EDITORIALAgenciaUnoEl caso Hermosilla –o caso coimas– abarca, entre otras aristas corruptas, miles de millones de pesos en facturación falsa que simula movimientos económicos que nunca existieron. Además, podría haber empresariado criminal lavando dinero. Y esto ocurre en un momento de baja confianza ciudadana.
La publicación de un audio donde el abogado Luis Hermosilla sostiene una impúdica y grosera conversación con su cliente, el empresario Daniel Sauer, y con la abogada María Leonarda Villalobos, fundamentalmente para ponerse de acuerdo sobre la forma (y el monto) de corromper a funcionarios públicos, con el fin de evitar que opere la ley, ha conmovido la atmósfera cívica, legal y política del país.
Si bien resulta adecuado, en lo inmediato, poner el foco central en la comisión de delitos, a todas luces esto será insuficiente, sobre todo por la notoriedad de los implicados y su extensa red de vínculos, así como la gravedad de los hechos que se investigan para el funcionamiento de las instituciones económicas del país. Se ponen en cuestión temas de probidad vinculados a funcionarios (aún desconocidos) de dos de las instituciones pilares de nuestro modelo económico: el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y esto ocurre en un momento crítico de nuestro sistema político en cuanto a fe pública y probidad, además de débil confianza ciudadana en las instituciones.
Desde hace ya más de una década que nuestra constitución económica –o conjunto de reglas del juego económico– viene haciendo esfuerzos por tapar brechas y recuperar legitimidad, debido a transgresiones sucesivas por parte de actores económicos mayores, en variadas direcciones y con distintos métodos. Colusiones y abusos de mercado, opacidad de información financiera, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y otras actividades corruptivas han golpeado negativamente los sistemas regulatorios y los mecanismos de fiscalización y control e inteligencia financiera.
Este caso, en que el audio divulgado gira en torno al SII y la CMF y a una eventual porosidad y discrecionalidad corrupta, a base de pagos tarifados, es más que grave e implica un riesgo regulatorio que, sin perjuicio de ser investigado a fondo, conlleva desde ya un baldón reputacional para el país. Tanto la CMF –órgano encargado de garantizar la salud de los gobiernos corporativos y la estabilidad financiera de las empresas– como el SII –que recauda y se querella contra los que infringen las reglas tributarias– están hoy obligados a dar garantías de que el riesgo está controlado y que no existen núcleos de corrupción en su organización.
El caso abarca, entre otras aristas corruptas, miles de millones de pesos en facturación falsa que simula movimientos económicos y servicios que no existieron. Perfectamente, además de empresas legales operando al margen de la ley, podría haber empresariado criminal lavando dinero. Todo, con una multiplicidad de convergencia política y corrupción pública, como se desprende del audio filtrado, que en esencia denota la posibilidad de venta de información reservada con el fin de enervar o prevenir los controles y fiscalizaciones ordenados por la autoridad.
En el presente caso es aún temprano para determinarse la orientación y los resultados, y el porqué o los motivos de cada arista, que son muchas. Pero tanto el SII, que en septiembre de este año publicó una nueva directiva en materia de probidad, como la CMF, cuyo fiscal, Andrés Montes, aparece mencionado en el audio filtrado (a raíz de una reunión con los abogados Hermosilla y Villarroel, en la que les habría dado una información que, según ellos, no debía entregar), deberán apoyar la investigación del Ministerio Público y subordinarse a sus resultados.
Como país hemos de tener mucho cuidado, porque el modelo de nueva criminalidad se articula en todos los niveles, y uno de ellos –y tal vez el principal para la Seguridad Nacional– es la bisagra que se produce en el núcleo de corrupción pública y empresa mafiosa o criminal, con el resto de la criminalidad. Es allí donde se intermedian y lavan los enormes volúmenes de dinero que produce la criminalidad de todo nivel (transnacional, nacional o local) y donde se capturan canales de lavado, servicios de asesoría e influencia política. Esta es la zona de oportunidades a la que también podría pertenecer el caso Hermosilla (o caso coimas).
No hay comentarios:
Publicar un comentario