Por: Marcelo Espinoza | Publicado: Noviembre .2023
Salvador Allende junto a Patricio Aylwin | Crative Commons (CC)Los tres antigolpistas de la reunión consideran que es demasiado y rechazan dos puntos: la declaración de inconstitucionalidad de las acciones del gobierno y el llamado a las Fuerzas Armadas. Se transa que, a cambio de los votos de los diputados DC reticentes, que son varios, se retira el llamado a los militares y se acuerda que el diputado Cerda tome la palabra en la sesión y declare que este voto no tiene por objetivo, ni siquiera remoto, justificar un golpe militar. Ninguno de los compromisos contraídos por Aylwin y Cerda fue respetado. Se mantuvo el llamado a los militares y Cerda no intervino.
Diálogos Gobierno – DC
El día 30 de julio se reúne Patricio Aylwin y el senador Olguín con el presidente Allende y dos de sus ministros. Un resumen preparado por Olguín indica que los dirigentes DC propusieron a Allende que formara un gabinete con mayoría de oficiales de las Fuerzas Armadas, y que incluya militares en las subsecretarías y jefes de servicio (esto supera la posición de los generales transmitida por Arellano). Esto, como primer paso, para después estudiar las materias conflictivas. El Presidente propuso priorizar los acuerdos, para luego ver la incorporación de las Fuerzas Armadas al gabinete.
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La reunión se interrumpe y se reanuda más tarde, el mismo día. Allende manifiesta que concibe las conversaciones como el inicio de un proceso, con comisiones de trabajo conjuntas para los distintos temas. Aylwin replica que las comisiones son válidas en condiciones normales, pero que exigían mucho tiempo y que la situación requería de acuerdos rápidos, como incorporar las Fuerzas Armadas. Agrega ahora, una segunda condición indispensable, la promulgación de la reforma constitucional sobre las áreas de la economía, tal como se aprobó en el Congreso. El Presidente lo rechaza e insiste en estudiar el diferendo en una comisión conjunta. El líder DC respondió que debía consultar con su partido.
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Aylwin remite una carta a Allende al día siguiente, 31 de julio. En ella, resume los puntos en que hay acuerdo entre ambas partes: afianzar orden institucional y plena vigencia del Estado de Derecho; Fuerzas Armadas y Carabineros son los únicos depositarios de la fuerza y no pueden existir grupos armados paralelos; necesidad de terminar con las tomas; delimitar legalmente el área social, mixta y privada, regulando la participación de los trabajadores. Luego, sostiene que no es viable lograr acuerdos conjuntos sobre estas materias en plazo breve. Insiste en promulgar la reforma constitucional sobre las áreas tal como está. Y concluye que, dado que el Presidente no acepta promulgar la reforma ni acepta ninguna de sus propuestas, parece inútil prolongar las conversaciones” (Carta Patricio Aylwin al Presidente Allende, 31 de julio 1973, Repositorio Digital Patricio Aylwin).
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La carta es un portazo al Presidente. No se hace cargo de la legítima discrepancia sobre la reforma y los vetos, más aún cuando el Tribunal Constitucional se ha declarado incompetente, y por tanto no hay más solución que un acuerdo de las fuerzas políticas, y no la imposición de una interpretación jurídica sobre la otra. La misiva sostiene que el Presidente no acepta ninguna de las sugerencias del partido, lo que no es cierto y lo desmiente la misma carta, que comienza señalando los puntos de acuerdo entre las partes. Esta es la posición de la DC, cuando ya se ha iniciado la nueva huelga insurreccional de los camioneros, cuando los atentados terroristas de Patria y Libertad, con el apoyo de militares y marinos en servicio activo, se repiten día a día en todo el país. El país se incendia por los cuatro costados, y el golpe se hace inminente. Todo el país lo sabe.
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El Presidente responde en carta del 1° de agosto de 1973. Allí señala que en las circunstancias del momento en el país, el diálogo entre el partido DC y el gobierno tiene un solo sentido: buscar las coincidencias respecto a los problemas vitales, identificados en discursos y declaraciones de ambas partes, sin imposiciones unilaterales. Que al reafirmar la DC en la carta de ayer, su deseo de ver promulgada la reforma constitucional, solo puede verse como el deseo de querer imponer los criterios de ese partido sobre la materia. Enseguida propone una solución, que concilia ambas posiciones, sin que una se imponga sobre la otra.
Allende concluye con un elocuente e histórico llamado a proseguir las conversaciones: “No quiero dramatizar, pero tengo el deber de recordarle las trascendentes responsabilidades que Ud. y yo tenemos en los difíciles instantes que vive el país y las proyecciones históricas de nuestras decisiones. Por ello, y por el interés superior de Chile, debemos continuar el diálogo. Lo invito formalmente para que prosigamos nuestras conversaciones” (Carta de Allende a Patricio Aylwin, 1° agosto de 1973, Repositorio Aylwin). En una última carta del 4 de agosto, Aylwin dio por finalizado el diálogo si el Presidente no promulgaba la reforma constitucional sobre las áreas de la economía. Fue el fin de las conversaciones.
Enseguida, Aylwin informó de estos diálogos con el Presidente y su resultado a los militares, a través de Sergio Arellano Iturriaga. Luego, los generales del Comité de los 15 se reunieron para recibir esta información. El golpismo quedaba informado, por medio de la DC. (Arellano Iturriaga, De Conspiraciones y Justicia, 2003, en Amorós 2020).
En este diálogo, la última instancia para la democracia, este partido exige como primera propuesta que los militares ocupen la mayoría del gabinete, subsecretarías y las jefaturas de servicios, dejando al presidente maniatado, porque esa petición era una suerte de rendición incondicional, imposible de aceptar. El dirigente que dialoga, lo sabe perfectamente. No obstante, incorpora luego, una segunda condición inaceptable, la promulgación inmediata de la reforma. No está buscando soluciones políticas. Hace una y otra propuesta para que no sean aceptadas.
Esta exigencia fue incluso criticada al interior del mismo partido DC por otros dirigentes. Respecto a este momento crítico de la historia, el autor Arturo Valenzuela sostiene que el Presidente no podía aceptar, porque habría significado una virtual abdicación como gobernante. Respecto a los dirigentes de la DC, sostiene que éstos abdicaron su responsabilidad en un momento histórico: “Muchos parecían estar convencidos de que las Fuerzas Armadas chilenas, con su tradición constitucionalista, simplemente obligarían al Presidente a dejar el poder para entregárselo a ellos nuevamente. Parecían haber olvidado la suerte corrida por otros demócratas y otros grupos centristas, en otros lugares y épocas, que habían abdicado su responsabilidad, en momentos críticos.” (Valenzuela A, 1989).
En la DC era ya una mayoría del partido la que no quería acuerdos. No solo Altamirano y otros desde la izquierda insurreccional rechazaban el diálogo, también en el diario La Prensa de la DC se publicaron críticas a estas conversaciones, y más aún, Aylwin fue abucheado en la sede de su mismo partido por estas conversaciones. También estaba sometido a grandes presiones, al igual que Allende, salvo que, sólo uno extravió el norte de la democracia.
Gabriel Valdés, ex Ministro de Relaciones exteriores en el gobierno de Frei, da su testimonio a una periodista en 1998. Había regresado a Chile a fines de julio de 1973, y describe su sorpresa ante la exaltación de sus compañeros de partido frente al gobierno. Relata su encuentro con Eduardo Frei, quien le dice: “Yo sé que viene el golpe, tengo tres coroneles que me van a avisar, dos ya me han avisado”. Frei está convencido, dice Valdés, que pronto habría un golpe de Estado, pero que sería un breve paréntesis. “Nos van a llamar. Nos van a llamar a los pocos meses y van a devolver el país a la democracia”, dice Frei (Subercaseaux Elizabeth, Gabriel Valdés. Señales de historia, en Amorós, 2020).
El 9 de agosto, el Presidente da un paso más en la búsqueda de una solución institucional, e incorpora al gabinete nada menos que a los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, más el Director General de Carabineros. Es lo máximo que puede hacer un presidente. Hay oposición desde sectores de la izquierda, que se niegan, pero Allende no los escucha. La DC pudo haber visto satisfecha sus exigencias, pero no le pareció suficiente y criticó el gabinete, con lo cual dejaba en mal pie a los comandantes incorporados, socavando su posición. El partido echaba más fuego a la hoguera. Tres semanas después del golpe, Radomiro Tomic en entrevista a medios extranjeros se refirió a este rechazo al gabinete: “De haber sucedido esto, habría sido posible una salida política. No lo hicimos, Fue fatal” (Oscar Pinochet, Tomic Nuevos Testimonios, 1999, en Amorós 2020).
A instancias de Allende, por última vez, el Cardenal Silva Henríquez organiza una cena en su casa, con el Presidente y Aylwin. Es el 15 de agosto, faltan sólo siete días para el Acuerdo de la Cámara que dio luz verde al golpe de Estado, el 22 de agosto. Sin duda en ese momento, siete días antes, este acuerdo entre la derecha y la DC estaba en plena preparación. Ambas fuerzas están discutiendo los argumentos para declarar ilegítimo al gobierno, paso necesario para que sea derribado por los militares. Allende no lo sabe y confía. Por eso, es imposible pensar en voluntad de acuerdos en la DC cuando concurre a este diálogo. No hubo resultados porque ya había acuerdos, pero no con el Presidente. Fracasado este segundo diálogo, un día antes del Acuerdo de la Cámara, Aylwin emite una declaración como presidente de la DC, concediendo su respaldo pleno al paro que han convocado diferentes gremios en apoyo a los camioneros en huelga. Al día siguiente, firmará con la derecha el acuerdo de la Cámara que declara la ilegitimidad del gobierno. La DC se pliega a la estrategia de derrocamiento.
El Acuerdo de la Cámara de Diputados
Después de tres llamados del Partido Nacional a la DC para declarar la ilegitimidad del gobierno en el Congreso, dos a la directiva de Renán Fuentealba que no son acogidos, y el tercero a la directiva de Patricio Aylwin en junio de 1973, este último llamado sí es acogido, en agosto. Ambas directivas acuerdan que cada partido por separado prepare un texto que declare la ilegitimidad del gobierno. El PN encarga su redacción al jurista Enrique Ortuzar y al senador Francisco Bulnes. Aylwin se lo encarga a Claudio Orrego. Éste se entera que el PN ya tiene disponible un texto, Orrego lo revisa y con el senador Bulnes, agregan modificaciones menores, y lo presentan a Aylwin. El texto se asemeja al Acta de Deposición de Balmaceda en 1891, porque declara la ilegitimidad del gobierno. Pero los encargados de la DC no quieren aparecer ante la historia como típicos golpistas latinoamericanos, y prefieren la expresión más sofisticada de la “ilegitimidad de los actos del gobierno”.
El documento sostiene que desde su inicio el gobierno está empeñado en conquistar el poder total, ampara la creación de poderes paralelos ilegítimos, usurpa las facultades del Congreso usando resquicios legales, deja sin efecto destituciones de ministros, se niega a promulgar la reforma constitucional, deja sin aplicación resoluciones judiciales, ha atentado gravemente contra la libertad de expresión, ha violado la autonomía universitaria, ha atentado contra el derecho de reunión, atenta contra la libertad de enseñanza, ha incurrido en detenciones ilegales, ha desconocido los derechos de los trabajadores, ampara grupos armados, etc. Con estas acusaciones del documento, el país es prácticamente una dictadura, y sobre la base de estos fundamentos, se acuerda:
La Cámara de Diputados representa al Presidente de la República y a los más altos oficiales del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Carabineros en su condición de ministros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República. Representar a dichos señores ministros que les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones referidas. Si no lo hicieran quedaría gravemente comprometido el carácter nacional y profesional de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Por último, transmitir la declaración al Presidente y a los ministros militares.
Radomiro Tomic es alertado el día anterior que el objetivo de la sesión es votar un llamado al golpe. Contacta a los diputados Huepe y Ruiz Esquide y obtienen una entrevista con Aylwin y el secretario nacional Eduardo Cerda en la sede del partido, el mismo día 22, dos horas antes de la reunión. Aylwin les presenta el texto, afirmando que ha sido preparado por Claudio Orrego y César Fuentes. Y que se ajusta a derecho. Tomic pregunta si han colaborado diputados de derecha, y Aylwin responde que no, escondiendo la verdad (testimonio de Ruiz Esquide, 2013).
Los tres antigolpistas de la reunión consideran que es demasiado y rechazan dos puntos: la declaración de inconstitucionalidad de las acciones del gobierno y el llamado a las Fuerzas Armadas. Se transa que, a cambio de los votos de los diputados DC reticentes, que son varios, se retira el llamado a los militares y se acuerda que el diputado Cerda tome la palabra en la sesión y declare que este voto no tiene por objetivo, ni siquiera remoto, justificar un golpe militar.
Ninguno de los compromisos contraídos por Aylwin y Cerda fue respetado. Se mantuvo el llamado a los militares y Cerda no intervino.
Ese día, parlamentarios DC dijeron a Cerda “Nosotros también queremos el golpe”, según éste relató años más tarde. Esta expresión espontánea de diputados DC cuando conocen del tenor de las palabras que pronunciaría Cerda, son significativas y demuestran que: Primero, había efectivamente diputados DC a favor del golpe de Estado, a pesar de sus declaraciones públicas negando favorecer salidas golpistas a la crisis, simulando un espíritu democrático. Segundo, revelan el verdadero sentido de la declaración de ilegitimidad del gobierno. Queda al descubierto el objetivo perseguido por sus impulsores y adherentes, negado en ese momento y hasta el día de hoy, cincuenta años después.
Cuarenta años más tarde, en artículo publicado en El Mostrador (El Mostrador, Opinión, 23 agosto 2013), los juristas Ramón Briones y Hernán Bosselin destacan los vicios del acuerdo. Transgrede la Constitución, porque el artículo 39 sobre fiscalización de los actos de gobierno, impone transmitir los acuerdos o sugerir observaciones solo al Presidente de la República, a nadie más, y en ningún caso a militares. También transgrede el artículo 4°, que establece que ninguna magistratura puede atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido por las leyes.
Cuando el acuerdo ordena a los ministros militares poner término a las situaciones que denuncian, van más allá de sus atribuciones. Más aun, llamarlos a actuar con independencia de la autoridad del Presidente es un llamado a desconocer la autoridad del Presidente de la República y una vulneración del Estado de Derecho. Es un llamado a deliberar, y por tanto, los llama a contravenir el artículo 22 de la Constitución, que estipula que ningún cuerpo armado puede deliberar.
Así los acusa el Presidente Allende en su respuesta escrita a la Cámara, el 24 de agosto: “Pedir a las Fuerzas Armadas y Carabineros que lleven a cabo funciones de gobierno al margen de la autoridad y dirección política del Presidente de la República es promover el golpe de Estado. Con ello, la oposición que dirige la Cámara de Diputados asume la responsabilidad histórica de incitar a la destrucción de las instituciones democráticas” (Amorós 2020).
Después de este acuerdo, el 28 de agosto juró el último ministerio de Allende, con el socialista moderado Carlos Briones como Ministro de Interior. El Presidente, por enésima vez, en un esfuerzo postrero, le encarga insistir en una acuerdo político con Patricio Aylwin. Éste negó cualquier posibilidad. Veinte días después de esta rutilante declaración de los diputados, se suprimieron efectivamente todas las libertades y garantías constitucionales en el país, sin una sola palabra de rechazo por parte de los adherentes de esta declaración.
Históricamente, el documento representa la luz verde del parlamento y específicamente de la Democracia Cristiana para el golpe de Estado. Los militares necesitaban el respaldo para la acción golpista por parte de este partido, tal vez fue una exigencia de los sublevados, para no parecer golpistas del tercer mundo. La CIA necesitaba también este respaldo DC y trabajaba para ello, así lo demuestran sus archivos desclasificados. Necesitaban también, a lo menos el silencio de su más connotado líder, Eduardo Frei.
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