La ONU ha instaurado el 26 de junio como el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. En Chile, dicha conmemoración la ha asumido la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT-Chile), que fue creada en marzo del 2001 para exigir que el Estado chileno asumiera su responsabilidad de verdad, justicia y reparación para con las víctimas de tortura de la dictadura militar-empresarial. Gracias a las gestiones de la CECT, el 3 de agosto de 2003 el entonces Presidente de la República dio a conocer la constitución de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
No obstante, la Comisión Ética contra la Tortura ha considerado su necesaria permanencia en el tiempo, debido a la ausencia de un Plan Nacional de Derechos Humanos y a la insuficiencia de las medidas adoptadas por el Estado de Chile en estas materias.
Se ha establecido que, aproximadamente, quinientas mil personas pasaron por los centros de tortura de la dictadura, sobreviviendo a ello y habiendo quedado con secuelas físicas y psíquicas que, en muchos casos, son irreversibles.
La tortura ha sido un instrumento de sometimiento de la población, al haberse situado en el centro de la acción represiva de la dictadura militar-empresarial. La desaparición forzada de personas y las ejecuciones de prisioneros tuvieron como inicio la aplicación de tormento.
Sin duda, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech) ha significado un avance en humanidad. No obstante, la práctica de la tortura ha continuado hasta el presente. Por tanto, debe ser eliminada siguiendo los principios de la Convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Ello implica que el Estado de Chile reconozca que la tortura es un crimen.
Debe dictarse una ley de Reparación Integral para las víctimas de tortura. Se deben restituir los derechos civiles y políticos a los ex presos políticos que mantienen inhabilidades derivadas de procesos civiles y militares o por inhabilidades establecidas en la Constitución. Los autores materiales e intelectuales de tortura deben ser inhabilitados para el ejercicio de cargos en el aparato del Estado. Los derechos humanos deben ser incorporados en los currícula de todos los niveles del sistema educacional y en la formación de las FFAA y de Orden.
En cuanto a los aspectos que las Comisiones de Verdad han dejado pendientes, la Comisión Ética contra la Tortura plantea que deben ser consideradas jurídicamente como víctimas las personas detenidas en manifestaciones públicas. Deben ser incorporadas como víctimas las personas torturadas fuera de los recintos oficiales de detención. Deben recibir reparación las víctimas ya fallecidas, los extranjeros torturados en el país y quienes fueron detenidos por menos de cinco días. Debe establecerse justicia y reparación a los chilenos torturados en el exterior, en el marco de la Operación Cóndor. Se debe otorgar “el derechos a una indemnización justa y adecuada” a las víctimas y a sus familias, conforme al artículo 14 de la Convención Internacional contra la Tortura. Se debe anular la cláusula que impide a los Tribunales tener acceso antes de cincuenta años a las imputaciones de delitos denunciados ante la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura.
Recientemente, la Comisión Ética contra la Tortura, entre sus planteamientos dirigidos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a ser presentados al Segundo Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), a realizarse en enero/febrero de 2014, en aras de la erradicación de la tortura en Chile y que tienen como base las recomendaciones dirigidas al Estado de Chile en el primer examen efectuado el 8 de mayo de 2009, ha reiterado la relevancia de la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y el nombramiento de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura. Desde febrero de 2010, Chile debió crear una o varias instancias para la prevención de la tortura, tras la ratificación realizada por Chile del Protocolo Facultativo a la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, bajo el decreto Nº 340 del 14 de febrero de 2009. En segundo lugar, la CECT exige asegurar la investigación de todas las denuncias de tortura, especialmente por parte de la policía y las fuerzas de seguridad. Y, en tercer lugar, la CECT exige la derogación de la disposición de la Ley de Reparaciones Nº 19.992, que facilita la impunidad de las torturas cometidas durante la dictadura militar.
Estas son algunas de las respuestas que la Comisión Ética contra la Tortura (CECT-Chile) ofrece a quienes postulan un “punto final” bajo el eufemismo de “reconciliación”, tal como señala el comandante en jefe del Ejército, general Juan Fuente-Alba (“El Mercurio”, 14-7-13, pág. C9), quien “admite “pena” y “tristeza” por los más de 30 efectivos en retiro condenados en causas de derechos humanos, y más de cien procesados por la misma razón, que permanecen “anclados” y “encadenados” a hechos de hace cuatro décadas, y cuya avanzada edad y, en algunos casos, delicado estado de salud ameritarían, dice sin entrar en más detalles, una mirada “humanitaria”.
Frente a esta y otras veladas amenazas de los responsables de los crímenes y latrocinios cometidos desde el 11 de septiembre de 1973 en adelante y que todo el mundo ha conocido y repudiado, la Comisión Ética contra la Tortura mantiene, como apoyo a las víctimas de la tortura de ayer y de hoy, el principio de la implicancia indisoluble de verdad, justicia y reparación integral.
Comisión Ética contra la Tortura (CECT-Chile).
julio de 2013.
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