Fracasó proyecto sobre amnistía para violadores de DDHH
05 de junio: La Cámara
de Diputados rechazó un proyecto presentado por legisladores del
oficialismo que buscaba remitir las penas a los condenados por
violaciones a los DDHH durante la dictadura militar.
La iniciativa presentada por el diputado Jorge Ulloa
(UDI) buscaba “eliminar la responsabilidad penal de los militares
acusados de crímenes contra los derechos humanos” bajo el régimen
militar. Según el autor del proyecto, perseguía “fortalecer la justicia,
equidad e igualdad penal y procesal para todas las personas procesadas o
condenadas por hechos acontecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y
el 10 de marzo de 1990”.
La Comisión de Constitución, Legislación
y Justicia de la Cámara de Diputados declaró inadmisible la norma, en
el entendido de que los proyectos de ley sobre amnistía e indulto deben
ingresar a tramitación por el Senado y no por la Cámara Baja.
MINISTRO CARROZA DICTA PROCESAMIENTO POR SECUESTRO
11 de junio: El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza,
dictó cuatro procesamiento a ex integrantes de la Dirección de
Inteligencia -DINA- en la investigación por el secuestro calificado de José Calderón Ovalle, ocurrido el 17 febrero de 1975, en la Región Metropolitana.
El ministro Carroza procesó a Rolf Wenderoth Pozo, Manuel Contreras Sepúlveda, Miguel Krassnoff Martchenko y Marcelo Moren Brito.
RECTOR REPUDIA INGRESO DE CARABINEROS A CASA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
13 de junio: Un rechazo tajante realizó el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, ante el ingreso de Carabineros a la Casa Central donde hubo estudiantes heridos y detenidos.
Pérez calificó como “inaceptable” la
“brutal invasión hecha por Carabineros a las dependencias de la Casa
Central, golpeando y apaleando a nuestro estudiantes” y agrego que “con
esto se ha roto una tradición de respeto a la Universidad de Chile”.
CORTE DE APELACIONES DE TEMUCO RECHAZA RECURSO DE QUEJA EN CAUSA MAPUCHE
13 de junio: La Corte de Apelaciones de Temuco
rechazó un recurso de queja presentado por la fiscalía regional en
contra de fallo absolutorio que dictó el Tribunal de Juicio Oral en lo
Penal de Angol en favor del comunero mapuche Mijael Carbone Queipul, imputado en calidad de autor del delito de homicidio frustrado.
En fallo unánime, consideraron que no
existió infracción en la sentencia que absolvió a Carvones Queipul y que
el recurso de queja pretende que se realice un tercer juicio en contra
del comunero, lo que contraviene los principios que rigen el sistema de
enjuiciamiento chileno y pactos internacionales suscritos por el país
como el Pacto Internacional y Derechos Políticos y artículo 8 Nº 4 de la
Convención Americana de DDHH, que prohíben el doble enjuiciamiento.
CASO SORIA: FISCAL JUDICIAL RECOMIENDA RECHAZAR EXTRADICIÓN A ESPAÑA
14 de junio: La fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, recomendó al ministro del máximo tribunal Juan Araya
no continuar tramitando el pedido de extradición de seis ex agentes de
la DINA investigados en España, por el asesinato del ex diplomático Carmelo Soria Espinoza, ocurrido el 16 de julio de 1976 en Santiago.
La fiscal Maldonado sugiere desestimar
el pedido del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de Madrid para indagar
la responsabilidad del ex director de la DINA, Manuel Contreras
Sepúlveda, y los ex agentes José Ríos San Martin, Jaime Lepe Orellana,
Pablo Belmar Labbé, Guillermo Salinas Torres y René Quilhot Palma, en el
homicidio del diplomático español.
La decisión considera el hecho de que en
Chile se encuentra abierta una investigación por el homicidio a cargo
del ministro de la Corte Suprema Lamberto Cisternas Rocha, quien indaga
la participación de ex agentes de la Brigada Mulchén de la DINA en el
delito.
“En el caso concreto del pedimento de
extradición, cabe consignar que varios de los requeridos han sido
condenados en Chile por hechos de similar naturaleza, o se encuentran en
procesos aún no afinados, y que en el caso del principal implicado, el
ex director de la DINA, el requerido Manuel Contreras Sepúlveda en Chile
se encuentra condenado a más de 150 años de privación de libertad, por
hechos considerados como crímenes del lesa humanidad, sin beneficios de
cumplimiento alternativo, lo cual en todo caso revela la voluntad de
cumplir con las obligaciones internacionales de que los hechos
violatorios de derechos humanos no queden en la impunidad y por otro
lado de que existiría un impedimento en su entrega, mientras no
cumpliera con las penas impuestas en Chile, ya que su entrega material
debiera ser diferida”, sostiene el dictamen.
MINISTRO CARROZA DICTA PROCESAMIENTO POR EL SECUESTRO CALIFICADO
14 de junio: El ministro en visita Mario Carroza dictó procesamiento en la investigación por el secuestro calificado de Amelia Bruhn Fernández, ocurrido a partir del 4 de octubre de 1974, en la Región Metropolitana.
El magistrado encausó a seis agentes de
la DINA por el secuestro de la militante del MIR y decoradora, detenida
en calle Catedral de la comuna de Santiago, y que permaneció en el
recinto de detención de José Domingo Cañas.
El ministro Carroza sometió a proceso en calidad de coautores del delito a César
Manríquez Bravo, Orlando Manzo Durán, Manuel Contreras Sepúlveda,Miguel
Krassnoff Martchenko, Marcelo Moren Brito y Ciro Torré Sáez.
CONFIRMAN CONDENA A CONTRERAS POR EL CASO DOCKENDORFF
17 de junio: La justicia ratificó la condena a prisión de seis miembros la cúpula de la DINA, por el secuestro calificado de Muriel Dockendorff, una estudiante universitaria, de 23 años, militante del MIR, detenida en 1974.
En un fallo dividido, la VI Sala de la
Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las penas dictadas en primera
instancia por el juez especial Alejandro Solís, de 15 años de cárcel contra el general (r) Manuel Contreras, ex director de la DINA, el ex brigadier Miguel Krassnoff y el coronel (r)Marcelo Moren Brito.
Otros tres antiguos agentes, el ex suboficial Basclay Zapata, el ex oficial de Carabineros Gerardo Godoy y el ex coronel de Gendarmería Orlando Manzo fueron sentenciados a 10 años de prisión.
Con este fallo, Manuel Contreras acumula
condenas por más de 295 años de prisión en decenas de juicios por
violaciones a los DDHH cometidos durante la dictadura.
La Corte, no obstante, rechazó una
demanda civil presentada por los familiares de la víctima al considerar
que no es competencia del tribunal.
‘REPORTEROS SIN FRONTERAS’ PIDE A CHILE “VERDADERO PLURALISMO INFORMATIVO”
17 de junio: La organización Reporteros sin Fronteras
(RSF) pidió a Chile que adopte una nueva legislación que garantice un
equilibrio entre los diferentes tipos de medios de comunicación en el
espacio de difusión, “una ley más igualitaria” que haga posible “un
verdadero pluralismo informativo”.
La RSF destacó en su informe que cerca
de 95% de las publicaciones de prensa escrita se encuentran en manos de 2
grupos de comunicación privados: El Mercurio y COPESA, mientras que alrededor del 60% de las estaciones de radio pertenecen al grupo de prensa español Prisa.
La organización pidió al Estado chileno
que despenalice los delitos de prensa, en particular el de difamación,
como lo hizo Argentina en 2009.
RSF exhortó a la policía “a respetar la
integridad física y el trabajo de los periodistas y reporteros gráficos,
“quienes con frecuencia son víctimas de abusos” de las fuerzas del
orden, al margen de los movimientos de protesta, por lo que pidió al
Ministerio del Interior que sancione a los responsables de eventuales
agresiones contra la prensa.
MINISTRO MUÑOZ DECIDE EXTRADITAR A EX JUEZ ARGENTINO OTILIO ROMANO
18 de junio: El ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, resolvió extraditar al ex juez argentino Otilio Romano,
quien en 2011 escapó a Chile y solicitó asilo político, tras ser
acusado en su país de encubrir delitos de lesa humanidad cometidos por
la dictadura militar Argentina.
El 16 de mayo pasado, la fiscal judicial de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, recomendó al ministro Muñoz aprobar la extradición de Romano.
El ministro Muñoz llegó a la conclusión de que se cumplen los requisitos para extraditar a Otilio Romano por
existir presunciones fundadas de participación en 34 delitos de
privación ilegítima de libertad con desaparición forzada de personas. A ello se añaden 26
delitos de privaciones ilegítimas de libertad, 36 delitos de torturas,
un delito de allanamiento ilegal y un delito de denegación de justicia,
previsto en el artículo 274 del Código Penal argentino.
Tras la decisión anunciada por Muñoz, la Corte Suprema deberá pronunciarse en definitiva si acepta o no el pedido de extradición.
CORTE SUPREMA RECHAZA RECURSO DE PROTECCIÓN POR BENEFICIO A CONDENADOS EN “CASO DEGOLLADOS”
18 de junio: La Corte
Suprema rechazó el recurso de protección presentado en contra del
alcaide del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco, por
conceder el beneficio de la salida dominical a Guillermo González Betancourt y José Fuentes Castro, condenados por los delitos de homicidio en el denominado caso “Degollados”.
El fallo determina que no existe actuar ilegal o arbitrario de la autoridad al conceder el beneficio a los condenados.
CONFIRMAN CONDENAS A INTEGRANTES DEL COMANDO CONJUNTO
21 de junio: La justicia ratificó la condena de prisión contra cinco integrantes del Comando Conjunto por el delito de secuestro calificado de tres militantes comunistas sucedidos entre 1975 y 1976.
En un fallo dividido, la VII Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dictó
penas de 5 años de prisión contra el general retirado de la Fuerza
Aérea (FACH) Freddy Ruiz Bunger, César Palma Ramírez, Juan Saavedra
Loyola y el ex oficial de Carabineros Manuel Muñoz Gamboa, y de 4 años
contra el ex oficial de la Armada Daniel Guimpert Corvalán.
Los militares fueron condenados como autores de los secuestros calificados de José
Sagredo Pacheco, Alfredo Salinas Vásquez y Juan Antonio Gianelli
Company, mientras Guimpert Corvalán fue declarado culpable por el mismo
delito contra el último de los nombrados.
Los condenados formaron parte del
llamado Comando Conjunto, un organismo formado principalmente por
integrantes de la Fuerza Aérea, civiles de extrema derecha y ex
integrantes de partidos de izquierda que colaboraron tras ser
torturados.
Entre 1975 y 1977, el Comando Conjunto,
que coordinaba labores de inteligencia de la FACH y Carabineros,
persiguió y eliminó a miembros del Comité Central del Partido Comunista
(PC).
Dos de las víctimas de este proceso,
José Sagredo Pacheco y Alfredo Salinas Vásquez, ambos miembros del PC,
fueron detenidos el 3 de noviembre de 1975 en Santiago, se les trasladó a
la Base Aérea de Colina, en donde se les torturó y se perdió su rastro
hasta la fecha.
A su vez, Juan Antonio Gianelli Company,
también militante comunista, fue arrestado en su trabajo el 2 de junio
de 1976 en la capital, trasladado a una sede del Comando Conjunto
conocido como La Firma, para ser posteriormente asesinado en el sector
rural de Cuesta Barriga, en las afueras de Santiago.
DICTAN PROCESAMIENTO POR CASO DDHH
25 de junio: El ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza dictó procesamiento en la investigación por el homicidio calificado de Federico Álvarez Santibáñez, ocurrido el 15 de agosto de 1979, en la Región Metropolitana.
El magistrado encausó y ordenó la prisión preventiva de los siguientes agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) Odlanier
Mena Salinas, Julio Salazar Lantery, Carlos Durán Low, Jorge Andrade,
Jorge Vargas Bories y Jaime Rubilar Ocampo, Eduardo Araya Pardo, y Luis
Sagredo Valdebenito, como autores de homicidio calificado; y a Manfredo
Jurgensen Caesar y Luis Losada Fuenzalida, como cómplices de homicidio
calificado.
Según la investigación, el 15 de agosto
de 1979, Federico Renato Álvarez Santibáñez, de profesión profesor y
militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), “fue
detenido junto a Raúl López Peralta, en el centro de Santiago, por
funcionarios de Carabineros de Chile, al ser sorprendido lanzando
panfletos del MIR, para lo cual con el fin de reducirlo, lo golpearon
con los bastones de servicio en el cuero cabelludo, ocasionándole
lesiones, las cuales, según el diagnóstico del médico de turno del
Hospital José Joaquín Aguirre, eran de carácter leve. Que, por los
antecedentes de la detención, el Ministerio del Interior, mediante
Decreto N° 2449, dispone el arresto de Álvarez Santibáñez, siendo éste
trasladado en la misma fecha, al cuartel Borgoño de la Central Nacional
de Informaciones, junto al segundo detenido, lugar donde es sometido a
sesiones de interrogatorios y torturas hasta el día 20 de Agosto de
1979, fecha en que es llevado a la Primera Fiscalía Militar, disponiendo
el Fiscal, ante el evidente mal estado que se encontraba Federico
Álvarez Santibáñez, producto de los tormentos de que fue víctima, su
traslado al Hospital de la Penitenciaría de esta ciudad, quienes al
constatar las contusiones y el estado de gravedad del detenido, lo
ingresan a la Asistencia Pública de esta ciudad, lugar donde fallece el
día 21 de Agosto de 1979, a las 6,50 horas. Que durante el período que
Álvarez Santibáñez permaneció privado de libertad en el cuartel Borgoño,
siendo sometido a intensos interrogatorios y torturas, fue examinado
por 2 médicos de la Central Nacional de Informaciones, quienes
certificaron que el detenido se encontraba en buenas condiciones de
salud”.
Todos los procesados, salvo Odlanier Mena –a quien se le concedió la libertad bajo fianza– se encuentran privados de libertad.
LLAMAN A PONER FIN A LAS PRÁCTICAS DE TORTURA
26 de junio: En el Día
Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, establecido por
Naciones Unidas, este mismo día, la Comisión Ética Contra la Tortura
(CECT) llamó a las autoridades a implementa cuanto antes el Mecanismo
Nacional de Prevención de Tortura de acuerdo con los compromisos
asumidos por nuestro país al firmar el Protocolo Facultativo contra la
Tortura. Al mismo tiempo, llamó al Estado a incluir dentro del código
penal el delito de tortura tal cual esta establecido en el Derecho
Internacional de Derechos Humanos.
La CECT pidió poner alto a la represión
contra los estudiantes como contra el Pueblo Mapuche y solicitó a las
policías y gendarmería que cesen los casos de tortura que han sido
denunciados por estudiantes, presos comunes y mapuche en el último
tiempo.
Fuente: Fasic
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