El debate presidencial se ha tomado el futuro de los medios de comunicación y hasta ahora el Colegio de Periodistas, uno de los principales implicados en el tema, no había hecho opinión pública. En esta entrevista, el presidente del gremio da cuenta de las propuestas del sector. “El Derecho a la Comunicación debe consagrarse como un derecho inalienable e inherente”, dice Ahumada.
Una eventual Ley de Medios que regule y promueva la existencia de más medios de comunicación, es parte de las propuestas que el Colegio de Periodistas espera que se debatan en la carrera presidencial, pero también en el marco de la Convención Constitucional que inicia su trabajo este domingo.
Danilo Ahumada, destacado periodista y documentalista de la Universidad de Playa Ancha (UPLA) y actual presidente del Colegio de Periodistas, cree que dicha normativa podría “distribuir de manera transparente y democrática el avisaje estatal” y garantizar “el acceso y distribución equitativa del espectro radioeléctrico a la ciudadanía”.
Pero el tema ha sido polémico. El precandidato presidencial de Apruebo Dignidad, Daniel Jadue, lo ha propuesto en su programa, aunque en debates también ha agregado que podría conformarse un Consejo Ciudadano que revise concesiones de canales de televisión y fije ciertos criterios que garanticen la objetividad de sus contenidos. Ahumada dice que Jadue aún no ha desarrollado en detalle dicha idea, pero comparte que es “necesaria la participación de la sociedad de manera activa, como ocurre en otros países”.
En entrevista con El Desconcierto, el también académico de la UPLA fija los puntos de vista del gremio periodístico y profundiza en las polémicas que han surgido en torno a este tema.
-En el Colegio de Periodistas, ¿cómo han abordado el reciente debate en torno a los medios de comunicación?
-El Colegio de Periodistas de Chile históricamente ha luchado en torno a los diversos problemas que afectan al sector de las comunicaciones, producto de las limitaciones constitucionales e institucionales que existen en el país. Este panorama se complejiza aún más cada vez que se constata que los medios de comunicación en Chile son principalmente privados y que además presentan altos índices de concentración de la propiedad, lo que afecta el pluralismo y la calidad de la información. A esto se suma las graves vulneraciones al ejercicio de la prensa y la libertad de expresión que se traducen en agresiones a la prensa por agentes del Estado en contexto de movilización social, acciones de censura y espionaje del Ejército a periodistas, entre muchas otras situaciones.
-En ese sentido, ¿una Ley de Medios, como se ha propuesto en el actual debate presidencial, podría subsanar esta situación que plantea? ¿El Colegio apoya una Ley de Medios?
-El Colegio de Periodistas de Chile apuesta por la consagración del Derecho a la Comunicación a nivel constitucional, para que se garantice la existencia de un sistema de medios que promueva la participación de los tres sectores de las comunicaciones: públicos, privados y comunitarios. De esta forma, adherimos a las demandas generadas por el Bloque por el Derecho a la Comunicación, vinculadas a que el Estado debe garantizar el Derecho a la Comunicación promoviendo un entorno mediático libre, plural e independiente, y en ese sentido es importante la creación de un sistema medial que se exprese a través de una Ley de Medios, que de manera eficaz regule la concentración de la propiedad de los medios y promueva la incorporación de nuevos actores al ecosistema medial.
-¿Cómo operaría, eventualmente, una ley como esta?
-Imaginamos una Ley de Medios que, además de lo que acabo de decirle, se encargue de distribuir de manera transparente y democrática el avisaje estatal para medios regionales e independientes, garantice el acceso y distribución equitativa del espectro radioeléctrico, resguardando su valor como bien público, fomente la existencia de medios públicos, regionales, locales, comunitarios y de pueblos originarios. Además, este marco legal puede garantizar el derecho a Internet como un derecho humano para disminuir la brecha digital y también promover un periodismo ético, con enfoque de derechos humanos y de género. En el fondo, una Ley de Medios debería garantizar la existencia de más medios y pluralismo.
–En torno a este mismo tema, el candidato de Apruebo Dignidad, Daniel Jadue, ha planteado la idea de un “Consejo Ciudadano” que tenga atribuciones de revisar contenidos editoriales. ¿El Colegio de Periodistas apoya dicha idea?
-Creemos que es importante que la ciudadanía participe en los procesos de toma de decisión, más aún las audiencias en los espacios de monitoreo de los medios de comunicación. Una Ley de Medios debería contemplar la participación de la sociedad civil en la promoción y ejecución de las medidas para fomentar el pluralismo mediático. Por ejemplo, el directorio de CNTV debería tener participación de organizaciones civiles en materia de comunicación, ya que es esa la instancia que recibe las denuncias de las audiencias cuando perciben que los contenidos de la televisión no se ajustan al bien común. En otros casos, los directorios de los canales deberían contemplar una representación más amplia, como representantes de sindicatos, periodistas y una distribución paritaria. Si bien la propuesta de Jadue no desarrolla esta idea del Consejo Ciudadano en detalle, pensamos que es necesario la participación de la sociedad de manera activa, como ocurre en otros países.
-También se ha planteado revisar y eventualmente revocar concesiones televisivas, materia que la actual Ley ya le permite al CNTV, aunque no la emplea. ¿Es viable políticamente esta posibilidad?
-Lo primero, es entender que el espectro radioeléctrico es un bien público y limitado. Por tanto, debe ser accesible a todos los sectores de las comunicaciones, en especial a quienes más se benefician de él, como los territorios dispersos geográficamente donde no llega puntos de internet ni la señal abierta televisiva. En ese caso, el espectro debería permitir que las comunidades accedieran a señales radiales como forma de comunicación clave para el desarrollo de esas localidades. Ahora bien, si existen organismos como el CNTV que recibe y sistematiza las denuncias que hay sobre la televisión abierta, perfectamente se podría avanzar en un mecanismo de evaluación de las concesiones que esté asociado al número de denuncias y sanciones que un medio recibe. Se debe avanzar además en democratizar los recursos que el Estado entrega a través del avisaje estatal.
-En ese mismo punto, la discusión también se ha centrado en la distribución del espacio radioeléctrico y televisivo. ¿Qué propuestas tienen en esa materia?
-No hemos profundizado en porcentajes o cuotas. Sí creemos que el espacio debe ser distribuido de manera equitativa, resguardando los tres sectores de las comunicaciones: público, privado y comunitario con enfoque en los territorios.
-En esta nueva configuración, ¿qué injerencia tendría el actual CNTV?
-El CNTV debe ser repensado, se necesita un consejo que recoja las distintas miradas, sobre todo cuando tiene atribuciones de sancionar a los canales de televisión. Pensar, por ejemplo, en que el nombramiento del directorio sea por concurso público y constituir un consejo que represente efectivamente las diversas miradas. Podrían participar representantes de los pueblos originarios, universidades, premios nacionales de periodismo, organizaciones vinculadas a las comunicaciones, por nombrar algunas.
-El último informe 2020 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expuso la preocupante situación de Chile respecto a vulneraciones hacia la libertad de prensa. ¿Cómo debería desde el Estado abordarse ese problema?
-Primero, el Estado debe reconocer que existen vulneraciones a la libertad de expresión y al ejercicio libre de la prensa. Hemos sido testigos de cientos de agresiones a la prensa en contexto de movilización, censuras y monitoreo y espionaje del Ejército hacia periodistas. Esta situación tiene hoy al Estado chileno en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En segundo lugar, debemos avanzar en garantizar el libre ejercicio del periodismo, sin restricciones. La pandemia ha sido justificación para que el gobierno de Chile restrinja el libre ejercicio de la prensa, sobre todo hacia la prensa independiente. Esto no solo afecta nuestra profesión, sino que vulnera el derecho a la información que debe tener la ciudadanía. Por otra parte, hemos visto la judicialización de la prensa, por eso estamos trabajando con el Ministerio Publico y la Defensoría Nacional para abordar este problema que hoy nos tiene con varias acciones judiciales.
-En otro tema, ¿cómo evalúa el desempeño y rol de los periodistas a cargo de los debates presidenciales?
-El periodismo debe promover el debate público, instalando temas de interés nacional, por supuesto bajo parámetros mínimos de ética periodística. En ese sentido, me parece que algunas veces los temas que se instalan están más vinculados con generar ciertas polémicas artificiosas y no en abordar los temas de fondo. Por ejemplo, el tratamiento que se le dio a la migración en el último debate. Nuestro rol, por supuesto, debe ser interpelar al poder y dar espacio para el desarrollo de propuestas e ideas en igualdad de condiciones, poner en valor temáticas para que la ciudadanía pueda votar informada y deliberar con todos los elementos.
-Se lo pregunto porque se ha planteado que existe un sesgo por parte de algunos profesionales de la prensa. ¿Usted comparte esa apreciación?
-Por supuesto, hay que revisar, por ejemplo, la conformación de los panelistas en programas de conversación o debates políticos. No puede haber temas vetados y el pluralismo debe defenderse sin condiciones desde todos los espacios. Un debate serio debe contener todas las miradas.
-Ad portas del inicio del proceso constituyente, ¿qué elemento deberían ser discutidos de forma urgente en la nueva carta fundamental?
-El escenario actual de discusión de una nueva Constitución significa para muchos sectores la posibilidad de establecer como garantía constitucional derechos colectivos en el ámbito de las comunicaciones para su democratización. El Derecho a la Comunicación debe consagrarse como un derecho inalienable e inherente a todas las personas y como requisito básico para su pleno desarrollo debe ser garantizado y fomentado por el Estado a través de la Constitución.
El Colegio de Periodistas de Chile espera que el proceso de cambio de la Constitución abra la posibilidad para debatir estrategias que permitan democratizar el país y eliminar los enclaves autoritarios que siguen vigente y que sostienen las desigualdades en Chile. Nuestra propuesta se centra en garantizar derechos humanos en materia de comunicaciones que permitan garantizar a las y los ciudadanos la posibilidad de desarrollar medios de comunicación y resolver la crisis que enfrentan los medios, con transformaciones de fondo orientadas a desarrollar una institucionalidad para fortalecer las comunicaciones a lo largo de todo el país. La nueva Constitución debería asegurar además que se garantice la libertad de expresión, el libre ejercicio de la prensa y el derecho a la información.
29.06.2021
