Las declaraciones de máximo jefe castrense pidiendo una mirada humanitaria para los presos y la respuesta desde Punta Peuco del general (r) Eduardo Iturriaga Neumann, agregan un nuevo ingrediente al ya enrarecido ambiente político de la derecha
A
menos de dos meses del cuadragésimo aniversario del golpe militar,
todavía hay más de un millar de procesos pendientes por crímenes
ocurridos durante los 17 años de dictadura, perpetrados por agentes del
Estado y funcionarios de las Fuerzas Armadas.Sólo hace unos días, seis miembros de la cúpula de la DINA fueron condenados por el homicidio de Alejandro de la Barra y Ana María Puga el año 1974. Entre ellos, el director del siniestro organismo represivo, general de Ejército Manuel Contreras, que con esta pena de 15 años y un día acumula 300 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.
Al igual que Contreras, más de 60 ex uniformados han sido condenados en este tipo de causas desde el retorno de la democracia. Para ellos, el comandante en Jefe del Ejército, general Juan Miguel Fuente-Alba, pidió un "trato humanitario". Las declaraciones cayeron como balde de agua fría en las agrupaciones de derechos humanos, familiares y víctimas de la dictadura, y empañan la gestión de Fuente - Alba, quien en marzo próximo debe entregar el mando.
Además, agregan un nuevo ingrediente al ya enrarecido ambiente político de la derecha, que en la misma fecha terminará su primer gobierno tras el retorno de la democracia, no sin antes dejar definido el nombre del sucesor de Fuente -Alba.
Declaraciones innecesarias
En un hecho inédito desde que asumió el cargo, Fuente-Alba se refirió a la situación de los militares que se encuentran detenidos por violaciones a los Derechos Humanos... "Lo que nos apena es la situación por la cual atraviesan algunas personas que, habiendo pertenecido al Ejército y que hoy tienen avanzada edad o situaciones médicas medio complejas, uno podría darles una mirada en términos humanitarios...". Y agregó que al Ejército le "entristece" ver que "todavía esas personas permanecen ancladas a una situación de hace 40 años".
Organizaciones ligadas a las víctimas, de los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio José Domingo Cañas, Estadio Nacional, Nido 20, Londres 38, Paine y Villa Grimaldi, criticaron por tales expresiones al "representante máximo ante el Estado de la institución castrense, quien en su rol, no sólo debe resguardar y avalar la institucionalidad en todas sus formas y en cada período de la historia de nuestro país, sino además propiciar una mirada corporativa, orientada a fomentar el respeto a los Derechos Humanos y el rechazo a los crímenes de lesa humanidad. Creemos que en su rango no debiese fomentar una victimización de los perpetradores y una culpabilización, que resulta pavorosa, a las víctimas y sus familiares".
Además, recordaron que los crímenes de los condenados son imprescriptibles, según la las convenciones internacionales y exigieron "a estos militares condenados que se entregue por fin el destino de los detenidos desaparecidos, en un crimen que por sus brutales características se sigue perpetuando".
A juicio del miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Patricio Hales, "una materia relativa a los presos por derechos humanos no debería ser tratada por una frase al pasar en medio de una entrevista".
En conversación con Cambio21, afirmó que "hubiese sido mejor que no terminara su gestión con una participación tan poco profunda sobre la materia, porque una gestión militar como la que él hizo se complica innecesariamente al no tratar el tema con profundidad y lo que ha hecho con su frase es distorsionar su imagen pública".
Agregó que "el general Fuente-Alba quiso hacer un gesto final hacia sus colegas presos sin evaluar que entraba en un terreno de las resoluciones de la política" y estimó que esto es muestra de que "algunos militares no han comprendido que los primeros responsables son los políticos de derecha que llamaron a los militares a cometer estas atrocidades".
Señaló que "hay algunos que no entienden que este es un debate político y que el país espera que la derecha política pida perdón públicamente y que después los culpables, ejecutores, en vez de estar haciéndose homenajes reconozcan que cometieron atrocidades y pidan también perdón".
Por su parte, el también miembro de la instancia parlamentaria, Roberto León (DC), destacó que "los tribunales están haciendo su trabajo, los autores, cómplices y encubridores de los crímenes de la dictadura están siendo condenados y está operando la justicia".
En ese sentido aseguró que "como comandante en jefe no puede estar pidiendo un gesto humano cuando tenemos que en estos días siguen saliendo condenas y cuando de parte de los mismos condenados no ha habido ningún gesto de reconocer los hechos, y menos de arrepentimiento".
Calificó la gestión como "positiva", por lo que se mostró "asombrado por su planteamiento. Yo creo que debería haber sido más prudente terminar de otra forma su gestión al mando de una gran institución como el Ejército de Chile".
La respuesta de Punta Peuco
En una carta enviada al director de Cambio21, el ex oficial de Ejército y subdirector de la DINA, Eduardo Iturriaga Neumann (75), se refirió a los dichos de Fuente-Alba. La misiva contiene duras palabras para el gobierno y los tribunales.
El ex oficial es el de más alto rango entre los detenidos en Punta Peuco. Estuvo prófugo por 52 días el año 2007. Tiene condenas de presidio hasta el año 2031, por el asesinato de Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert y otras 4 causas de secuestro calificado. Además, ha sido investigado por el atentado a Bernardo Leighton en Roma y otros crímenes de la operación Colombo.
En la nota enviada a nuestro medio explicó que sus declaraciones son en su calidad de "preso político militar". Hizo una férrea defensa de la tesis de las razones humanitarias de Fuente-Alba, abogó por la aplicación de la ley de amnistía, pero rechazó su positivo diagnóstico de las relaciones cívico-militares.
"Tampoco el General Fuente-Alba puede decir que tiene una excelente relación con la sociedad chilena, si apenas emitidas sus declaraciones, varias organizaciones y personas ligadas a ellas, lo atacan en forma destemplada e incluso le solicitan la baja del Ejército, exigiendo al gobierno que se pronuncie al respecto".
Dice que "ya son 5 los Presos Políticos Militares que han fallecido estando en prisión. Los que lo atacan (a Fuente-Alba) no pueden defender derechos humanos, si a su vez atacan a chilenos que también tiene derechos humanos, y que no están excluidos de una ‘mirada humanitaria'".
Sustentó su tesis en las responsabilidades. "Los más de 60 condenados y más de 1.000 procesados, no son los responsables de los hechos ocurridos en Chile y que condujeron al Pronunciamiento Militar, tampoco son los directamente responsables de los acontecimientos acaecidos durante el Gobierno Militar, ya que en su gran mayoría eran disciplinados subordinados profesionales en sus respetivas instituciones, que tuvieron que enfrentar a terroristas y delincuentes armados que pretendían subvertir el orden en el país, efectuando todo tipo de acciones condenadas por las leyes vigentes" dice el preso de Punta Peuco.
Aseguró que "El Estado de Chile está en deuda con los ex integrantes de la Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile..." e hizo fuertes acusaciones contra la justicia. "Esto agravado con la acción político-judicial de jueces y ministros prevaricadores del Poder Judicial, que buscando escalar en sus respectivas carreras funcionarias no trepidan en procesar y condenar, las más de las veces, sin fundamentos y en base a presunciones", señala Iturriaga Neumann.
Iturriaga emplazó a las autoridades a tener más valentía a la hora de discutir el tema. "Estoy convencido además, que autoridades de gobierno, políticos, miembros del Poder Judicial y parlamentarios, saben que lo que expreso es verdad. ¿Por qué mantener entonces esta situación?..., falta valentía moral, falta realmente una mirada humanitaria, pero lo que hace más falta es una verdadera justicia y sobre todo voluntad política".
La gestión de Fuente-Alba
La gestión del general Fuente-Alba a la cabeza del Ejército se inició el 9 de marzo de 2010, debiendo encarar de inmediato las consecuencias del terremoto y tsunami que asolaron.
Su nombramiento no estuvo exento de polémica. Apenas Michelle Bachelet lo designó a fines del 2009, organizaciones de derechos humanos lo acusaron de haber participado en el episodio Calama, de la "Caravana de la muerte". Esa unidad de exterminio asesinó en esa ciudad 26 presos políticos y luego dinamitó los cadáveres, en octubre de 1973. En ese entonces, Fuente-Alba estaba destinado a esa unidad como subteniente, aunque en sus declaraciones ante los jueces Juan Guzmán y Víctor Montiglio, dijo que ese día no estaba en Calama, sino a cargo de la vigilancia de la mina de Chuquicamata.
El militar siempre fue cauto al hablar de derechos humanos. Cuando se barajó la posibilidad de indulto presidencial con motivo del Bicentenario, señaló que "creo que siempre lo que contribuye a la clemencia y tiene un carácter de humanidad respecto de personas que pueden estar privadas de libertad con avanzada edad y estando muy enfermas, es una propuesta que en ese carácter siempre tiene un sentido positivo" pero que "al Ejército, sobre el detalle o el particular, no nos corresponde tener un pronunciamiento".
Ese mismo año se produjo la condena por el homicidio del general Carlos Prats. En un gesto sin precedentes se reunió con la familia del militar asesinado y el Ejército emitió un comunicado donde dejó claro su "repudio contra todos los participantes" del "cobarde asesinato".
Esas declaraciones sacaron roncha entre los presos. El ex director de la DINA, Manuel Contreras, desde el presidio lo tildó de "cobarde". Lo acusó de "no tener moral para tratarnos así después de su trágica, infame, cobarde participación en Calama en 1973".
En temas administrativos, hubo irregularidades que provocaron la salida del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Cristián le Dantec, quien intentó comprar una casa de un millón de dólares autorizado por Fuente-Alba, operación que quedó trunca al revelarse el escándalo. Además, hubo sospechas en la millonaria licitación del puente mecano para la región del Bio Bio, donde se optó por la oferta más cara, la compra de un vehículo institucional para su uso con un costo cercano a los 100 millones de pesos y las irregularidades detectadas por la Contraloría en el Hospital Militar.
El sucesor
El 9 de marzo de 2014 Fuente-Alba deberá dejar el mando del Ejército. Entre los generales que estarían en condiciones de llenar la vacante figuran: Hernán Mardones Ríos, Guillermo Porcile Arellano, Mario Arteaga Velásquez, Bosco Pesse Quappe, José Cichero Santos, Werther Araya Menghini, Daniel Arancibia Clavel, Humberto Oviedo Arriagada y Miguel Muñoz Farías.
Al respecto, el diputado León recordó que la nominación estará cruzada por la elección presidencial. "Será una de las últimas designaciones del presidente Piñera. Espero que cuando llegue el minuto, se puede propiciar al menos un diálogo informal con Michelle Bachelet".
Consideró que "dada la situación que estamos viviendo y cruzado por el fallo de La Haya, debería ser una persona de consenso"
No hay comentarios:
Publicar un comentario