La previsiones electorales conocidas señalan que la población divide sus preferencias electorales en tres tercios, donde las adhesiones electorales más fieles tienen la disposición a votar en las elecciones primarias que convoquen estas agrupaciones políticas, así tenemos que la encuesta Cadem “arrojó que un 22 % participaría en las primarias de Chile Vamos (UDI, RN, Evopoli, PRI), 17 % lo haría en el pacto formado por el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC), y el 16 % lo haría en el conglomerado formado por la DC, PS, PPD y Radicales. En cambio, 29 % no votaría en primarias”.
En cuanto a las próximas elecciones generales del 11 de abril, para escoger constituyentes, alcaldes y concejales, así como gobernadores, es altamente probable que en conjunto la centro izquierda (Unidad Constituyente) e izquierda (FA y PC) obtengan un votación próxima al 80 % del que alcanzó el apruebo, es decir, que se llegue a los 2/3, pero el grado de dispersión de las votaciones por listas y la alta participación de candidatos independiente, que llegan al 60 %, haga que los constituyentes elegidos se los repartan en partes similares tanto los partidarios de los preceptos conservadores de la actual constitución como los que propugnan por las garantías constitucionales a los derechos sociales fundamentales. Esto a no dudarlo, generará una gran frustración en la población nacional y procesos políticos altamente conflictivos que se expresarán en las calles. Ya que en los hechos terminaremos con una nueva constitución en lo formal, pero materialmente muy similar a la de Pinochet-Guzmán y el constitucionalismo tradicional chileno.
Precisamente por lo anterior –un proceso constituyente incierto y conflictivo–, las elecciones presidenciales y parlamentarias recuperarán una notable importancia política. Lo más previsible es que en la primera vuelta presidencial y elecciones parlamentarias la derecha obtenga el tercio mayor, mientras que la DC, PS y asociados frente al PC, FA y asociados, se queden ambos con cerca de los otros dos tercios, pero tendrán que entrar a competir entre ellos para entrar a la segunda vuelta presidencial. Por otra parte, según el grado de dispersión con que actúen estos pactos electorales, menores o mayores serán sus representaciones parlamentarias efectivas. En las elecciones municipales de seguro que la derecha se llevará la mayoría de los municipios y lo mismo en el caso de las gobernaciones, lo que no es un dato menor para los conflictos políticos que se vienen con la frustración constituyente.
En lo político, lo central que estará por discernirse será cuál sector de la oposición pasará a competir en la segunda vuelta presidencial. Según estudio de Criteria Research, los candidatos más mencionados fueron Sebastián Sichel con 53 % y Pamela Jiles con 49 %. Es más probable que el PC, el FA y asociados pasen a la segunda vuelta. Dicho en breve, tendríamos una situación similar a la primera vuelta del 2017, pero ahora ganando el FA y PC. No se debe olvidar que el FA existe porque ha tenido el mérito de haber aglutinado a una izquierda democrática que durante los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría no se sintió convocada por el clientelismo del PS ni por el verticalismo del PC, la mayor parte de sus dirigentes y cuadros políticos se formaron en las movilizaciones estudiantiles y universitarias del 2006 y el 2011. Pero bien puede suceder que a la segunda vuelta pase la Unidad Constituyente. Las votaciones del 11 de abril darán buenas pistas sobre aquello.
Por ahora, el conflicto político electoral de la Unidad Constituyente es que en la próxima primaria presidencial legal la candidata de la DC, Ximena Rincón, tiene la mejor opción de ganar, lo cual le quita el sueño tanto al PPD como al PS. Si bien es cierto que la potencialidad carismática de Paula Narváez le otorga algunas posibilidades de triunfo. Lo cierto es que de ser electa Rincón, la deserción de la votación tradicional del PS y de alguna manera del PPD será alta. En el caso de que la Unidad Constituyente pasara a la segunda vuelta, será mejor candidata Narváez que Rincón para convocar a los votantes del FA y el PC, para no replicar lo que le sucedió a Alejandro Guillier en el 2017.
El programa de gobierno como criterio de discernimiento
Lo que ha venido reiterando el movimiento social, los intelectuales y expertos de izquierda y progresistas, así como finalmente algunos partidos políticos, es que se debe terminar con el modelo político neoliberal que rige la economía, lo social y lo cultural en Chile. El desarrollo sostenido del capitalismo de la posguerra que estuvo caracterizado por un crecimiento constante y altamente redistributivo del ingreso, que es conocido como la era de los 30 años dorados (1945-1973), llega a su fin en la década de los años setenta del siglo pasado, debido a las limitaciones de la reproducción ampliada del capital. Esta crisis es confrontada mediante un conjunto de medidas políticas, económicas y sociales, que se ha denominado período del “neoliberalismo” y la “globalización”.
Es de destacarse que, en una encuesta hecha al momento de votar en el plebiscito (“¿Cuál fue la principal razón por la que votaste apruebo?”), el 69 % respondió que para garantizar los derechos sociales en pensiones, educación y salud, así como el 36 % para terminar con la Constitución de Pinochet. Aquí las preferencias por las garantías constitucionales para los derechos sociales son aplastantemente claras.
El eje del criterio de discernimiento para hacer los pactos políticos es un programa político antineoliberal que realmente satisfaga las demandas económicas, sociales y culturales de las grandes mayorías nacionales, para lo cual tiene que proponerse al menos lo siguiente:
1) La estatización o socialización de las prestaciones sociales en salud, previsión social y educación. Bien puede ser a través de formas de cogestión entre el estado y la sociedad civil organizada, no por las empresas privadas.
2) La regulación de las relaciones laborales que aseguren la titularidad sindical, la negociación salarial por rama económica y el absoluto respeto al derecho de huelga, como acontece en la mayoría de los países de la OCDE. Esto es fundamental no tan sólo para mejorar los derechos y los ingresos de las y los trabajadores, sino además para mejorar su capacidad de negociación laboral, social y política. Esto, asimismo, es determinante para asumir la revolución tecnológica, el desarrollo de las fuerzas productivas, ya que sólo elevando los salarios se hacen las innovaciones que aumentan la productividad del trabajo.
3) En cuanto a la financiación de las garantías de los derechos sociales, el asunto impositivo es otro tema crucial. En breve nuestro sistema debe aspirar a que la mayor parte del recaudo provenga de los impuestos directos y no de los indirectos, como los impuestos a las ventas; y que quienes más ingresos tienen más impuestos paguen; y eliminar todo tipo de exención, elusión y evasión tributaria hasta alcanzar los promedios de la OCDE.
4) Para asegurar el financiamiento público de las prestaciones sociales, el estado debe recuperar la titularidad sobre todos los recursos naturales, incluida el agua, de tal manera que las rentas y utilidades que producen sean un recurso de todos los chilenos. Entre el 2005 y el 2014, las empresas mineras obtuvieron sobre utilidades anuales (“rentas graciosas” más allá de sus ganancias normales) por US$ 15.000 millones , esto es, el 20,5 % del presupuesto público y el 4,9 % del PIB.
5) Otra fuente central de ingresos públicos son las rentas monopólicas que producen las obras públicas tales como: carreteras, autopistas y puentes, puertos y aeropuertos, sistemas de almacenamientos, distribución de agua y riego, etc.
6) Los servicios públicos son otra importante fuente de rentas y utilidades para el estado, sea en la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica, gas, comunicaciones o información. Siempre se afirma que las obras públicas y los servicios públicos se privatizan para que esas empresas las financien y el estado pueda utilizar esos recursos con otros fines sociales más prioritarios, pero el estado puede solicitar esos financiamientos allí mismo donde lo hacen las empresas privadas: en el sistema financiero nacional e internacional.
Es en el discernimiento de estos puntos programáticos donde se establecen los deslindes entre la centroizquierda y la izquierda. Así, es altamente probable que todos estos partidos estén de acuerdo en garantizar constitucionalmente la provisión de los derechos sociales esenciales como la salud, la previsión social y la educación con acceso universal, gratuito y de calidad a todos ellos. Se reconoce que en salud y previsión social algunos beneficiarios pueden hacer aportes de acuerdo a sus ingresos. Entre estos derechos también se puede reconocer el derecho a la vivienda y a un entorno urbano digno. Seguramente, también concordarán en derechos laborales tal cual hoy se reconocen en la OCDE.
Las diferencias se harán evidentes al momento de definir el financiamiento de las prestaciones de esos derechos sociales, que es el momento de esclarecer que estas propuestas no son demagógicas ni populistas. Lo primero serán las diferencias en lo tributario. Pero las discrepancias centrales surgirán al momento de plantearse la recuperación para el estado de las rentas y utilidades que provienen de los recursos naturales y el agua, las obras y los servicios públicos. Es en estos puntos donde se definen en lo concreto las políticas de alianza.
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