La
Comisión Etica Contra la Tortura dio a conocer el 3 de julio, su
informe de Derechos Humanos 2013: “En la Senda de la Memoria, los
Derechos y la Justicia: 1973-2013, Cuarenta años de lucha, resistencia y
construcción”, publicado por Editorial Quimantú, que enfatiza en la
práctica de la tortura como respuesta a las demandas del movimiento
estudiantil y del pueblo mapuche en su recuperación de tierras
ancestrales y defensa contra megaproyectos. Memoria, denuncia, canto y
acción se dieron la mano en el lanzamiento, que también homenajeaba a
quienes hoy exigen en democracia el fin del lucro en la educación, a
luchadores cuyas vidas están entroncadas con la defensa de los derechos
humanos, y al canto libre que ha acompañado esos combates.
La
actividad tuvo lugar en el auditórium de la Radio Universidad de Chile,
en Santiago, premiando a luchadores sociales con las medallas “Obispo
Fernando Ariztía” (co-fundador de la Vicaría de la Solidaridad);
“Danielle Mitterrand”; “Juan Pablo Jiménez” (obrero y sindicalista
asesinado en 2013); “José Huenante Huenante”, detenido desaparecido
(2005); “Olof Palme” (Ex Primer Ministro Sueco), “Manuel Gutiérrez”
(asesinado en agosto 2011) y “Enrique Pérez Rubilar” (ícono de la lucha
por los ddhh en la Araucanía, fallecido en 2012).
Los
galardonados fueron la Hermana María Inés Urrutia, quien fue parte del
Movimiento Sebastián Acevedo en dictadura y vive en la población La
Victoria; Diego Vela, Presidente de la FEUC; Andrés Fielbaum, Presidente
de la FECH; Enrique Núñez, destacado miembro de la CECT de
Valparaíso; la dirigente secundaria Eloísa González; el Conjunto
Illapu, en la persona de Roberto Márquez; y Martín Almada, luchador por
los DDHH de Paraguay.
Emocionada,
la viuda de Juan Pablo Jiménez dirigente de la empresa Azeta,
entregó la medalla a Enrique Núñez señalando que la familia Jiménez y
el país han pagado un precio muy alto para lograr que la gente despierte
ante los abusos. “El quería un mundo mejor y nos dejó una huella
marcada con sangre”. Agradeció a los estudiantes que junto a la Comisión
Etica, se han hecho parte de su llamado por justicia y verdad ante ese
asesinato. “La memoria duele, pero obliga a la acción”, sostuvo a su vez
Núñez, recordando que es la ética la que debe impulsar al ser humano a
rechazar la impunidad. Roberto Márquez, de Illapu, enarboló su guitarra
para agradecer la premiación, y llamó con su canto a “abrir al sol todas
las puertas, vamos, hay que andar!!” La dirigente secundaria Eloísa
González aseguró que la medalla recibida de manos de Gerson, el hermano
del joven Manuel Gutiérrez asesinado en una protesta, era para el propio
Manuel y todos los secundarios movilizados, mencionando especialmente a
quienes han sufrido secuestro y tortura en los últimos tiempos.
Calificó los últimos episodios represivos como “el desalojo de nuestra
democracia” y llamó a construir un camino de lucha junto a estudiantes,
profesores, padres, y trabajadores y el conjunto del pueblo chileno.
El
macizo informe (de más de 200 páginas) fue comentado por
el Académico de la Universidad de Chile, historiador Sergio Grez Toso y
por Juan Pablo Cárdenas, Premio Nacional de Periodismo y director de la
Radio Universidad de Chile. Fue calificado por Sergio Grez como
“instrumento de combate”, mientras que Cárdenas afirmó que su lectura
“aumentaba la vergüenza de vivir en un país que queremos, pero en el que
se prolonga la aplicación de la tortura”. Sergio Grez se refirió a la
construcción de los movimientos sociales destacando que hay elementos
como la solidaridad que están volviendo a aparecer en forma germinal,
junto con ciertas incursiones en la desobediencia civil. Ambos
panelistas se refirieron a la ilegalidad de la actual constitución. “Se
requiere voluntad política y liderazgo para cambiar la Constitución”,
precisó Grez, luego que sostuvieran que el panorama descrito en el
informe arranca de la permanencia de la herencia de la dictadura en
todos los planos.
El informe
La
Comisión Etica pasa revista al estado de los derechos humanos en los 40
años transcurridos desde el golpe militar, señalando que en pleno siglo
XXI hay nuevos testimonios de la práctica de tortura. Considera
urgente tipificar este crimen en las leyes chilenas y poner en marcha el
Mecanismo Nacional de Prevención contemplado por el Protocolo
Facultativo de la Convención Internacional Contra la tortura ratificada
por Chile en 1988. Plantea que ello debiera hacerse con medidas
dirigidas a grupos etáreos, de género, pueblos originarios y zonas de
aislamiento geográfico, todo ello con participación de la sociedad civil
en los mecanismos que se diseñen en esta política pública. Rechaza la
criminalización de los movimientos sociales, destacando que la lucha por
el derecho a la educación, contra el lucro y en defensa del territorio
y los recursos naturales, es la nueva cara de los derechos humanos. Por
ello llama a los movimientos sociales al autocuidado y a afianzar los
lazos de solidaridad entre sí y con los distintos grupos movilizados.
Una plataforma de lucha por la justicia y contra la impunidad es el
remate del editorial. Juana Aguilera, coordinadora de la Comisión Etica
Contra la Tortura concluye señalando que “son 40 años de lucha, pero
también son 40 años de Resistencia y de construcción por un Chile que se
levanta desde la Memoria, por los Derechos y la Justicia”,
En
ese marco, el informe dedica un capítulo completo a la represión y
tortura al movimiento estudiantil, elaborado por Defensa Secundarios,
organización de estudiantes de la Universidad de Chile que cumplen roles
de Observadores de Derechos Humanos y Defensores de los estudiantes
secundarios movilizados. Once relatos de episodios de violencia policial
dirigida a menores o participantes en sus marchas son presentados aquí.
Dos
capítulos están dedicados a sendas ponencias sobre el despojo de los
recursos naturales. El antropólogo Raúl Contreras G. analiza la lucha
contra el extractivismo minero en Atacama, en tanto que el investigador
en arqueoastronomía Patricio Bustamante D., documenta la experiencia
de la comunidad de Caimanes, también en el norte del país.
La represión al pueblo mapuche
Al
igual que en otros años, el grueso del informe de Derechos Humanos
documenta la represión en territorio mapuche y exige la libertad de los
luchadores sociales mapuche. Un artículo denominado “La lucha de
resistencia de la comunidad socioespiritual”, del académico mapuche
Jorge Calbucura, de la Mid Sweden University, Coordinador del Centro
de Documentación Ñuke Mapu, ahonda y contextualiza el significado de la
detención en este período de cuatro machis (sanadoras tradicionales y
autoridades espirituales), en tanto que otro capítulo, detalla la
violencia institucional hacia la niñez mapuche, documentada por la
Fundación ANIDE. Un listado de 29 prisioneros políticos mapuche, con
información adicional sobre absueltos tras larga prisión y juicios
orales, precedido por una crónica sobre el rol de los fiscales y la
extensión hacia el sur de la lucha por territorio, de Lucía Sepúlveda
R., preceden a una pormenorizada cronología de un año de violencia
policial contra el pueblo mapuche registrada y sistematizada por el
profesor Manuel Andrade, de mayo de 2012 a mayo de 2013.
La
Comisión Ética contra la Tortura (CECT-Chile) agrupa a diversas
organizaciones y personalidades que desarrollan acciones de defensa y
promoción de los derechos humanos en Chile. Fue creada en marzo de 2001,
para exigir al Estado la creación de un instancia de Verdad, Justicia y
Reparación, y continuó accionando frente a las gruesas insuficiencias
de los logros obtenidos a ese respecto y la permanencia en el tiempo de
la tortura. La Comisión Ética contra la Tortura (CECT-Chile) está
integrada, entre otras, por Amnistía Internacional; el Observatorio por
el Cierre dela Escuela de las Américas (SOA Watch); el Departamento de
Justicia, Paz y Defensa de la Creación de la Conferencia de Religiosos
de Chile (CONFERRE); el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Chile); el
Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS); la Asociación
Americana de Juristas (AAJ); el Servicio Internacional Cristiano de
Solidaridad conlos Pueblos de América (SICSAL); la Coordinación Nacional
de ex Presos Políticos; la Agrupación Nacional de Familiares de
Ejecutados Políticos; Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos. Cuenta además con representantes en Canadá, Italia,
Bélgica, México, Alemania, Francia y Suiza.
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