Se han conocido en este último período los informes de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, el de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el comunicado público de la CIDH, sobre la situación de los Derechos Humanos desde que estalló la crisis social y política que se vive en Chile. La respuesta del Gobierno ha sido ambigua, refleja su falta de convicción en esta materia, a pesar de que fuera el propio Presidente Sebastián Piñera quien invitó a dos de esos organismos a conocer la situación en el país.
Conocido el primero de ellos, el Gobierno –a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos– rechazó el documento elaborado por Amnistía Internacional por el eventual sesgo político que tendría, el que se manifestaría tanto en el carácter generalizado de dichas violaciones y en la inclusión y validación de las demandas sociales en tanto derechos sociales no garantizados por el Estado.
Conocido el segundo informe, esta vez bajo la supervisión de José Miguel Vivanco, el Gobierno –también por intermedio de la Subsecretaría de Derechos Humanos– lo acogió y señaló que se ha tomado una serie de medidas inmediatas, como la suspensión, a partir del 19 de noviembre, del uso de perdigones y la actualización de los protocolos de Carabineros. No obstante, el INDH denunció públicamente que el uso de perdigones se mantuvo, sumando las lesiones provocadas por el disparo al cuerpo de bombas lacrimógenas.
No basta con la verdad judicial, que sin duda es fundamental para la investigación y sanción de los responsables. Al tratarse de violaciones a los Derechos Humanos, por tanto cometidas por el Estado, este tiene que dar cuenta, en un relato sin ambigüedades, sobre lo ocurrido. Así, el Gobierno debe entregar cifras certeras sobre número de víctimas, derechos que han sido violados, contar con registros de estas personas y dar señales claras y públicas de que no ocurrirán más situaciones como las vividas por Gustavo Gatica y Fabiola Campillai. El reciente y brutal atropello de Óscar Pérez da cuenta de que no ha habido instrucciones internas para el cese de las violaciones y que, como lo señaló Human Rights Watch, la mantención a la cabeza de Carabineros del general director Mario Rozas genera un efecto contrario, contribuyendo a perpetuar los abusos policiales.
Una vez conocido el tercer informe emanado de la más alta autoridad en materia de Derechos Humanos, el Gobierno salió públicamente a valorar algunos aspectos del documento y cuestionó otros, por considerar que hay un sesgo político, esta vez en relación con las recomendaciones sobre la necesidad de que la crisis tenga una salida política, entre otras medidas, a través de un proceso constituyente los más representativo de la sociedad chilena, incluyendo paridad, escaños reservados para pueblos indígenas, participación de independientes y de grupos vulnerabilizados.
Durante todo este período, el Presidente Piñera y su Gobierno han tenido una respuesta ambigua y tibia respecto de la crítica situación de violaciones a los Derechos Humanos, las han negado tanto en la audiencia ante la CIDH como en el informe de Carabineros entregado por Human Rights Watch.
Recientemente, en entrevista con CNN en español, el Presidente Piñera reconoció que en algunas situaciones no se respetaron los protocolos por parte de Carabineros, que hubo abuso de Derechos Humanos, pero que son casos particulares que están siendo estudiados por Fiscalía y que serán juzgados como corresponde en una democracia. Sin embargo, insistió en hablar de una campaña de desinformación y aseguró que “muchos” videos que denuncian dichas violaciones son falsos, filmados fuera de Chile. Con esas palabras, el Mandatario pasó por alto, relativizó los informes internacionales que han sido expuestos al Gobierno.
En ese sentido, es importante subrayar que el común denominador de graves violaciones a los DDHH alerta a los organismos internacionales respecto de las afectaciones al derecho a la vida, a la integridad física, a la prohibición de la tortura y a la violencia sexual, constitutivos del núcleo más duro de derechos, y es lo que obliga a un seguimiento de la situación chilena por parte de los mismos.
El Gobierno ha sido majadero en poner, en un mismo lugar, la grave violación a los Derechos Humanos con el actuar de algunos grupos violentos y las lesiones que ha sufrido Carabineros de Chile en el ejercicio de control del orden público, no queriendo entender que en un caso estamos ante delitos y, en el otro, frente a abusos de poder contra personas que se manifestaban pacíficamente.
Como respuesta a la situación, el 10 de diciembre, a propósito de la conmemoración del Día Internacional por los Derechos Humanos, el Presidente Piñera evitó hacer el mea culpa que se espera de todo jefe de Estado, incluso habiendo caído por estas razones quien fuera su más cercano colaborador, Andrés Chadwick. Anunció como un gran avance la creación de una instancia de coordinación entre los organismos gubernamentales, judiciales y de DDHH, replicando facultades que desde ya tenía el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a los que la situación claramente no los ha llamado a actuar oportuna y eficazmente.
Es cierto que el Gobierno anunció “medidas de reparación” para aquellas personas que sufrieron heridas que han comprometido de por vida sus trayectorias, pero, en definitiva, la verdad y la reparación en estas materias tienen un umbral más alto que el que ha fijado la autoridad.
No basta con la verdad judicial, que sin duda es fundamental para la investigación y sanción de los responsables. Al tratarse de violaciones a los Derechos Humanos, por tanto cometidas por el Estado, este tiene que dar cuenta, en un relato sin ambigüedades, sobre lo ocurrido. Así, el Gobierno debe entregar cifras certeras sobre número de víctimas, derechos que han sido violados, contar con registros de estas personas y dar señales claras y públicas de que no ocurrirán más situaciones como las vividas por Gustavo Gatica y Fabiola Campillai. El reciente y brutal atropello de Óscar Pérez da cuenta de que no ha habido instrucciones internas para el cese de las violaciones y que, como lo señaló Human Rights Watch, la mantención a la cabeza de Carabineros del general director Mario Rozas genera un efecto contrario, contribuyendo a perpetuar los abusos policiales.
En materia de reparación, el repertorio es amplio. Uno de los elementos centrales son las disculpas públicas, pero a eso cabe agregar la generación de instancias de denuncia y una política de reparación que es independiente de las acciones e indemnizaciones judiciales ya en curso.
Frente a las violaciones graves de Derechos Humanos no basta descansar en la acción de la justicia, puesto que es la confianza hacia el Estado –en particular respecto del Gobierno– la que se ha perdido. El apoyo para el tratamiento médico y/o sicológico que se ofrece a las víctimas gravemente lesionadas, no alcanza la exigencia de reparación. De hecho, las personas gravemente lesionadas por parte de agentes del Estado encontrarán de ahora en adelante más barreras para su desarrollo y su reinserción en la sociedad, que las que tenían previo a la afectación de sus derechos.
A ello cabe agregar las medidas de no repetición. Ciertamente, la reforma a Carabineros de Chile es fundamental, pero ello no basta en la medida que las violaciones sigan ocurriendo y en tanto el Gobierno trate de justificar implícitamente su actuar en una teoría de conspiración cubano-venezolana que hasta ahora no tiene asidero alguno. La falta de un enfoque de Derechos Humanos de parte del Gobierno y su Presidente es evidente y no hace más que contribuir a generar la sensación de impunidad que sentimos la mayoría de chilenos y chilenas.
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