Filtrado automático y bloqueo de cuentas en redes sociales, obstrucción en el acceso a la información pública, presión sobre medios de comunicación y ataques a periodistas, son las principales vulneraciones a la libertad de expresión documentadas por la Fundación Datos Protegidos y el Observatorio del Derecho a la Comunicación en el «Informe preliminar sobre vulneraciones a la libertad de expresión» presentado en una audiencia convocada de oficio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realizó en Quito (Ecuador) el lunes 11 de noviembre.
El informe se centra en el período entre el 18 y el 27 de octubre, en que el presidente Sebastián Piñera decretó el Estado de Emergencia constitucional en Chile.
“El fin de semana que fue declarado el estado de emergencia (sábado 19 octubre y domingo 20 de octubre) y posteriormente en los seis días que rigió el toque de queda, redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook y Youtube fueron los medios en los que las personas comenzaron a compartir imágenes y videos como testimonio de las situaciones de represión y vulneración de derechos humanos en distintos lugares de las principales ciudades de Chile, donde se estaba aplicando el estado de excepción. Estos eran registrados con sus dispositivos móviles y compartidos en sus distintas cuentas o perfiles de usuarios de redes sociales, viralizando lo que se recibía desde otras cuentas o de mensajería como Whatssap. En esta situación, varias personas y colectivos comenzaron a experimentar distintos situaciones que daban cuenta de la aplicación de censura de contenidos, bajando o aplicando filtros de censura a contenidos específicos”, señala el informe.
En el trabajo se documentaron 169 casos en los que distintos tipos de usuarios sufrieron censura (dificultad para subir contenido, eliminación de cuentas y de publicaciones) en plataformas de Internet.
La mayor parte (73,37%) se registraron en Instagram; seguido de Facebook (23,67%); y Twitter (13,61%), mientras que Google y otras redes representaron menos del 2% de la muestra.
Las denuncias sobre estos hechos de censura se centraron en cuentas personales (53,25%), y personajes públicos (22,49%) y, en menor medida sobre casos de reposteo (14,20%), medios de comunicación (5,33%), organizaciones (2,7%), profesionales y pymes y emprendimiento (1,18% en cada caso).
De acuerdo con el informe, los principales tipos de censura remiten a dificultades para subir publicaciones (34,32%), eliminación de cuentas (33,73%) y eliminación de publicaciones (29,59%).
“Los resultados de la encuesta han permitido observar un patrón que tiene que ver con… los sistemas de filtrado o censura previa, de acuerdo a las llamadas políticas o normas o condiciones de uso de las distintas plataformas”, sostiene el documento.
“En la práctica estos sistemas de filtrado automático, que se basan en inteligencia artificial, son algoritmos que están siendo constantemente entrenados para realizar la tarea de filtrar y censurar contenidos de manera previa (ex ante), de acuerdo a lo que indican las políticas o normas de uso definidas por las empresas dueñas de las plataformas. Pero además de estos sistemas automatizados, existen moderadores/as humanos que están resolviendo diariamente estos casos, cuando el algoritmo no logra hacerlo. Esto último está relacionado con el problema adicional de que estos/as moderadores para América Latina no viven en la región, ni tienen necesariamente relación ni con el contexto político, sociocultural o con lo propio del lenguaje e idiosincrasia comunicacional (las jergas, por ejemplo), lo que hace más complejo el entendimiento en relación a estas acciones de parte de las plataformas”, explica el informe. Además del vulneraciones a la libertad de expresión por causa del filtrado y bloqueo de contenidos en Internet, el documento de Datos Protegidos y el Observatorio del Derecho a la Comunicación revela que hubo obstrucción en el acceso a la información pública consistentes en restricciones de acceso a información sobre detenciones y heridos, reuniones secretas del gobierno con empresarios y principales canales de TV y medios escritos, conferencias de prensa sin derecho a preguntas por parte de los periodistas y ausencia de publicación de los decretos de toque de queda.
También se advirtió la interferencia o presión directa o indirecta sobre medios de comunicación, el cuestionamiento de profesionales y audiencias al tratamiento informativo de los canales de alcance nacional y la restricción de tránsito a periodistas en el contexto del toque de queda.
Por último, el informe señala la existencia de numerosos ataques, amenazas e intimidaciones a periodistas, comunicadores y medios de comunicación, que afectaron a 71 comunicadores sociales.
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Imagen destacada: «Marcha Mas Grande De Chile 2019 Plaza Baquedano» de Hugo Morales con licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
FUENTE:OBSERVACOMObservatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia.
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