por EFE
La situación se contradice con lo que declaró en septiembre de 2009 el entonces comandante en jefe, general Oscar Izurieta, actual subsecretario de Defensa, a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, de que a esa fecha “no quedaban” ex agentes recibiendo pagos del Ejército.
Según aparece en la página institucional del Ejército correspondiente a 2013, reciben pagos mensuales los coroneles retirados y vueltos a contratar Patricio Zambelli Restelli y Hugo Acevedo Godoy, y el ex suboficial Eugenio Álvarez Gonzalez, todos ellos ex agentes de la DINA.
También reciben pagos mensuales los exagentes operativos de la Central Nacional de Informaciones (CNI), sucesora de la DINA, Nazario Aracena Robles, Iván Droguett Ruiz y Nora Carreño Barrera.
Ninguno de ellos figura hasta ahora condenado o procesado por delitos de lesa humanidad, a pesar de que cumplieron funciones operativas en brigadas vinculadas a crímenes, lo que han negado en sus declaraciones judiciales.
Quién sí está encausado por los crímenes de la Caravana de la Muerte en la ciudad de Antofagasta en octubre de 1973, es el general retirado Gonzalo Santelices Cuevas, quien recibe una remuneración mensual de 1.670.000 pesos como “asesor del Estado Mayor de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine)”.
Santelices no perteneció a la DINA o a la CNI, pero estando al mando de la Guarnición Militar de Santiago, en febrero de 2008 fue dado de baja del Ejército por el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, tras la publicación de un reportaje en el diario La Nación Domingo que incluyó su declaración judicial, prestada en septiembre de 2002, admitiendo su participación en ese crimen.
Bachelet disputará el próximo 15 de diciembre la segunda vuelta presidencial ante la candidata oficialista de derecha Evelyn Matthei.
Santelices declaró que la noche del 18 de octubre de 1973 secuestró desde la cárcel de Antofagasta a 14 prisioneros políticos y los condujo en camiones a la Quebrada del Way en las afueras de esa ciudad.
Con personal bajo su mando, formó a los presos para que el escuadrón de la Caravana de la Muerte, comandado por el general Sergio Arellano los asesinara.
Después subió los cuerpos a los camiones y los dejó apilados en la calle frente a la morgue local, donde los encontraron sus familiares.
Patricio Zambelli Restelli recibe del Ejercito 1.300.000 mensuales como “asesor de Planificación de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine).
Según una declaración judicial de mayo de 2010, Zambelli es experto en inteligencia y operó como agente en el campo de prisioneros Villa Grimaldi “junto a Miguel Krassnoff” mientras allí se torturaba y asesinaba a prisioneros.
En 1976 integró la Brigada Caupolicán, de la DINA, que ese año secuestró a todos los miembros de la dirección clandestina del partido Comunista, que finamente fueron asesinados en otro cuartel del organismo (Simón Bolívar).
Hugo Acevedo recibe 750.000 pesos mensuales como “asesor de proyectos estructurales de la Escuela de Infantería de San Bernardo”.
En la DINA Acevedo integró la Brigada “Rengo” y después pasó a la CNI, donde cumplió funciones operativas hasta el fin de la dictadura, en 1990.
Eugenio Álvarez, que también perteneció a la DINA y a la CNI, obtiene al mes 340.000 pesos como “asesor administrativo de la Dirección de Mantenimiento del Ejército”.
El exteniente coronel Nazario Aracena, antiguo agente operativo de la CNI, gana 787.000 pesos mensuales como “supervisor de Seguridad del Estado Mayor General del Ejército”.
Nora Carreño, exagente operativa de la CNI, gana al mes 660.000 pesos como “asesora de la Comandancia de la Guarnición Militar de Santiago”, mientras Iván Droguett recibe 420.000 pesos mensuales como “asesor del Estado Mayor General del Ejército”.
Jorge Tarud, miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, consideró “indignante” la situación y dijo a Efe que el el comandante en jefe del Ejército, general Juan Miguel Fuente-Alba, y el subsecretario de Defensa, Óscar Izurieta, serán citados por dicha comisión, “para dar explicaciones al país”.
Consideró además que los exagentes deben ser cesados de inmediato de sus funciones.
En tanto, Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), señaló que “con esta información queda claro que el Ejército sigue comprometido con quienes violaron los derechos humanos bajo la dictadura”.
A su juicio, más grave aún es que el Ejército “atentó contra una institución de la democracia, como es la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, al afirmar en 2009 su comandante en jefe, general Izurieta, que a esa fecha no quedaban exagentes financiados por el Ejército. Ahora vemos que no es verdad”, concluyó
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