Descontento social, marchas, corrupción y desconfianza

Eduardo Vergara B.

Director de Asuntos del Sur

http://www.asuntosdelsur.org

¿Es Chile hoy un país más corrupto que antes? Aparentemente no. Menos si lo comparamos con la realidad de otros países de América Latina. Mientras en el resto de la región la corrupción ha penetrado estructuras privadas y estatales, el modelo chileno pareciera tener cierta inmunidad. Los niveles de corrupción en gran parte de los países de la región se deben principalmente a una fracasada guerra frontal contra el narcotráfico y los mercados ilegales. Esto ha generado una peligrosa abundancia de dinero en las manos erradas. En consecuencia, diversos carteles, pandillas y organizaciones criminales han logrado penetrar con facilidad al Estado para incluso en algunos casos reemplazarlo. La compra de fiscales, policías, autoridades, soborno y otras prácticas corruptas son algo común en gran parte del continente.

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Pero si bien Chile no es México, ni tampoco Honduras o Venezuela, estamos avanzando a niveles preocupantes de desconfianza en nuestras instituciones y la sola sensación de que la corrupción está creciendo puede aumentar la misma. De acuerdo al último Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI) 2013, el 61 % de la población chilena cree que los últimos dos años los niveles de corrupción han aumentado, mientras que en el 2010 esta cifra llegaba al 51 %. Este año el 76 % asegura que la corrupción en el sector público es un problema y el 63 % cree que las acciones del Gobierno para luchar contra la corrupción son inefectivas. Esta última cifra llegaba a solo el 33 % en el 2010. Sin ir más lejos, una pregunta similar en la última Adimark de Junio revela que el 66 % desaprueba la forma en la que el Gobierno maneja la “corrupción en los organismos del Estado”. La población se siente amenazada por la corrupción, pero por sobre todo, siente que el Estado es incapaz de solucionar el problema.

Están en lo cierto. Corrupción es básicamente el abuso de poder para buscar beneficios personales. Esta percepción se debe en gran parte a los estallidos sociales, a las masivas marchas, al descontento generalizado, pero por sobre todo a una sociedad que evolucionó desde una victimización silenciosa donde reclamar estaba prácticamente penado, a una sociedad donde está permitido reclamar, alzar la voz y desnudar la injusticia junto con el abuso. Mientras en Argentina los usuarios del transporte público protestaban por la precariedad del sistema, en Chile las personas solo cerraban la boca, apretujados y humillados, preferían callar. La sensación de abuso  ha generado también una sensación de corrupción.
Pero el silencio se transformó en demandas. La seguidilla de abusos cometidos por las grandes empresas, el Estado y las fuerzas de seguridad, la ineficiencia con que muchas políticas públicas han sido ejecutadas, junto con un sistema judicial que se sigue burlando de los más débiles y tratando con alfombra roja a los verdaderos delincuentes, forzó a la sociedad chilena a despertar de una profunda sobredosis. Quienes marchan y gritan, estudiantes, trabajadores, enfermos y hasta usuarios de drogas; son responsables de este nuevo despertar.
Pero el estallido del descontento no ha sido suficiente. Los empresarios de la educación continúan enriqueciéndose a costa de los sueños de miles de familias, los responsables de colusiones tan aberrantes como la de las farmacias son enviados a “clases de ética empresarial”, los poderíos económicos violan indiscriminadamente los recursos naturales de Chile como si que se tratara de su fundo privado, mientras que trabajadores y quienes menos tienen continúan pagando comparativamente más impuestos que los más ricos, teniendo menos acceso a educación y salud, logrando que la desigualdad se siga replicando y ellos sean meros espectadores.
La política tampoco se salva. Los partidos políticos continúan siendo gobernados por unos pocos que actúan como dictaduras internas, el Estado sigue raptado por un puñado de cúpulas y hasta nuestro Congreso Nacional sigue engordando a unos pocos gracias a un sistema binominal que solo entrega estabilidad a ciertas élites, reproduciendo con descaro una clase política que no necesita hacer esfuerzos reales por representar a los ciudadanos ni menos actuar de manera correcta. No es casualidad que en el Barómetro de TI el 76 % asegure que en el país los partidos han sido afectados por la corrupción, el 68 % que el Congreso, el 67 % que el Sistema Judicial e incluso el 60 % piense lo mismo del sistema educacional.
Lo que necesitamos son reglas del juego y mecanismos que permitan la entrada de aire a nuestras instituciones. Iniciativas y mayores espacios de participación ciudadana, descentralización, regulación a lobby, empoderamiento a trabajadores, reducción del poder del ejecutivo, mayor acceso a la educación como forma de empoderamiento humano, pero por sobre todo nuevos mecanismos de fiscalización mas allá de los pocos que se le otorgan al Congreso. Urgen reformas a leyes puntuales que van desde nuestra ley de drogas a la anti terrorista, que al ser usadas como herramienta de control social logran aislar, subyugar y negar poder a los más débiles. La ciudanía percibe altos niveles de corrupción, principalmente porque se siente desprotegida y una victima constante del abuso. Mientras estos cambios no lleguen, la percepción puede transformarse en realidad y ahí, estaremos ya con el agua hasta el cuello.