La educación es demasiado relevante y delicada como para dejarla en manos de quienes carecen de las competencias necesarias

 

Una imagen vale más que mil palabras…

Por FNES … por eso la figura del soldado de la Marina con su pie y su fusil apoyados sobre una persona inerme, que yace de bruces en el pavimento, con las manos esposadas a su espalda, tras ser “sorprendido” sin su permiso de circulación el martes 13 de abril en Valparaíso, generó un fuerte impacto en Chile y fuera del país. Es otra cruda evidencia que justifica la categórica condena ciudadana a las aberrantes políticas gubernamentales, incluidas las adoptadas en educación, durante el actual gobierno. Pues este flagrante y autoritario acto de violencia militar se vincula a la firma del Ministro de Educación de un convenio con la Armada, para que esta rama militar se encargue de fijar los contenidos curriculares en educación ciudadana y derechos humanos de los estudiantes de octavo año básico a cuarto año de educación media, no obstante su tenebroso historial de atropellos y crímenes cometidos contra las personas y la sociedad durante la dictadura, en otros períodos de nuestra historia y en el presente. Esta conducta de las actuales autoridades del MINEDUC no es casual sino recurrente, y guarda estricta correspondencia con las medidas adoptadas en los años posteriores a septiembre de 1973, reflotadas con particular encono durante la administración de la ex ministra Marcela Cubillos, función que también ejercieron altos oficiales del almirantazgo, luego del golpe de Estado, en cuya planificación y puesta en práctica su padre, Hernán Cubillos Sallato, ex oficial de la marina, asumió funciones de primer orden, como miembro de la secreta organización "Cofradía Náutica del Pacífico Austral" en la que participaban José Toribio Merino, Patricio Carvajal, Roberto Kelly, Agustín Edwards Eastman, entre otros altos oficiales militares y civiles del gran empresariado. Necesario es recordar que en el “cuoteo” de cargos del primer gabinete de Pinochet, la Marina reclamó y se hizo cargo por años de la cartera de Educación, que ejerció con mano de hierro. Miles de profesores, funcionarios, académicos, destacados pedagogos y especialistas del ámbito educacional fueron encarcelados y perdieron sus empleos. Otro gran número de estudiantes y docentes fueron asesinados, tras haber sido secuestrados y sometidos a salvajes torturas en cuarteles y embarcaciones de la Armada. El sistema de espionaje y delación instalado por los almirantes operaba en todo el país. Prestigiadas instituciones educativas, laboriosamente construidas a lo largo de décadas republicanas, con ingentes esfuerzos intelectuales y técnicos fueron disueltas. Así, desapareció la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, señera en América Latina (al igual que la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios). Lo mismo ocurrió con gabinetes técnicos de distintas instancias educacionales, generadores de investigaciones e iniciativas pedagógicas innovadoras y de gran nivel, y con decenas de liceos experimentales y escuelas consolidadas que efectuaban investigación y experimentación educacional en el sistema público nacional, aportando prolíficas y creativas actividades en los distintos ámbitos de la actividad educativa. Igual destino le cupo al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, formador de profesores de gran excelencia pedagógica, mientras que el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica, CPEIP, logró sobrevivir pero sin actividad relevante, luego de perder a sus mejores investigadores y especialistas del planeamiento y el quehacer educacional. Todas estas acciones se orientaban a crear un férreo control ideológico y policíaco militar sobre la educación nacional, el que solo se atemperó al inicio de la tibia transición democrática iniciada en 1990, para ser retomado por la ministra Cubillos y continuado luego bajo la responsabilidad de su ex subsecretario, el hoy ministro Raúl Figueroa, tal como lo evidencia el citado convenio suscrito con la Armada; la promoción del soplonaje y la represión contra alumnos, apoderados, docentes y asistentes de la educación; la intensificación de la destrucción de la educación pública; el impulso a la privatización de la educación parvularia; el descontrol de la JUNAEB y de sus ingentes recursos que deberían ser invertidos plenamente en el estudiantado del país; además del insensato abuso contra el magisterio, asistentes de la educación, funcionarios del Ministerio y de las otras instituciones públicas del Sector; y el sofocamiento financiero, la insuficiencia de personal, de recursos materiales e infraestructura del aparato estatal educacional. El fuerte aherrojamiento del país y la educación ejercido durante la época de Pinochet, reinstalado durante la gestión de Piñera, guarda concordancia con el ultra reaccionario trasfondo ideológico cultural, perseverado por el ex subsecretario de la Sra. Cubillos, como lo grafica el citado convenio con la Armada, la intensificación de la persecución y represión estudiantil al amparo de la ley de Aula Segura, que conlleva el amedrentamiento de las comunidades educativas, la profundización del control burocrático sobre el funcionariado del Mineduc e instituciones públicas del Sector, y un empecinado desprecio a las justas y urgentes demandas del magisterio y del conjunto de trabajadores del Área Educativa. Las posturas del ministro Figueroa tampoco son difíciles de desentrañar. Hijo de un alto integrante de los gabinetes de Pinochet, su padre, abogado como él, fue subsecretario en varias carteras y finalmente designado ministro de ODEPLAN, por lo que no debe sorprender su pertinaz comportamiento, contrario a toda consideración humana, sanitaria y pedagógica, manifestado en su terco empeño por imponer a como dé lugar, el retorno a los establecimientos del estudiantado, del personal docente y de asistentes de la Educación Inicial y Escolar, presionando y amenazando a quien se le oponga -como acaba de ocurrir con su advertencia a los alcaldes que no se le sometan de suspenderles el pago de la subvención escolar-, actitud agravada por su desdén en asegurar las medidas sensatas y efectivas de higiene, prevención y equipamiento, exigidas por las actuales condiciones de pandemia, cuestión que quedó en ridícula exposición cuando se envió a cuarentena a 12 cursos del exclusivo colegio del barrio alto, ligado al Opus Dei, donde estudian sus hijas, y los recientes impactantes antecedentes conocidos de la investigación acerca del mortal accidente en clases de un joven estudiante de cuarto medio de un Colegio Industrial de Puente Alto, que cediendo a la presión ministerial hizo retornar a clases presenciales a sus alumnos, en noviembre pasado, sin adecuadas condiciones de seguridad y prevención. La insensibilidad y contumacia del ministro Figueroa, impide que se cursen los procesos de retiro de miles de docentes y asistentes de la educación en edad de jubilar, para poner fin al duro agobio laboral que la pandemia ha elevado a niveles extremos. Tampoco permite ningún avance a la solución de la “deuda histórica”, contraída con el personal traspasado dictatorialmente desde el Mineduc a las municipalidades, en los años 80. Estas actitudes de Figueroa recuerdan el peor período de la dictadura, y guardan consonancia con las improvisadas y torpes posturas de un Presidente, aislado y carente del apoyo político hasta de su propia coalición y rechazado rotundamente por el pueblo, registrando el peor respaldo ciudadano de toda la historia del país y a quien hasta las instituciones de hechura dictatorial le dan la espalda, como ocurrió con el Tribunal Constitucional durante el tercer retiro de fondos de las AFP, quien logra mantenerse en su cargo solo por el interés del gran empresariado y de la casta política, empeñada en un desesperado esfuerzo electoral que mantenga el statu quo, por lo que su gabinete lo constituye principalmente un conjunto de ineficientes ministros nóveles e inexpertos y una camada de reaccionarias figuras provenientes del Pinochetismo de la primera hora. Esto contribuye a elevar la magnitud de la crisis educativa y cultural existente, facilitada por la insensata proliferación de leyes, decretos y otros instrumentos administrativos profundamente errados e inconducentes, similares a los que en su momento fueron la falsa “desmunicipalización”, la deficiente ley de “Educación Superior y Gratuidad”, la anémica ley de “Inclusión Escolar” y las regresivas leyes de “Aula Segura” y los privatizadores proyectos “Sala Cuna Universal” y “Subvención del Nivel Medio” en Educación Inicial, así como la negativa a incrementar recursos para la investigación y sus aplicaciones en ciencia y tecnología, convirtiendo a SERCOTEC en un escuálido sobreviviente y al Ministerio de Ciencia y Tecnología en un mísero administrador de la precariedad, acentuando la dependencia del país y nuestra baja autoestima identitaria. Esta situación ha alcanzado niveles críticos con la gestión del ministro Figueroa, pues no siendo en esencia distinta a las de las administraciones “democráticas” que le precedieron, su accionar exhibe mayor insensibilidad e ineficiencia, extrema ideologización ultraconservadora y una gobernanza agudamente autoritaria, todo lo cual, al combinarse, profundiza las contradicciones y los conflictos, concitando el rechazo rotundo de la mayoría del país, que exige con una voz reforzada por la rebelión popular de 2019, modificaciones educativas sustantivas y urgentes. En este contexto el convenio de Figueroa con la Marina, su torva exigencia de retorno a clases presenciales y su renuencia a acoger las justas demandas de las y los trabajadores de la educación, revisten una violenta forma de provocación por el rol que, de suyo, juega la educación en toda sociedad, entendida como uno de los instrumentos principales de legitimación y reproducción del modelo económico socio-cultural imperante, el que -en el caso de Chile fue impuesto brutalmente-, lo que extrema su carácter histórico como “ámbito de conflictos” , enmarcado hoy en la demanda de un proceso de cambio de rumbo del país por vía de una nueva Constitución, con sentidos y contenidos diametralmente distintos a los sustentados por la elite gobernante y sus sirvientes. La arquitectura institucional de los organismos educacionales es ajena a una cultura de valores humanistas, libertarios y democráticos, de justicia social, igualdad, fraternidad y solidaridad, coadyuvantes al desarrollo de las emociones, a la expresión plena e integral de las subjetividades creativas de la persona y la sociedad, que interrumpió el devenir republicano de nuestro imperfecto país, pero en constante debate y búsqueda de mejoras que posibilitaran un desarrollo nacional a escala humana y social, en sintonía con el medio ambiente, dejando en el olvido el preciado postulado republicano de “la educación como preocupación preferente del Estado” y la categórica exigencia por un “Estado Docente”, que ubicaron a la Educación Chilena como una de las más destacadas de América Latina. La involución de los sentidos y contenidos de las políticas públicas en educación, la destrucción y el deterioro de los organismos del sector fue generando una negación de la realidad del país, despreciativa de las complejidades de nuestra sociedad, que acrisola una gran riqueza de expresiones de variadas particularidades e idiosincrasias, de amplia pluralidad de características humanas, sociales, étnicas, culturales, geográficas, económicas, imponiendo en su reemplazo la estrecha y malsana visión deshumanizante neoliberal, propia de la pequeña elite gobernante, endogámica, centralista y excluyente. Esto remarca y justifica -pensamos- nuestro juicio: La educación es demasiado relevante y delicada como para dejarla en manos de quienes carecen de las competencias necesarias. ¡OTRO PAÍS Y OTRA EDUCACIÓN SON POSIBLES! Fundación Nueva Educación y Sociedad, FNES/Junio de 2021 www.fnes.cl -oooOoo- contacto@fnes.cl

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