por Felipe Saleh 5 marzo, 2021
Viernes 19 de febrero, 21:30 horas. Francisca Mendoza, 30 años, está parada en Plaza Baquedano, o Italia, pero que ella y la gente que todas las semanas llega a manifestarse, insisten en llamar Plaza de la Dignidad. Puede que Francisca tenga más derecho a llamarla como quiera. Esta es como el patio de su casa, vive en el número 039 de Avenida Providencia, en el conjunto conocido como Edificios Turri. Es profesora de Filosofía, en un liceo comercial de Estación Central, estudió en la Umce y siempre ha buscado espacios con gente vulnerable. En su facultad recuerdan cómo participaba de talleres para enseñar filosofía a los niños.
Algo de ese perfil lúdico hay en la forma en que ha decidido manifestarse. Francisca se ha vestido de profesora, con un delantal azul, y en sus manos sostiene una pizarra de cartón, que con grandes letras dice: “¿Floja, yo? Flojos ellos que se refugian en sus apellidos, contactos y herencias familiares (...)”. Cuatro días antes, el ministro de Economía, Lucas Palacios, apoyando la agenda gubernamental de regreso a clases en plena pandemia, ha dicho en la radio que le llama la atención que los profesores busquen excusas para no trabajar.
La sentencia de Palacios ha provocado la furia de los docentes y un rechazo transversal, tanto que el secretario de Estado horas después tuvo que aclarar que no quiso decir lo que dijo, y está registrado en un audio.
Una reconstrucción periodística de aquel día da cuenta de que la protesta de Francisca no es furiosa, es pacífica. Ingenua, podría decir alguien acostumbrado a las marchas en donde se despliegan acciones violentas como destrozo de semáforos o incendio de ciertos recintos. Francisca se manifiesta en los términos que piden todos quienes rechazan la violencia después de cada convocatoria semanal.
Francisca lleva largos minutos parada sola con su cartel, mientras un par de carros policiales se acerca haciendo sonar sus sirenas. A los autos se suma un piquete de efectivos de Carabineros con escudos y los trajes de Fuerzas Especiales. Los policías intentan vaciar completamente la zona, empujando, para que se replieguen, a los observadores de Derechos Humanos que se reúnen para partir de vuelta a sus hogares. Carabineros quiere que sea más rápido y los empuja, al mismo tiempo que un carro lanzagua los golpea con su chorro. La policía intenta disuadir también a un grupo de personas que está registrando lo que ocurre.
El grupo intenta resistirse a los embates de la policía, que los empuja para dispersarlos hacia la calle Ramón Carnicer. Según los testimonios recogidos esa noche, consignados en un comunicado de la ONG Observatorio Nacional de Derechos Humanos Anexppsa, los policías hostigaron especialmente al abogado Manuel Woldarsky. Francisca entre el chorro de agua y los empujones ha logrado zafarse y corre hasta su edificio. En la entrada hay otro tumulto. Personas de casco blanco atienden a otro manifestante que acaba de recibir gas pimienta en la cara. Pero un chorro de agua impide que sigan con su labor.
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Dentro de su edificio
Francisca abre la puerta del edificio, entra y la sostiene abierta para refugiar a las personas de casco blanco que atienden al manifestante. El piquete de Carabineros ya está encima. Justo antes de caer al piso en el hall de su edificio, Francisca ve que uno de los carabineros le apunta directamente al rostro y dispara. Luego la sangre y el espanto. Francisca entra en una crisis de pánico al ver que llegan más policías. La candidata a concejala, Ursula Eggers, intenta darle primeros auxilios. Los policías se instalan fuera del edificio, ante la entrada, y el carro lanzagua comienza a disparar hacia adentro. Un carabinero intenta entrar, identificándose como el “mayor Sepúlveda” y asegurando que quiere prestar ayuda. Pero las personas que asisten a Francisca no lo dejan pasar.
Los llamados a una ambulancia son infructuosos. Por eso, finalmente, Carabineros entra al edificio, toma a Francisca que no ha perdido el conocimiento y en la patrulla Z-830.19 la traslada hacia el Hospital del Salvador. En centro hospitalario el diagnóstico es un trauma ocular severo, con un daño a la retina por la presencia de un cuerpo extraño en la zona del ojo. Una operación intenta reparar la triple fractura en la zona del pómulo izquierdo. El hueso malar es un “parachoque” que protege el globo ocular y su fractura puede provocar un serio daño en la visión. En el caso de Francisca, aún el pronóstico es reservado. No es seguro que vuelva a ver por su ojo izquierdo.
“Todavía no tenemos un pronóstico respecto del ojo. Porque lo que ella tuvo fue una triple fractura. Lo que hicieron los médicos fue reconstruirle de alguna forma la cara para que pudiera sujetar su ojo. Está todo inflamado y aún no se pueden abocar completamente al ojo”, detalla la abogada Mariela Santana, del Codepu, una de las que patrocina la querella presentada por Francisca en contra del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, como responsable civil de la policía uniformada, y contra el general director Ricardo Yáñez, además de todos los carabineros que resulten responsables.
Hasta el momento, según consigna la querella presentada por “lesiones graves, gravísimas, en concurso con abuso contra particulares y denegación de servicio”, se encuentran siete carabineros identificados que participaron en los hechos, más un suboficial de apellido Oyarzún. Desde el miércoles 4 que Francisca está de alta en su casa y se halla en condiciones de declarar ante la Brigada de Derechos Humanos de la PDI. Pero tanto ella como su familia se encuentran en shock, por lo que piden encarecidamente no divulgar datos personales ni imágenes de su rostro para evitar lo que pueden ser represalias.
Porque, además de la violencia explícita con los graves resultados expuestos, hechos como estos instalan el miedo a manifestarse y a expresar demandas que pueden ser legítimas. “Uno podría pensar que, cuando asumes formas de protesta violenta, te expones a formas de represión violenta. El problema es que hay un disparo cuando ella no está protestando. Hay responsabilidades que son políticas, no puede ser que la única respuesta a las demandas de las profesoras y los profesores sea la represión y con este nivel de violencia. Pasa de la violencia simbólica a la violencia real inmediatamente”, dice Luciano Allende, académico de la UMCE y profesor de Francisca en su etapa universitaria.
En efecto, la Red de Profesores de Filosofía de Chile (Reprofich) emitió un comunicado repudiando los hechos que afectaron a Francisca y, apenas conocido el incidente, lograron instalar el hashtag #estamosconfrancisca, en la antesala de su operación. “Esto muestra que, desde hace mucho, no se considera a las educadoras y los educadores como sujetos capaces de aportar a este diálogo. Sin embargo, esta actitud no solo se produce con las trabajadoras y los trabajadores de la educación, sino que con la ciudadanía en general. Es una política que se asienta en un manejo comunicacional que nos provoca continuamente: como docentes, como mujeres, como ciudadanos, como con las frases icónicas previas al 18 de octubre. Se genera un malestar específico y, cuando ese malestar se manifiesta, como ocurrió con la colega, es reprimido, disciplinado, incluso utilizado como escarmiento público”, dice Rocío Henríquez, integrante de Reprofich.
A su juicio, “el caso de Francisca ejemplifica la posición que ocupamos como docentes: es una mujer, de pie, tiene algo que decir, pero eso no es bien recibido. El 75% de docentes somos mujeres, pero eso no se refleja en la posición que ocupamos en el gremio, en las escuelas, ni en la institucionalidad educativa. La respuesta a manifestar nuestro descontento es el disciplinamiento, muy claro en este caso, pero que acontece también a todos los niveles de la ciudadanía. Claramente es una respuesta desproporcionada, de la cual se tienen muchos antecedentes. Pero en el fondo lo que se castiga no es solo el ‘estar ahí’, sino todo lo que Francisca representa: como docente, como mujer y como trabajadora”, afirma Henríquez.
Negacionismo
En un comunicado, el capítulo comunal del Colegio de Profesores adhirió a la protesta de Francisca, expresada en el cartel que se preguntaba sobre su flojera. “Todos y todas nos sentimos atacados con la palabras del senador Moreira y el ministro Palacios, quienes para tratar de arreglar sus palabras de desprecio y maltrato dijeron que no era contra los Profesores y Profesoras sino contra los y las Dirigentes; pues permítanos aclararles que la gran mayoría de los y las Dirigentes del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile somos docentes de aula, quienes conocemos con exactitud las condiciones de nuestros y nuestras estudiantes, así como también la de los establecimientos en los que trabajamos”, expresaron.
Pero el caso de Francisca, del fotógrafo Felipe Ávila, que perdió un ojo mientras captaba las protestas a mediados de diciembre, y el de Juan Cristóbal Hoppe, que fue rociado con gas pimienta en la cara el mismo día que Francisca y no podrá trabajar en los próximos tres meses, muestran el peligro de “normalizar episodios de violencia policial que se manifiestan con una abrumadora frecuencia desde el 18 de octubre de 2019". Así lo cree Matías Vallejos director ejecutivo de la fundación Los Ojos de Chile, que se dedica a concretar la reparación para las víctimas de trauma ocular.
“El caso de la profesora Francisca Mendoza, lamentablemente, se suma a los casi 500 casos de trauma ocular por violencia estatal hasta la fecha. En un arco de violencia estatal que lleva 16 meses abierto y que no ha cesado. La terrible normalización de este tipo de violencia estatal, tiene como base la falta de reconocimiento del Estado de que nos encontramos en la crisis de Derechos Humanos más grande de nuestra historia democrática. Ningún poder del Estado ha tomado medidas proporcionales para la magnitud de la crisis que estamos viviendo. Quienes hemos sido testigos de todo esto nos preguntamos: ¿qué más hace falta para solicitar la ayuda de organismos internacionales para esclarecer los hechos ocurridos? Existen más de 9 mil denuncias de violencia estatal desde el comienzo del estallido social y es imperativo revertir el escenario de impunidad actual”, subraya Vallejos, quien habla de “negacionismo y normalización de violaciones a los Derechos Humanos".
Desde las organizaciones civiles, piden que el Gobierno reconozca su responsabilidad, garantice la no repetición de hechos como los relatados y trabaje en una decidida reparación a las víctimas. Por ahora, para las personas afectadas por un trauma ocular, solo existe el Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO), alojado en el Hospital del Salvador, pero que no contempla atención sicológica o siquiátrica y solo tiene a cuatro profesionales para todo el conjunto de personas afectadas.
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