Los informes secretos de la CIA sobre Jaime Guzmán
Durante varios años, la Agencia siguió con mucha
atención el papel del gestor de la Constitución del 80 en materia de Derechos
Humanos, así como su enfrentamiento con Manuel Contreras. Incluso, un documento
de la CIA, escrito después del crimen del senador, sugiere de algún modo que el
jefe de la DINA pudo estar implicado en el homicidio.
La real dimensión y peso que Jaime Guzmán tuvo en
la historia de Chile y, especialmente, en la forma en que se opuso a Manuel
Contreras, es un capítulo que aún está por escribirse, pero hay distintas
fuentes documentales del pasado reciente que arrojan indicios al respecto y que
también reflejan de algún modo las apreciaciones que su sobrino, Ignacio Santa
Cruz, ha planteado acerca del asesinato del senador.
Quizá el indicio más potente respecto del papel
que Guzmán tendría luego del 11 de septiembre reside en el Acta Nº1 de la Junta
Militar, que sesionó en forma secreta el 13 de septiembre de 1973, a partir de
las 9.55 horas, con la presencia de los cuatro comandantes en Jefe, presididos
por Augusto Pinochet, más el Secretario General del Ejército, el coronel Pedro
Ewing.
Allí, según quedó transcrito, se consigna que “se
encuentra en estudio la promulgación de una nueva Constitución Política del
Estado, trabajo que está dirigido por el Profesor Universitario Dn. Jaime
Guzmán”.
La Agencia Central de Inteligencia estadounidense
(CIA) también sabía de la importancia que Guzmán tenía en el diseño de la
institucionalidad que el régimen pretendía implantar, como se refleja en un
informe secreto de la Dirección de Operaciones de la CIA, del 8 de julio de
1975, relativo a la posibilidad de que fuera liberado el secretario general del
Partido Comunista, Luis Corvalán.
Pocos días antes, Pinochet había anunciado
públicamente que no permitiría la entrada a Chile de una delegación de
observadores de Derechos Humanos de la ONU, lo que levantó una enorme polvareda.
Según la CIA, la idea que comenzó a manejarse al interior de la dictadura en
orden a liberar a Corvalán, es que podía tratarse de una “contramedida”,
destinada a reducir el nivel de las críticas por el episodio de la ONU.
En dicho contexto, Pinochet realizó un viaje al
norte del país, al cual se unió Guzmán, sorpresivamente.
De acuerdo al documento desclasificado ya
mencionado, “Jaime Guzmán, un prominente asesor de Pinochet, fue al norte de
Chile a unirse a Pinochet, que se encuentra en una gira oficial en esa área. El
propósito de Guzmán es hacer lobby para liberar a Corvalán lo antes
posible”.
Pese a sus esfuerzos, el líder gremialista no
pudo imponerse ante los sectores más duros y no consiguió –en ese momento– su
propósito, aunque lo lograría a fines de 1976, cuando se canjeará a Corvalán por
el disidente soviético Vladimir Bukovsky, en el aeropuerto de Zúrich.
En julio de 1975, no obstante, el apuro de Guzmán
por reunirse con Pinochet y no esperar a que este regresara a Santiago, se
entiende a la vista de lo que estaba ocurriendo en ese momento en las capitales
de Chile y EE.UU.
De acuerdo a otro documento de la CIA, del 10 de
julio, “el presidente Pinochet desea que el general Walters reciba un emisario,
con el propósito de explicar la posición de Chile en el asunto de los Derechos
Humanos, para que lo sepa el secretario Kissinger”.
Walters era Vernon Walters, el general que en ese
momento ejercía como Director Adjunto (subdirector) de la CIA, y el emisario que
Pinochet mandó un par de días después, desoyendo a Guzmán tras atenderlo en el
norte, era Manuel Contreras, el director de la Dirección de Inteligencia
Nacional (DINA), principal responsable de las violaciones a los Derechos
Humanos que la ONU quería investigar.
El mismo texto, redactado por los agentes de la
CIA en Santiago, dejaba en claro que les parecía que Contreras poco contribuiría
a convencer a alguien en EE.UU. sobre la realidad de los DD.HH. en Chile, “dada
la distorsionada visión de los líderes chilenos sobre su propia situación”.
Contreras en EE.UU.
No hay documentación específica relativa a ese
viaje de Contreras a Washington, salvo un paper del Departamento de
Estado (fechado el 24 de agosto de 1975) en que el funcionario que firmaba, sólo
identificado como “R.V. Fimbres”, contaba que “me reuní con Contreras a través
del general Morel a principios de julio, cuando el jefe de la DINA visitó
Washington” (Morel era el general Enrique Morel, agregado militar chileno en ese
momento).
Este informe precisa que el coronel de la
inteligencia chilena efectivamente estuvo en la capital de EE.UU. “explicando
las razones de las acciones de Pinochet” en torno a la visita de la comisión de
DD.HH. de la ONU.
Lo que sí es claro es que dicha visita ocurrió
prácticamente en la misma fecha en que la CIA reconoce –a través del informe
Hinchey– que hizo un pago a Contreras por información, lo que ocurrió “entre
mayo y junio de 1975″. Si bien el reporte Hinchey asegura que la idea de
convertir al jefe de la DINA en informante de la CIA fue prontamente rechazada
al interior de la agencia, dado el historial de brutalidades atribuidas al
personaje, de todos modos, “por un malentendido”, la Agencia Central de
Inteligencia le entregó dinero.
Poco más de un mes después, Contreras viajó
nuevamente a Washington. El 24 de agosto se reunió con Fimbres, el mismo
funcionario del Depto. de Estado con quien había hablado en julio. Cenaron
juntos y allí, entre otras cosas, Contreras le dijo que quedaban 600 “presos
políticos de línea dura”, 300 de los cuales eran “miristas o extremistas “,
anotó Fimbres. Conversaron además sobre otros 17 presos “VIP”, como se los
describe en el cable, diálogo que deja en evidencia que Contreras había doblado
la mano a Guzmán, pues informó al estadounidense que el número 1 de esa lista,
Luis Corvalán, seguiría preso.
Al día siguiente, 25 de agosto, Manuel Contreras
almorzó con Vernon Walters, quien envió un informe al director de la agencia de
inteligencia norteamericana en el cual hacía presente que le había dicho al
chileno que “la agencia (CIA) no puede proveer entrenamiento ni apoyo para
cualquier actividad que pueda ser considerada como ‘represión política interna’.
A este respecto, la agencia está muy complacida de la circular del 17 de enero
de 1974, del Ministerio de Defensa (de Chile) que entrega instrucciones sobre el
tratamiento de prisioneros, de acuerdo a las normas de la Convención de Génova,
de 1949″.
Sin embargo, parece que Walters no fue el único
funcionario de la CIA con quien conversó Contreras. El 29 de agosto la División
Hemisferio Occidental (WHD, por sus siglas en inglés) de la CIA emitió un
documento en contra de Jaime Guzmán, basado en fuentes que se identificaban como
“autoridades gubernamentales y oficiales militares” de Chile, quienes culpaban a
Guzmán y su sector de haber sido ellos quienes habían presionado a Pinochet para
no recibir a la delegación de la ONU.
Guzmán comienza a imponerse
Poco a poco Guzmán logró ir imponiendo sus puntos
de vista en el tema de los DD.HH. Ya a principios de 1976 la CIA dejaba
constancia de ello. Un reporte confidencial del 20 de febrero de ese año
aseguraba que Pinochet estaba “ansioso” por publicar la primera parte de la
nueva Constitución durante el primer semestre de ese año, porque se refería a
los derechos individuales. Esta actitud del dictador, a juicio de los hombres de
la CIA, se debía a las conversaciones que este mantenía con el ministro de
Justicia, Miguel Alex Schweitzer; el presidente de la Corte Suprema, José María
Eyzaguirre, y Jaime Guzmán, quien habría reconocido a alguna de las fuentes de
información de los agentes estadounidenses que había tardado en darse cuenta de
la seriedad de los abusos en materia de Derechos Humanos, pero que ya se había
convencido de ello y de la responsabilidad que tenía al respecto la DINA.
El mismo memo de la CIA indicaba que, a fines de
enero, el nuncio apostólico, Sótero Sanz, se había quejado a Pinochet sobre la
“visita” de agentes de la DINA a la Nunciatura, exigiendo la entrega del líder
del MIR Nelson Gutiérrez (quien se encontraba allí refugiado).
Sanz, según la CIA, mostró posteriormente a Jaime
Guzmán una carta que había escrito al Vaticano, “expresando temor por su propia
vida y pidiendo ser redestinado”. Guzmán, a consecuencia de ello, “ahora cree
que es su deber tanto garantizar la seguridad del nuncio en Chile, como corregir
los abusos de los cuales este habló”.
Cabe mencionar que meses antes de la arremetida
de la DINA contra la Nunciatura, el propio Papa Paulo
VI había ordenado a la iglesia en general presionar a Augusto Pinochet,
luego de conocer la denominada “Operación Colombo”, la que también había pedido
a Sanz que investigara. El nuncio fue remplazado al año siguiente por Angelo
Sodano.
Estado de Sitio
Algunos meses más tarde, un informe de la CIA,
fechado el 3 de diciembre de 1976, relataba la salida de Álvaro Puga como
encargado de las comunicaciones del gobierno y señalaba que este había sido
remplazado por Hugo Rosende, “hijo de un abogado que ha ganado prominencia
recientemente, como resultado de su exitosa defensa de las posiciones del
gobierno en importantes casos ante la Corte Suprema”.
Luego de casi una página borrada, el reporte
continuaba reseñando que “Contreras también perdió una batalla importante frente
a Guzmán y Rosende padre, respecto de la decisión de liberar a todos los
prisioneros detenidos bajo estado de sitio”.
Una fuente clasificada (cuyo nombre está borrado)
agregó al respecto que “Contreras estaba totalmente en contra de esta política
porque, después de la liberación, será difícil justificar la continuidad del
estado de sitio”.
Sin embargo, los redactores del informe de
inteligencia señalan que más tarde Contreras cambió de opinión, mostrándose a
favor de la liberación (cuando esta ya era un hecho), lo que explicaban como
“una indicación de cómo se ajusta a los cambios de circunstancias”. Incluso, sin
nombrar a Guzmán, el texto evidencia que el jefe de la represión chilena una vez
más aprovechó lo que estaba ocurriendo para manchar a su adversario, aseverando
que “Contreras mantuvo que ciertos asesores civiles se opusieron a la
medida”.
El cable agregaba al final del mismo que “Guzmán
ha sido visto haciendo lobby para la inclusión de civiles en el grupo de
Asesoría Política (Asep). Específicamente, le gustaría que el grupo de cinco
hombres se expandiera para incluirlo a él, a Rosende padre, a Amunátegui y a
Sergio Fernández Larraín”, decía el escrito que, como comentario final,
explicaba que “el común denominador entre estos civiles es que todos ellos son
antiguos seguidores del ex presidente Jorge Alessandri”. Un memorando de la
Embajada de Estados Unidos en Santiago, del 11 abril de 1977, reflejaba que,
pocos meses después, Guzmán ya estaba completamente posicionado en las esferas
del poder.
En un almuerzo con el embajador David Popper,
quien calificaba a Guzmán como “un influyente asesor de Pinochet”, el profesor
de la UC elogió los comentarios de dos funcionarios estadounidenses sobre un
supuesto mejoramiento del tema de los DD.HH. en Chile, lo que a juicio de Popper
implicaba que “él piensa que esto podría ser útil para combatir una tendencia
dentro de la Junta en orden a creer que, no importa lo que haga, el gobierno no
recibirá crédito por las mejoras en la situación de los Derechos Humanos en
Chile”.
Pese al optimismo de Guzmán, el estadounidense le
representó que “el aparato represivo de la junta en pleno sigue en su lugar y no
hay seguridad de que no vayan a reiniciarse las desapariciones misteriosas, las
detenciones arbitrarias y las torturas”.
“Guzmán –escribió el diplomático– acordó en
general con el análisis” y agregó que Pinochet tendía a tomar medidas “de gran
severidad”, debido a la influencia de Manuel Contreras y de alguien que, sólo
meses antes, los estadounidenses veían como muy cercano al fundador de la UDI:
Hugo Rosende.
Luego de ello, Guzmán explicó que él había sido,
sin embargo, capaz de revertir esa tendencia a la dureza, añadiendo que le
habían requerido su asistencia para la redacción de un discurso de Pinochet, el
18 de marzo anterior, ocasión que había aprovechado para insertar una frase en
la cual se sugería que el Consejo de Estado podría convertirse en un cuerpo
legislativo con “alguna participación popular determinada”. La conclusión del
jurista era que “al aceptar este lenguaje, Pinochet, en efecto, ha reconocido
que el gobierno ha ido muy lejos y que es necesario un giro en esa
dirección”.
El 9 de noviembre de 1977, un informe de la CIA
analizaba la salida de Manuel Contreras del mando de la DINA, junto a su
segundo, el coronel Rafael Pantoja, que sería remplazado (según ese
paper) por el coronel Walter Doerner Andrade, a quien se identifica en el
documento de inteligencia como ex director de operaciones de la DINA,
describiéndolo además como “pro-Estados Unidos, anticomunista incondicional y de
puntos de vista conservadores”.
El punto 6 del mismo reporte argumentaba que “un
asesor del general Contreras interpreta la salida de este y del general Hernán
Bejares González, ministro secretario general del gobierno, que está en retiro,
como una victoria significativa para Jaime Guzmán, un asesor civil clave de
Pinochet, y otros de línea blanda en el gobierno chileno”. En el mismo
sentido, se expresaba que “Contreras, Bejares y el general César Benavides,
ministro del Interior, están en el centro del grupo que presiona al presidente
Pinochet para mantener políticas de seguridad interna duras, a pesar de la
presión internacional sobre Pinochet por mejorar la imagen de los Derechos
Humanos en Chile”.
Siempre en el mismo documento, quedaba
establecido que “Contreras quedó completamente en shock” con su salida y se
comparaba lo que le sucedió con “la actitud del marido engañado, que es el
último en enterarse de que su mujer es infiel”. Acomodaticio como siempre, los
analistas de la agencia estadounidense relataban que, una vez asumido el golpe,
Contreras –destinado en ese momento a la dirección de la rama de ingenieros
militares– comenzó a decir que “él estaba de acuerdo con el cambio”.
El crimen
“Aproximadamente a las 18:30 horas del 1 de abril
de ’91, el senador Jaime Guzmán Errázuriz, de la Unión Demócrata Independiente
(UDI), uno de los partidos de la oposición, fue tiroteado por cuatro posibles
terroristas, tras salir del Campus Oriente de la Universidad Católica, al Este
de Santiago”, explicaba un cable
urgente de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA, por su sigla en
inglés), despachado la noche misma del 1 de abril de 1991, desde la Misión
Militar de Estados Unidos en Santiago al Pentágono.
El reporte explicaba que los tiradores habían
disparado con armas calibre 9 mm y que dos horas más tarde Guzmán fallecía en el
Hospital Militar. Además, se recordaba que el asesinado parlamentario “se opuso
fuertemente en el Senado, una semana atrás, a una reforma constitucional que
franquea al Presidente la posibilidad de indultar a presos políticos que hayan
cometido actos terroristas antes del 11 de marzo de 1990″.
El mismo informe señalaba también que “el Frente
Manuel Rodríguez (FMR) se adjudicó responsabilidad por el acto terrorista”, a
través de un llamado telefónico efectuado a Radio Minería.
Hasta hoy en día, nadie duda de ello. Existe una
completa investigación judicial que establece sin lugar a equívocos la
responsabilidad material, como autores de los disparos, de dos militantes del
Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo (FPMR-A), los aún prófugos Raúl
Escobar Poblete y Ricardo Palma Salamanca. Como autor intelectual está condenado
Raúl Hernández Norambuena, actualmente preso en Brasil tras fugarse de la Cárcel
de Alta Seguridad el 30 de diciembre de 1996 junto a Palma Salamanca y otros dos
frentistas, y está pendiente el fallo en el caso del antiguo comandante
“Eduardo”, Enrique Villanueva. A mayor abundamiento, el propio grupo se adjudicó
el “ajusticiamiento”.
Sin embargo, 28 días después del crimen, es
decir, el 29 de abril de 1991, la Estación de la CIA en Santiago envió un
informe de tres páginas a Washington referido al homicidio, el cual estaba
dirigido a la NSA (la Agencia de Seguridad Nacional, según su sigla en inglés),
el INR (la Agencia de Inteligencia del Departamento de Estado), la propia DIA,
la famosa “situation room” de la Casa Blanca y los cuarteles del comando sur del
Ejército de Estados Unidos, en Panamá.
Este cable fue desclasificado en julio del año
2000 y es, probablemente, uno de los documentos más censurados de entre los que
liberó la CIA.
De hecho, tiene borrados todos los encabezados y
casi todo el texto, salvo los destinatarios y una frase incompleta, en la
segunda página, que alcanza a decir “A mediados de abril de 1991″.
Además, sobrevivieron al plumón de los
desclasificadores seis líneas del punto 4, donde está tachado el nombre de una
fuente de información, quien dijo a los agentes la misma tesis que ha esbozado
en los últimos días Ignacio Santa Cruz, director de la película “El tío” y
sobrino del senador: que existía información en orden a que “una célula de la
facción disidente del FPMR (FPMR-A), que fue infiltrada por el antiguo director
de Inteligencia Nacional, general en retiro Manuel Contreras Sepúlveda, llevó a
cabo, el 1 de abril, el asesinato del senador derechista Jaime Guzmán
Errázuriz”.
Posteriormente se agrega que alguien, quizá la
misma fuente o alguien más –lo que no sabremos porque el nombre también fue
eliminado por los desclasificadores–, comentó con enojo que “esto es
desinformación”, sin que sea posible entender si dicha referencia es a la
inculpación de Contreras o a otra cosa, dado que no se sabe cuál es el contexto
en que se dejaron esas líneas.
En todo caso, quien mejor información manejaba en
Chile acerca de los movimientos del FPMR era la CIA. Existen numerosas
evidencias de cómo esta infiltró a ese grupo, averiguando –por ejemplo– que
luego del atentado de 1986 en contra de Pinochet se ordenó un segundo ataque,
que luego fue desactivado y, del mismo modo, sabían
con detalle que el coronel Carlos Carreño, secuestrado en 1987, sería liberado
en Sao Paulo, en un polémico caso donde la propia víctima declaró hace cuatro
años que sus secuestradores, del FPMR-A, estaban digitados por los
organismos militares de la época.
*Este reportaje fue producido por el Centro
de Investigación Periodística sin fines de lucro DocumentoMedia.
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