APRA, Asociación para la Paz y la Reconciliación, influyente organización conocida por oponerse a las comunidades mapuche en procesos de recuperaciones territoriales. En cambio, expone en reiteradas ocasiones a Antonia bajo la influencia de alcohol y drogas. En México la difusión de estos materiales se consideraría delito, en virtud de la Ley Olimpia, que castiga la publicación de videos con contenido sexual sin consentimiento de las participantes en los mismos.
Por otra parte, se excluyen las opiniones de organizaciones feministas que han impulsado y apoyado la causa en contra de Pradenas. Tampoco se menciona el concepto de suicidio femicida ni a otras víctimas como Gabriela Marín o Antonia Garros, casos aún en impunidad.
Ya sea por el desgaste de los años o por la posición de privilegio dentro del cuarto poder, Informe Espacial se conforma hoy en día con ser un medio alineado con la autoridad.
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