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La diputada del FA, Lorena Fries, se refirió al Plan de Ejecución del proceso de reconocimiento de las cajas con osamentas que estuvieron olvidadas en la Universidad de Chile hasta el 2023, cuyas pericias fueron detalladas por el Servicio Médico Legal en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara.
Hasta la Comisión de Derechos Humanos llegó la directora del Servicio Médico Legal, Marisol Prado, para dar cuenta de los avances en el Plan de Ejecución del proceso de reconocimiento de las 89 cajas con osamentas humanas que permanecieron por ocho años en una bodega de la Universidad de Chile, hasta el año 2023.
Prado precisó que del total de cajas, el SML logró hacer 11 conjuntos de datos que venían de distintas partes del país y que han realizado un informe con análisis forense de estas nuevas evidencias. “Cada una de estas cajas es un protocolo que corresponde a distintas evidencias que no corresponden a un cuerpo completo o un esqueleto completo. Son restos de osamentas y material”, indicó.
En conversación con El Mostrador, la diputada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Lorena Fries, abordó la relevancia de este proceso de identificación en el marco del Plan Nacional de Búsqueda (PNB). “Quizás el mayor avance tiene que ver con algo que ha costado en todos los gobiernos, que es la articulación real de los actores que están involucrados en esto. Y que se traduce en que habían pendientes demasiados protocolos, y que los tribunales de justicia ordenaran las pericias de identificación”, dijo.
La exdirectora del INDH también se refirió a la preocupación de las agrupaciones de familiares respecto a la celeridad del PNB, ante la posibilidad de que el próximo Gobierno cambie de color político. Fries señaló que “el problema es que el hecho de decir que es una política de Estado, de declarar eso, no lo hace una política de Estado”, por lo que una posibilidad sería legislar al respecto.
-¿En qué radica la importancia de estos avances en el marco del Plan Nacional de Búsqueda?
-Creo que fue bien importante lo que pasó en la Comisión de Derechos Humanos por el impacto que causó el hallazgo de estas 89 cajas que estuvieron en la Universidad de Chile. Sabemos todo ese itinerario, pero a pesar de conocerlo, la verdad es que hubo una desidia sobre el tema, cuando muchos años después venimos a saber que existen estas cajas.
Durante todo el año pasado este fue un tema donde se pidió celeridad y después en algún minuto no se supo mucho. Por cierto, la derecha y específicamente republicanos, quiere poner sobre la mesa que esta desidia, en el fondo, es una desidia que incorpora a las organizaciones de familiares, a los movimientos de derechos humanos, en fin, a los gobiernos anteriores, etc.
Lo que se nos mostró en la última sesión son los avances durante este año, la verdad es que yo quedé sorprendida. El gran problema era, primero, que había mucho material y que había que clasificarlo. Lo que me quedó claro es que no es tan fácil, porque se trata de armar estos grupos que sean óseos y no arqueológicos, o de otras cuestiones que no tienen nada que ver con las violaciones a derechos humanos.
Me parece que la directora Prado lo puso sobre la mesa claramente. Y quizás el mayor avance tiene que ver con algo que ha costado en todos los gobiernos, que es la articulación real de todos los actores que están involucrados en esto. Y que se traduce en que habían pendientes demasiados protocolos y que los tribunales de justicia ordenaran las pericias de identificación al Servicio Médico Legal. Lo que se ve, a propósito de lo que nos cuenta la directora del SML, es que asumieron un papel muy activo en solicitarle a los tribunales que les pidieran las pericias.
En ese sentido se avanzó, están todos los oficios ya presentados, están clasificados los grupos de interés, se está procediendo con los temas de identificación, que también me quedó muy claro que no es llegar e identificar, sino que hay que hacer bastantes cruces de información que permitan dar con la pertinencia de iniciar el proceso de esos hallazgos. Por lo que me parece que, en ese sentido, ha cumplido bien el Servicio Médico Legal.
-¿Qué opinión le merece el proyecto que presentó el diputado diputado Johannes Kaiser y que busca que el Servicio Médico Legal pueda hacer pericias sin la orden judicial que hoy día se necesita?
-Hay que considerarlo en su versión positiva, es decir, en aquella parte donde podría servir que el Servicio Médico Legal hiciera de oficio una búsqueda administrativa y no judicial. Pero eso es desvincular, por lo menos en esa función, al SML de ser servicio auxiliar de la justicia y es un cambio en la mirada respecto al SML en la actualidad.
Entonces creo que es un giro donde hay que escuchar muchas voces, por cierto al Servicio Médico Legal, al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a los jueces que están trabajando en causas de derechos humanos, y también eventualmente al Ministerio Público que tiene una mirada sobre todo el sistema.
Yo no lo descarto por venir de Republicanos y sabiendo la postura que han tenido en materia de derechos humanos, porque creo que lo importante aquí es avanzar. Pero todavía no me he formado una convicción de que es necesario el proyecto, que tal como lo explicó la directora del Servicio Médico Legal, eso hoy día está caminando a propósito de lo que vimos con las 89 cajas. Está caminando la idea de que son los tribunales los que van pidiendo estas pericias ligadas a causas.
Pero también se podría decir que si todos los órganos del Estado tienen que buscar, porque es el Estado el que hizo desaparecer y ejecutó a personas, entonces eventualmente el propio Servicio Médico Legal, junto con el Ministerio de Justicia, podrían hacer búsquedas que ya no estén en el campo de la investigación, al menos inicialmente, sino que son búsquedas administrativas no supeditadas a lo judicial, pero que podrían contribuir después a una investigación.
-A la comisión también asistió la subsecretaria de de DD.HH. a propósito del Plan de Búsqueda, y una de las cosas que han señalado desde las agrupaciones de familiares es que se debe avanzar con mayor celeridad ante la incertidumbre de lo que pasaría si el Gobierno cambia de color político el 2026. ¿Cómo ve esta preocupación y los avances en esta política de Estado?
-Yo creo que hay un problema. El problema es que el hecho de decir que es una política de Estado, de declarar eso, no lo hace una política de Estado. Al punto de que la institucionalidad del Plan Nacional de Búsqueda es una institucionalidad por decreto supremo y los fondos dependen del Parlamento. Ahora, obviamente ha habido un acuerdo transversal en dar fondos a eso, pero me temo que pueda cambiar con un Gobierno de derecha en este caso.
Una de las cuestiones pendientes y que uno tiene que preguntarse, es cómo se institucionaliza el Plan Nacional de Búsqueda para que sea efectivamente algo a lo que se compromete el Estado de Chile por el tiempo que se necesite.
No es posible afirmar que en tres, cinco o en diez vamos a terminar esto. Aquí hay muchas cosas. La finalidad del plan, por un lado, es esclarecer las circunstancias y ubicar cuál es el destino de las personas detenidas desaparecidas. Es también informar públicamente a través de esta mesa de archivos públicos, a través de la participación de organizaciones que se ha hecho a lo largo de todo el país para también reparar y tener garantías de no repetición.
Y eso va teniendo necesidades distintas con el transcurso del tiempo, por lo tanto hay que asegurar que para adelante el Estado asuma -no sólo por este momento- este dolor, esta pesada mochila de sufrimiento que le perpetró el Estado a miles de chilenos. Entonces creo que la pregunta es ¿cómo vamos a institucionalizar y garantizar que ese plan siga? Porque yo dudo que en un año podamos avanzar en los términos que se plantean las propias organizaciones de familiares.
-Quienes participan en el comité de seguimiento del Plan han señalado que en ese sentido es importante garantizar recursos en el Presupuesto 2025, ¿cómo proyecta ese debate?
-El año pasado el Plan Nacional de Búsqueda tuvo un apoyo transversal y es probable que todavía lo tenga, porque entre comillas es muy feo decirle a la sociedad que hay un sector que no está ni ahí con el dolor de las familias de detenidos y detenidas desaparecidas.
Pero por otro lado, creo que va a haber cuestionamiento al tema de los sitios de memoria y al presupuesto del INDH. Y el punto es que no están descolgados, porque un Plan Nacional de Búsqueda se hace cargo de revivir los temas de memoria y apuesta a que la memoria contribuye a garantías de no repetición. Es decir, un presupuesto que no fortalece al INDH, que es el organismo que surgió como garantía de no repetición a propósito de las violaciones durante la dictadura, quedaría incompleto.
Por eso cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos del Plan Nacional de Búsqueda, nos estamos hablando solo -y permítame decirlo así, como dicen las organizaciones de familiares- de encontrar una falange. Se trata de destrabar todo el sistema de impunidad y dejar que la democracia haga suya los dolores que vivieron miles de chilenos.
-¿Cómo ve que este objetivo se pueda materializar? La idea de institucionalizar el Plan de Búsqueda para que sea verdaderamente una política de Estado más allá de lo declarativo.
-Yo creo que la única forma de hacer política de Estado es a través del presupuesto y a través de una ley que establezca el Plan Nacional de Búsqueda como una política de Estado.
-¿Considera políticamente viable legislar al respecto?
-Bueno, si aceptaron el Plan Nacional de Búsqueda transversalmente con fondos, llevar eso a ley debiera ser lo mismo. Y si no, que muestren la cara de que estaban dispuestos mientras duró este gobierno. Porque eso es lo que estarían diciendo.
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