la
sangre de miles de compatriotas perseguidos, torturados y asesinados por la
Dictadura Militar.
Ha logrado sortear el justo castigo por el
blindaje que le ha otorgado la corrupción de parte de la clase política
chilena.
En estas elecciones, en donde la gente se
encuentra más empoderada, Agustín Edwards ha movido sus peones al lado de la
Nueva Mayoría, para mantener su impunidad.
Ha colocado, al lado de Michelle Bachelet, a una
de sus incondicionales: Javiera Blanco, la antigua subsecretaria de Carabineros
y Directora de la Fundación Paz Ciudadana , la paradojal institución del dueño
del Mercurio y La Segunda.
Agustín Edwards, requiere que el futuro gobierno
le siga asegurando la fuerte inversión estatal publicitaria, en desmedro de
los medios independientes.
Necesita, además, que TVN , el canal estatal , mantenga
la censura televisiva del documental “El Diario de Agustín” , que muestra su
responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad derivados del golpe de Estado
de 1973. Entre ellos, el montaje llamado “Operación Colombo”.
No le resulta conveniente que se divulgue la
traición a su patria por unos cuantos dólares de la CIA; o que impulsó el
derrocamiento de Salvador Allende, desde antes que éste asumiera su periodo
constitucional, en 1970.
Para estos efectos, tiene otros operadores como Sergio
Bitar y José Antonio Viera Gallo. Este último, adicionalmente, se ha dedicado,
desde el Tribunal Constitucional, a perseguir los canales de Tv comunitarios,
mientras mantiene excelentes relaciones con los medios que promovieron la
masacre encabezada por Pinochet.
Esta falta de claridad de Michelle Bachelet,
evidenciada en la designación, como vocera, de Javiera Blanco, conocida
operadora política de Agustín Edwards, origina serias dudas en el mundo de los
Derechos Humanos.
Esto quiere decir que, en la cúpula de la Nueva
Mayoría , se mezclan indirectamente víctimas y victimarios. En este contexto,
Javiera Blanco puede resultar ser la niña símbolo de la incoherencia, la
impudicia, la esquizofrenia o la hipocresía. Elija Ud. La alternativa.
Relacionado con lo anterior, están los 50 años de
secreto, que la Ley Valech impone a los archivos sobre las denuncias por
torturas en Dictadura. Éste, es otro de los encubrimientos heredados de la
Concertación que muestran las inconsistencias entre el discurso y los
hechos.
Algunos, no olvidan otros desatinos difíciles de
explicar:
La aplicación de la Ley Antiterrorista al Pueblo
Mapuche, en el pasado gobierno de Michelle Bachelet, mientras Agustín Edwards,
criminal de lesa humanidad, engordaba, tranquilamente, sus bolsillos con los
dineros de la publicidad estatal.
Ese mismo contrasentido se revela en las
amigables fotografías, de este último, con los líderes de la Concertación, que
lo inmortalizan estrechando sus manos pegajosas, por la sangre de tantas
víctimas inocentes.
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