por El Mostrador 3 marzo, 2021
El general Enrique Bassaletti Riess. Crédito: Aton.
Se trata de sanciones inéditas. Por primera vez en la historia, la Contraloría propone aplicar medidas disciplinarias al Alto Mando de Carabineros, al concluir el proceso de sumario a la plana mayor de la policía uniformada por sus responsabilidades administrativas en la respuesta de la institución durante el estallido social.
La Contraloría propuso la suspensión de sus funciones por 30 días del general Enrique Bassaletti Riess, ex Jefe de Zona Santiago Este al momento del estallido y hoy a cargo de Operaciones Especiales. Mientras en los casos del general Mauricio Rodríguez Rodríguez, ex Jefe de la Zona Metropolitana y actual Director Nacional de Personal, y del general Jorge Ávila Corvalán, exjefe de la zona de Control de Orden Público, se propuso la suspensión por 60 días.
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La medida de suspensión de funciones es la más alta después de la destitución. En estos casos (Bassaletti y Rodríguez y el general (r) Ávila) se acreditó que los altos uniformados infringieron normas expresas de Carabineros y no tomaron medidas “oportunas” para corregirlo.
El procedimiento iniciado el 26 de noviembre desató un feroz “gallito” entre la institución de control que dirige Jorge Bermúdez y la entidad policial, antes a cargo de Mario Rozas y hoy bajo el mando de Ricardo Yáñez.
De hecho, ahora el informe de 18 mil fojas y 23 tomos que contiene el inédito sumario está en manos del general Yáñez, quien debe dar curso a las sanciones disciplinarias propuestas.
De acuerdo a fuentes ligadas al caso, las sanciones están sustentadas en criterios técnicos, verificando estrictamente el cumplimiento de los propios procedimientos de Carabineros a la luz de hechos objetivos y las denuncias relativas al actuar de la policía uniformada a contar del 18 de octubre de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año.
Uso de gases y escopetas
La investigación abordó denuncias como el uso de gases antidisturbios, en hechos verificados en las cercanías de hospitales como el Félix Bulnes, el Exequiel González Cortés, la Clínica Santa María y el hospital Gustavo Fricke en Viña del Mar.
En este punto, el fiscalizador puso foco en la norma de Carabineros 2635 del año 2019 que expresamente prohíbe ocupar gases lacrimógenos en las cercanías de centros médicos. A pesar de la prohibición, estos elementos sí se utilizaron, y por eso la sanción apunta a que los responsables del orden público no tomaron medidas para revertir aquello.
Otro punto analizado fue el uso de escopetas antidisturbios, principalmente en el sector de Plaza Italia o Plaza Baquedano. En este apartado también hay una reconvención a Carabineros porque solo el 27 de noviembre, a más de un mes del inicio del estallido, recién se instruyeron disposiciones para que no fueran ocupadas.
Las mismas fuentes recalcan que en el proceso sumarial hubo una ponderación de los antecedentes y por eso se absolvió a otros de los altos uniformados mencionados en el proceso.
Así ocurrió con el general Hugo Zenteno Vásquez, ex Jefe V Zona Valparaíso y hoy Jefe de la XI Zona de Aysén, quien fue absuelto en el sumario porque sí se acreditó que tomó cartas en el asunto para evitar el lanzamiento de gases en las inmediaciones del hospital Fricke en la Ciudad Jardín.
También fueron absueltos el general inspector Jorge Valenzuela Hernández, exDirector Nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales; y Jean Camus Dávila, actual director de Logística, por la arista de los carros lanzaaguas.
El abogado Jorge Martínez, representante de todo el Alto Mando de Carabineros, miró el vaso medio lleno y en declaraciones a Radio ADN sostuvo que “esta defensa se encuentra muy satisfecha por los resultados del referido dictamen fiscal en atención a que se ha logrado la absolución plena de cuatro oficiales generales superiores de Carabineros de Chile por los hechos que dieron inicio al referido sumario”.
Asimismo, insistió en que están entablando “todas las defensas administrativas y legales que entablaremos por los oficiales generales afectados, tanto ante la Contraloría General de la República, tanto en sede administrativa, así como ante los tribunales de justicia que están actualmente conociendo de una demanda de nulidad de derecho público, de este procedimiento”.
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