Luego de que el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara (RN), no asistiera a la citación realizada por la comisión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados que investiga los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad durante el estallido social, su presidenta, la diputada socialista Maya Fernández, conminó directamente a la autoridad capitalina para que acuda.
 
Para los diputados integrantes, el delegado presidencial, que ostenta el cargo desde el 30 de octubre de 2019 -12 días después del comienzo de las protestas-, debe dar explicaciones por la estrategia de "copamiento" empleada por personal de Control de Orden Público (COP) en los alrededores de la Plaza Baquedano, epicentro de las manifestaciones, y otros actos protagonizados por uniformados que terminaron con un importante número de víctimas.
 
A juicio de Fernández, la ausencia de Guevara representa "claramente la nula respuesta que ha dado el Gobierno a las víctimas y sus familias", agregando que "no hay señal alguna de querer generar verdad, justicia y reparación".
"Según nos informó el secretario de la comisión, el intendente no se excusó ni se presentó, demostrando la indiferencia del Gobierno del Presidente Piñera para responder por las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido", sostuvo la legisladora opositora.
 
"Llamo al intendente Guevara a asistir", enfatizó.
Las fuerzas de seguridad llevan en el punto de mira desde las protestas que comenzaron octubre de 2019, las más graves desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que dejaron una treintena de muertos, miles de heridos y detenidos y más de 4.600 causas abiertas contra agentes de Carabineros o militares.
Desde entonces, organismos internacionales como las Naciones Unidas, Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW) han denunciado los abusos policiales en Chile.
 
Desde su creación, la comisión especial de la Cámara Baja ha recibido a diversas víctimas, entre las que se encuentran Fabiola Campillai, Manuel Véliz, Óscar Pérez y César Galloso, además de organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la fundación Los Ojos de Chile, la ONG Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), entre otros.