|La élite chilena no fue lo suficientemente clara y tajante para condenar la corrupción. El proceso constituyente nace del estallido social del 19 de octubre que se rebeló en contra del orden establecido que privilegiaba a unos pocos. Es por ello que muchos vemos con preocupación las acciones que se diseñan para “hacer llegar el mensaje” a las y los constituyentes para que entiendan por la buena que lo mejor para el país es no hacer muchos cambios porque, si no, llegará el desempleo, la violencia, la disminución de la inversión y la huida de capitales al extranjero.
Mientras Transparencia Internacional define la corrupción como “el abuso de poder en beneficio privado”, en Fundación Semilla definimos violencia como “el abuso de poder para dominar, someter, imponer, subyugar, humillar, vencer, oprimir, doblegar, ofender, degradar, denigrar, deshonrar, menoscabar, discriminar… a otra persona o grupo de personas”. La corrupción también es violencia.
Aún no comienzan a trabajar las y los constituyentes en la elaboración de la nueva Constitución, sin embargo quienes se sienten amenazados por la posibilidad de perder sus privilegios y quienes buscan revancha ya han comenzado a utilizar un lenguaje y una maquinaria comunicacional tendiente a ofender, denigrar, deshonrar, menoscabar o discriminar a quienes la ciudadanía eligió para redactar la nueva Constitución. Condenemos entonces la violencia que se comienza a ejercer sobre la Convención Constitucional.
Chile ocupó el lugar 25 en el ranking del Índice de Percepción de Corrupción en el año 2020 entre 180 países. En el índice que va de 0 a 100, Dinamarca ocupa el primer lugar con 88 puntos, mientras que Sudán del Sur y Somalia ocupan el último con sólo 13 puntos. Para Chile es una buena ubicación, pero lamentablemente hemos ido a la baja. Obtuvimos 72 puntos en 2012 y 66 puntos en 2020. Durante este periodo se conocieron los mal llamado casos de “relación entre dinero y política” y se pudo ver claramente cómo se logró un acuerdo a puertas cerradas para no investigar y sólo dejar que prosiguieran investigándose muy pocos casos emblemáticos.
La élite chilena no fue lo suficientemente clara y tajante para condenar la corrupción. El proceso constituyente nace del estallido social del 19 de octubre que se rebeló en contra del orden establecido que privilegiaba a unos pocos. Es por ello que muchos vemos con preocupación las acciones que se diseñan para “hacer llegar el mensaje” a las y los constituyentes para que entiendan por la buena que lo mejor para el país es no hacer muchos cambios porque, si no, llegará el desempleo, la violencia, la disminución de la inversión y la huida de capitales al extranjero.
La amenaza del caos no es otra cosa que la prevalencia de un rasgo de personalidad muy chileno que está fuertemente arraigado en nuestra cultura y que nace del lema nacional: “Por la Razón o la Fuerza”. Lema que debe ser reemplazado por: “Por la Fuerza de la Razón”, como una de las primeras decisiones del constituyente y pasar a ser un pilar de la Convención. Decisiones basadas en evidencia y no en amenazas o información distorsionada. Plena fiscalización ciudadana al cumplimiento de los protocolos de transparencia y de acceso a la información. Procesos amplios y democráticos de consulta ciudadana. Control de variación patrimonial y exigencia de declaración de conflictos de interés.
En los próximos meses, chilenas y chilenos nos jugamos el futuro y para ello es imprescindible que condenemos, sin excepción, la corrupción, que también es violencia. Una Constitución exitosa no sólo dependerá de sus contenidos, sino que, en mayor medida, de su legitimidad.
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