Declaración Pública.
La Agrupación de
Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) rechaza en forma categórica las
declaraciones del Comandante en Jefe del Ejército General Juan Miguel
Fuente-Alba, quien en una entrevista en un medio escrito, solicitó trato
humanitario a criminales de la dictadura por razones de salud o edad, tomando
como excusa que ellos están anclados en el pasado mientras el país ha avanzado.
Los argumentos
esgrimidos por el militar, ameritan que el Presidente de la República Sebastián
Piñera se pronuncie a la brevedad. La AFEP emplaza al Presidente a que exprese si está de acuerdo con dichas
declaraciones o si las rechaza. Como la
máxima autoridad ante las Fuerzas Armadas, tiene la obligación de pronunciarse,
debe explicar al país su posición ante el emplazamiento que hace el Comandante
en Jefe del Ejército pasando por sobre la actuación del Poder Judicial.
La
institucionalidad que consagra la impunidad permite que Fuente-Alba pueda
deliberar sobre cuestiones políticas, que Oscar Izurieta ejerza como Subsecretario
de Defensa o Juan Emilio Cheyre sea director del Servel; una verdadera
inmoralidad de estado que posibilita la presencia en cargos públicos relevantes
de oficiales del Ejército copartícipes, cómplices o encubridores en crímenes
contra la humanidad.
Las palabras de
Fuente-Alba nuevamente ofenden la memoria de las víctimas, sus familiares y de
la sociedad. Cuando dice que su institución mira al futuro, omite que están
mirando sobre más de 3000 hombres, mujeres y niños asesinados por las Fuerzas
Armadas y de Orden. Resultaría criminal la posible libertad de quienes violaron
los derechos humanos en dictadura. El Ejército no está reconciliado con su
pueblo del cual fue su peor verdugo. La reconciliación solo será posible cuando
las instituciones de la Defensa Nacional entreguen toda la verdad de sus
crímenes al país, cosa que hasta ahora no han hecho, mientras las victimas del
terrorismo de estado aún esperan que se les haga justicia.
La AFEP exige la
renuncia del Comandante en Jefe del Ejército y llama a estar alerta ante la
postura que toma hoy esa institución respecto a su responsabilidad en el pasado
reciente, precisamente cuando se cumplen 40 años del inicio de los horrores que
cometió e intenta que se libere a los uniformados que derramaron la sangre del
pueblo.
VERDAD,
JUSTICIA Y MEMORIA
Santiago julio 2012
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