A cinco años del estallido, las demandas por justicia social levantadas por la ciudadanía no tienen respuesta. Por el contrario, las razones que motivaron a la mayoría de las y los chilenos a salir a las calles están más vigentes que nunca y la crisis del sistema político se ha profundizado. El gobierno de Sebastián Piñera dejó un trágico legado de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. De un total de 3,777 víctimas, sufrimos la muerte de 34 personas, más de 400 víctimas de trauma ocular, más de 400 víctimas de violencia sexual, además de otras miles de víctimas por lesiones. La gran mayoría de estas causas permanecen en la impunidad. Asimismo, se consolidó una red de corrupción que se insertó en lo más profundo de las instituciones del Estado, lo que permitió impunidad en diversas causas, tanto en casos de derechos humanos como en otros que se resolvieron favorablemente para sus intereses personales. Esto último ha quedado en evidencia con las filtraciones del Caso Hermosilla. Hoy, la derecha justifica su actuar durante la Revuelta Popular y niega la existencia de víctimas, clasificándolas como delincuentes, al igual que a quienes salieron a manifestarse. En el fondo, no hacen más que defender el mismo modelo estructural de desigualdad, como cuando nos decían que nos levantáramos más temprano, que en los consultorios se hacía vida social, que había bajado el precio de las flores o que éramos un oasis. Al igual que entonces, por más que hablen, seguimos teniendo razón, somos mayoría y no nos cansaremos de demandar justicia, tanto para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, como justicia social para el pueblo por las mismas razones de la revuelta popular. Llamamos a volver a reunirnos en nuestros territorios y a retomar las demandas de hace cinco años, como la seguridad social para pensiones dignas, salud y educación pública y de calidad, así también la deuda histórica del Estado de Chile en materia de derechos humanos, tanto de ayer como de hoy. En este último punto, quiero invitar a todas las organizaciones sociales de derechos humanos y a los académicos que han dedicado su vida a la educación en esta materia a ser parte de la Mesa de DDHH por una Vida Digna, cuya primera tarea será concluir un proyecto de ley de reparación integral ante la falta de un pronunciamiento del gobierno, el cual será presentado en las próximas semanas.
Fabiola.
Campillay.
SENADORA.
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